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Judicialización de la política, como herramienta en la batalla entre el oficialismo y la oposición de la Muni de Xela

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Concejales de SBX deberán esperar hasta mediados de abril para ser escuchados y restaurar su participación en la sala de sesiones del concejo municipal.

Mirna Alvarado/laprensadeoccidente.com.gt

Debido a la inasistencia de Margarita Campollo, concejal III, la audiencia fijada para la mañana de este viernes 22 de marzo fue suspendida y reprogramada para el 16 de abril. Esta audiencia tenía como fin plantear un derecho de defensa ante las medidas de seguridad otorgadas a la denunciante.

Aldo Herrera, representante legal de Marco Chávez, concejal VI; Rodrigo Pereira Calderón, concejal VIII, y Sergio Monzón, concejal suplente, considera que se trata de una estrategia para retardar el proceso judicial y así mantener a sus representados fuera de la toma de decisiones del concejo municipal de Quetzaltenango.

“No se presentó la demandante ni su abogado, entonces no se pudo realizar la audiencia”, resaltó Herrera.

Según Herrera los concejales de SBX tienen cerca de cinco denuncias, con acusaciones de violencia contra la mujer, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros. “Nosotros no hemos contra demandado, únicamente nos hemos defendido para que la población vea quién es su alcalde y quiénes son sus síndicos y concejales”, refirió Herrera.

Otra audiencia programada para las doce horas también fue suspendida debido a que la denunciante Karin Saj Morataya, síndica II, recusó a la juez Virginia Monje. Esto debido a que la juzgadora fue quien autorizó a los concejales a acudir a las sesiones.

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Del caso 

El pasado 12 de marzo la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, concedió un amparo provisional a favor de la concejal III, Margarita Campollo, del partido Humanista. Con esto los tres concejales de oposición del Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) quedaron imposibilitados de participar en las sesiones de concejo.

Campollo, los denunció el 15 de febrero por supuesta violencia contra la mujer ante un juzgado de Femicidio, el cual desestimó las acusaciones. Un día después apeló y el juez de paz penal, Edgar Rolando Villatoro, dictó las medidas de seguridad a su favor, entre estas, el alejamiento de la residencia, lugar de trabajo o estudio de Campollo, eso incluyó la sala de sesiones del Concejo Municipal de Quetzaltenango.

Días después, el 29 de febrero, la juez A, Virginia Gómez Monge, del juzgado de Femicidio otorgó una aclaración en la que se permitía que Chávez, Pereira y Monzón pudieran acudir a las sesiones de concejo, tras “considerar que deben cumplir con sus funciones de concejales de la municipalidad, por las que fueron electos”, se lee en la resolución.

Causas justas e infames

Roberto Alejos, analista y constitucionalista, refiere que los eventos ocurridos en el concejo municipal de Quetzaltenango son un claro ejemplo de la judicialización de la política.

“En principio hay un abuso de la figura del amparo, de cómo se usan juzgados que no son del área que se está tratando, es decir, un juzgado de paz no puede amparar en un tema de femicidio, por ejemplo.  Los amparos se han utilizado mal, no solo en el ámbito constitucional sino en los juzgados que usan esta figura para favorecer causas injustas e infames”, comentó Alejos.

El analista destaca que también es un ejemplo de la judicialización de la política. “Cuando queremos quitar a un enemigo político le presentamos una demanda, le abren proceso y esta práctica se convirtió en una costumbre. Y como los funcionarios ya vieron que los tribunales se prestan para parar a los enemigos políticos, se aprovechan y cada vez descubren nuevas formas para hacerlo”, dice.

Alejos también recalca en este caso el uso indebido de la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. “Las organizaciones de mujeres son conscientes de la urgencia de reformar esta ley para evitar que la clase política abuse de ella”.

“La población debe tomar de ejemplo este caso para exigir las reformas a la Ley de Amparos y evitar que más políticos se aprovechen para castigar a sus detractores y seguir lastimando la democracia. Deben pedir reformas a la Ley de Femicidio para que deje de ser usada a conveniencia de unas pocas”, añadió Alejos.

Se confirma persecución Judicial

Desde el 16 de enero las fricciones entre los concejales de oposición de SBX y los allegados al alcalde comenzaron a raíz de la asignación a dedo de las comisiones municipales. Posterior a ello, el alcalde manifestó su molestia a SBX por transmitir en directo las sesiones por medio de la plataforma Facebook.

