La organización civil Multisectorial de Occidente realizó una jornada de recolección de firmas para promover que se realice una consulta popular en la que se pida la destitución de Consuelo Porras, jefa y fiscal general del Ministerio Público.
José Cancinos/laprensadeoccidente.com.gt
La recolección la realizó este miércoles 1 de mayo frente al Palacio Municipal, durante todo el día. Pilar Bagur, representante de la Multisectorial, informó que la iniciativa nació en la sociedad civil de Alta Verapaz, acción que a todas luces es para la democracia del país, es buena, y por tal razón la replicaron en Xela.
“Una de las demandas más importantes es que se saque a Consuelo Porras del Ministerio Público, porque está obstaculizando toda la tarea gubernamental y de justicia en el país”, dijo Bagur.
La población en general al igual que la Multisectorial no dudan en que la justicia es un pilar muy importante para que funcione la democracia en el país y las nuevas iniciativas del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, acciones que se han visto bloqueadas con Porras al frente del Ministerio Público (MP).
Bagur indicó que, el sentir general es que no se quiere más que Porras permanezca en el puesto porque ha garantizado impunidad a la corrupción. “Si el pueblo está de acuerdo con la demanda de la consulta popular y sacar a Porras, pues el gobierno está obligado a atender la petición”.
Opiniones
Carlos Sacalxot, exdirector del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), dijo que la consulta popular es uno de los mecanismos legales con que cuenta el organismo Ejecutivo para poder remover a la fiscal general.
“Lamentablemente hubo una reforma (en 2016) de la ley, donde se crearon ciertos candados para que el Ejecutivo no pudiera removerla, eso es lo que está deteniendo el sentir de la población”, señaló Sacalxot.
De lograr que se realice la consulta popular, Sacalxot, lanzó las siguientes recomendaciones al Gobierno: que sea una pregunta concreta y clara, y garantizar el derecho a todos los ciudadanos de llegar a votar.
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Sacalxot hizo las recomendaciones en base a que, en 1999, cuando se quiso reformar la Constitución Política de la República fueron varias preguntas y no fue puntual el cuestionamiento. “Tampoco no descartemos la manipulación que pudiera existir del poder económico del país para distorsionar o prohibir a sus trabajadores en acudir a votar”.
Para Carlos Mejía, alcalde indígena del Consejo Maya Quiché de Quetzaltenango, observa a Porras como un mal actor, no permite al presidente Arévalo exigirle cambios. “Sabemos bien que en los tres poderes del Estado sigue enraizada la corrupción, que no permite que el presidente pueda desenvolverse, algo que le ha afectado demasiado. Entonces nosotros como ciudadanos estamos buscando a través de la consulta popular la destitución de Porras”, reiteró Mejía.
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«Se jugó con la ley»
Monseñor Mario Molina, también fue consultado, quien expresó que no contaba con información para emitir opinión. “Si la ley lo permite, si el costo lo amerita, si las razones fundamentales y si las instituciones que tienen que aprobar esto lo aprobaran, podría estar justificado, pero yo en este momento no tengo las condiciones para emitir una opinión para decir hágase, no se haga”.
“Tengo entendido que el oficio de fiscal general es un oficio blindado. No hay poder político, entiendo yo, capaz de destituir a ningún fiscal general de la nación tal como está la ley actualmente. ¿Yo no sé si algún referéndum puede hacerlo?, pero por lo que yo veo es un blindaje que se le hizo al cargo para favorecer a una persona que lo ocupaba anteriormente y ahora resulta que ese blindaje resulta perjudicial para los intereses políticos del Estado con el personaje que lo ocupa actualmente. Por lo tanto, cuando se intenta jugar con la ley, cuando se intentan hacer leyes a la medida de las circunstancias siempre perdemos”, la a reflexión que brindó monseñor Molina.
