La Corte de Constitucionalidad recibió una apelación de parte de los concejales de SBX que busca revocar el amparo provisional de la Sala Cuarta de Quetzaltenango, que les impide integrarse.
Mirna Alvarado – Ojoconmipisto
Los concejales electos por el Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) de Quetzaltenango, cumplieron un mes fuera de las sesiones del concejo municipal. Justo ese día (viernes 2 de agosto) sostuvieron una reunión con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes realizaron una visita in loco (en el lugar) en Guatemala.
El objetivo fue abordar la vulneración de los derechos políticos de los concejales por medio de un amparo provisional emitido por la Sala Cuarta de Apelaciones que les prohíbe ser parte de la toma de decisiones en la corporación. Marco Chávez Coyoy, concejal VI por SBX, explicó que se presentó el caso ante los delegados de la CIDH. Existe vulneración a la democracia por la judicialización de la que han sido víctimas de parte del alcalde, Juan Fernando López, y sus afines.
Chávez agregó que tras varios recursos jurídicos la Sala Cuarta les consideró como terceros en el proceso, además, el 15 de julio presentaron un recurso de apelación ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). “Esperamos que la CC resuelva a nuestro favor, aunque sabemos que los procesos en esa instancia son más tardados, en tanto estamos pendientes de los pasos a seguir en la Sala Cuarta la que ordenó el amparo provisional”, refirió.
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Así logró el alcalde la anulación
La Sala Cuarta de Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, otorgó el 24 de junio un amparo provisional a favor de las concejales suplentes, Ingrid Guzmán (electa por Humanista) y Violeta Sac (electa por Valor- Unionista), ambas afines al alcalde López.
Alma Delia Ixcot Leiva, secretaria de dicha Sala, explicó que el 21 de junio denunciaron que los concejales electos por SBX solicitaron un amparo en contra del Concejo dar posesión del cargo a Chávez Coyoy, concejal VI; Henry Francisco Oroxom Coyoy, concejal VII; Rodrigo Belarmino Pereira Calderón, concejal VIII, y Sergio Alfonso Monzón, concejal suplente.
La denuncia se fundamenta en el artículo 45 literal “B”, del Código Municipal, la de no pueden ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal: “El que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio”. Debido a que voluntarios de SBX ocuparon un espacio en el Centro Intercultural de Quetzaltenango, donde se habilitó una biblioteca.
De acuerdo con el expediente del amparo emitido por la Sala Cuarta, después de recibir la denuncia se pidió un informe circunstanciado a la municipalidad, pero el mandatario municipal, José Eduardo Castillo, se encontraba por trabajo en Retalhuleu, presentó el informe a una Sala de Apelaciones de esa localidad y no a la de Quetzaltenango. El 24 de junio los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones dieron vía libre al amparo, un día después (25 de junio), la municipalidad recibió la resolución que leyó en la sesión ordinaria de las 18: 00 horas.
“Se ordena al secretario municipal y a los miembros del concejo abstenerse de convocar a los concejales electos por el comité cívico SBX”. En cumplimiento a esa disposición, desde la primera sesión del 26 de junio se vedó la participación de los funcionarios en la mesa del concejo municipal de Quetzaltenango.
No es la primera acción legal
El uso de acciones legales en contra de la oposición no son novedad para el alcalde López y sus allegados. Desde noviembre de 2023 se dieron los primeros intentos por anular la participación de los concejales de oposición. Ojoconmipisto tuvo acceso al expediente 3884 – 2023 de la Corte Suprema de Justicia (13 de diciembre de 2023) que niega un amparo provisional, solicitado por José Erick Margarito Díaz, fiscal titular del partido Humanista, del partido del jefe edil.
Buscaba dejar sin efecto los resultados de las elecciones y la adjudicación de los cargos de concejales electos por el comité cívico. La base también fue el artículo 45 del código municipal. En la solicitud de Díaz se lee la incorporación del personal administrativo del Centro Intercultural de Quetzaltenango CIDEQ, lugar donde SBX tenía una biblioteca.
La solicitud de amparo fue presentada en septiembre ante una Sala de Amparos de Quetzaltenango, no prosperó, por esa razón el 7 de noviembre se replanteó el recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que también la dio sin lugar.
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SBX no es asociación
El concejal VIII, Rodrigo Calderón, explicó que el nombre Sacándole Brillo a Xela (SBX) es una marca no una organización con personería jurídica. “La asociación con representación legal se llama Ciudades Sostenibles, con este nombre se firmó convenio con la municipalidad para tener el espacio en el CIDEQ, ahí se armó la biblioteca”.
“El nombre SBX surgió como una estampilla para identificar a los voluntarios que participamos en la organización de actividades sociales como pasos y pedales, la combi de la alimentación que funcionó durante la pandemia y otros eventos”, sumó el concejal Chávez.
Blanca Alfaro, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, hizo un llamado al alcalde y sus allegados para resolver los conflictos políticos y dejar que los concejales opositores ocupen los espacios que les corresponde. “Esta postura representa un atentado contra la democracia porque no hay representación de la población que votó por el comité cívico SBX”.
El TSE figura como tercer interesado en el amparo promovido por las concejales suplentes y otorgado por la Sala Cuarta de Apelaciones.
“Se viola el derecho de más de 10 mil ciudadanos que confiaron en el comité cívico, se debilita la democracia al impedir la participación de los concejales, además es un ejemplo de como las autoridades buscan eliminar a la oposición con tal de mantener la opacidad y corrupción dentro del concejo”, asegura Percy Aguilar de la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango.
La justicia como método para bloquear
Amílcar Rivas Monzón, gerente municipal, con el apoyo del mandatario judicial de la comuna quetzalteca, José Eduardo Castillo, solicitó el 24 de julio un amparo ante la CC en contra del diputado Byron Rodríguez Palacios de la bancada Todos.
El recurso legal surgió luego que el parlamentario iniciara citaciones a empleados municipales, entre ellos el gerente, para conocer aspectos relacionados a la ejecución presupuestaria dirigida a estrategias de mitigación de inundaciones. Rivas sostiene su solicitud en la autonomía municipal.