Pero fue hasta el 24 de enero que la síndica II, Karin Saj Morataya, y el concejal II, Jorge Luis Argueta, hicieron público su desacuerdo por el mismo tema. Desde ese entonces los allegados a Juan Fernando López, incluyendo los concejales electos por Valor-Unionista, comenzaron a eximirse de cualquier denuncia civil o penal que pudieran traer las transmisiones en vivo, bajo el argumento de que en la mesa de concejo se tratan datos sensibles.

Ya para el 15 de febrero Margarita Campollo, concejal III y la síndica II Karin Saj Morataya denunciaron a la oposición de SBX ante el juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, señalaron que fueron fotografiadas sin consentimiento. Incluso una página de Facebook difundió un vídeo donde se observa el acercamiento que se le hace a Campollo cuando esta se encontraba de espaldas, no obstante, estas imágenes no coinciden con la grabación de ese día (15 de febrero), colgada en la página oficial de SBX.

Parar las transmisiones

La judicialización a la que Roberto Alejos se refiere podría implicar abuso de poder, ya que el 22 de febrero, el concejo aprobó la contratación de un mandatario para encargarse de accionar legalmente por las transmisiones de los concejales de oposición. Se contrató a Eduardo José Castillo cuyo pago de sus honorarios saldrá de las arcas municipales.

“Este es un mecanismo para que las sesiones dejen de ser transmitidas y se atenta contra las herramientas de transparencia. Hay que recordar que Guatemala tiene pactos internacionales enfocados en ese tema los cuales incluyen a las municipalidades”, señaló.

“Entonces contratar un mandatario municipal para que accione en contra de las transmisiones es un atentado contra las normas de transparencia y la rendición de cuentas”, agregó.

¿Quiénes son las denunciantes?

Según Guatecompras Margarita Campollo concejal III es representante legal de Farmacia Infantil, la cual no cuenta con catálogo de productos en la actualidad. Fungió como secretaria administrativa del Hospital Regional de Occidente durante el gobierno de la UNE cuando era dirigido por el doctor Giovanni Ortega, con quien después contrajo nupcias.

Fue directora de Cohesión Social de la municipalidad de Quetzaltenango, en el primer periodo de Juan Fernando López, su acercamiento con las comunidades fue la pieza fundamental para ganarse el espacio en la planilla municipal, o al menos eso mencionó cuando fue consultada al respecto.

Karin Saj Morataya es hija de Julio César Saj Güinac uno de los empresarios acusados de asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero, en el caso “Corrupción Muni Xela”, donde se involucró al exalcalde Jorge Rolando Barrientos.

De acuerdo con el portal de Guatecompras, la funcionaria dio fe en su calidad de notaria de al menos siete contratos entre la municipalidad de Quetzaltenango y constructores. En ese portal de transparencia no queda registro de los cobros que hacen los notarios en este tipo de acciones debido a que regularmente son los empresarios quienes pagan los honorarios.

Durante una sesión de concejo, la sindicó II se excusó de conocer la solicitud de pago para el proyecto “Mejoramiento calle complemento diagonal 15 zona 5 Quetzaltenango”, encontrado en Guatecompras con el NOG 19906005. Este proyecto está a cargo de la Constructora Civil MAYCONCI, cuyo representante legal es Alberto Ixcolin Pérez.

La razón por la que Saj Morataya se excusó de conocer el punto, fue que el contrato fue legalmente constituido ante ella en su función de notaría.

Cabe mencionar que la empresa MAYCONCI estuvo a cargo de la tercera fase del edificio de Sociedad Civil ubicado en la zona 6, la obra fue auditada por la Contraloría General de Cuentas durante el gobierno del alcalde Luis Grijalva.

De acuerdo con el analista Roberto Alejos el caso de Karin Saj y su relación previa con la municipalidad debe ser sometido a análisis, porque podría tratarse de un conflicto de interés, por lo que su espacio en el concejo es cuestionable.

Durante una sesión de concejo, la síndico II se excusó de conocer la solicitud de pago para el proyecto “Mejoramiento calle complemento diagonal 15 zona 5 Quetzaltenango”, encontrado en Guatecompras con el NOG 19906005.

Saj Morataya se excusó de conocer el punto porque el contrato fue legalmente constituido ante ella en su función de notaría.

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