A las 9:30 el presidente con los ministros va a salir del despacho presidencial hacia el Congreso de la República para entregar la iniciativa de reforma al Artículo 14 de la ley orgánica del MP.
El presidente Bernardo Arévalo, en cadena nacional, señaló que el cargo de fiscal general no rinde cuentas y depende de sí mismo, y que se buscará enmendar la situación.
El mandatario indicó que la posición de su gobierno es que se debe hacer una reforma que restablezca los parámetros de la Constitución para la remoción del fiscal general, mientras se preserva la autonomía del Ministerio Público.
También indicó que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno.
Quetzaltenango: líderes opinan sobre la consulta popular para separar a Consuelo Porras del MP
El blindaje actual del cargo surge de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual indica que quien sea fiscal general solo podrá ser removido del cargo si hubiere una sentencia en firme en su contra por la comisión de delitos, situación que se entorpece a sí misma, dado que quien esté en ese cargo lidera al ente investigador del país y a la vez posee inmunidad, que dificulta que en algún momento se cumpla la condición para su destitución o remoción.
El presidente Arévalo consideró que se debe restituir el orden jurídico y para ello se debe tener un proceso apegado a la Constitución de la República. Por consiguiente, indicó que los diputados del Congreso de la República deberán atender una gran responsabilidad con la ciudadanía.
Demanda ciudadana
El gobernante recordó que la ciudadanía se ha expresado en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, de diferentes maneras. Por lo que urgió a los diputados a atender el asunto, ya que el pueblo sabrá reconocer a quienes estén de su lado, y juzgar a quienes le den la espalda.
El presidente Arévalo, en cadena nacional, señaló que el cargo de fiscal general no rinde cuentas y depende de sí mismo, y que se buscará enmendar la situación.
El mandatario indicó que la posición de su gobierno es que se debe hacer una reforma que restablezca los parámetros de la Constitución para la remoción del fiscal general, mientras se preserva la autonomía del Ministerio Público.
También indicó que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno.
El blindaje actual del cargo surge de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual indica que quien sea fiscal general solo podrá ser removido del cargo si hubiere una sentencia en firme en su contra por la comisión de delitos, situación que se entorpece a sí misma, dado que quien esté en ese cargo lidera al ente investigador del país y a la vez posee inmunidad, que dificulta que en algún momento se cumpla la condición para su destitución o remoción.
Expresidente de 48 Cantones “Este gobierno está bajando popularidad”