Mynor Hernández Fernandez
El diseño del Estado en el que funcionaría la democracia postdictaduras militares estuvo a cargo de quienes aceptaron a regañadientes la presión internacional, pero a condición de construir un modelo democrático en el cual sus privilegios se mantuvieran intactos.
La Corte de Constitucionalidad, la figura del Procurador de Derechos Humanos, las Comisiones de Postulación, eran las fachadas perfectas para hacer creer adentro y afuera que nos encontrábamos ante un cambio de época, pero resulta que las instituciones clave traían un fusible que una vez les hubiera resultado eficaz lo cambiaban sin mayor rubor.
No obstante, en algunos pasajes de la historia democrática algunas de las piezas se les han ido de control, pero el control lo recuperan con la joya de la corona que es el Congreso de la República desde donde realmente se ejerce el poder político en el país.
Las matemáticas allí dentro no les fallan. Necesitan cierto número de diputados para pasar leyes ordinarias y un poco más para pasar algunas otras que cambian los aires en la correlación de fuerzas. Así que desde el principio de cada una de las nueve legislaturas se han fundido en contubernios que duran hasta la próxima elección pero que les sirve para mantener el estatus quo.
Por eso se permiten tener unos cuantos gritones adentro pues saben que nunca van a necesitar de los 160 para tomar una decisión trascendental. Si quieren destruir un gobierno desde el inicio le dejan un mamarracho de presupuesto como el aprobado recientemente y este queda a merced de sus chantajes.
Si deciden que la defensa de los derechos humanos puede representarles algún riesgo desactivan la Procuraduría nombrando ombudsman como el actual. Y los niveles de endeudamiento se definen desde allí y los recursos se orientan a las áreas que son de su interés que nunca se corresponden con las que demandan las mayorías.
“Si quieren destruir un gobierno le dejan un mamarracho de presupuesto como el aprobado recientemente y este queda a merced de sus chantajes”
El diseño es sobre la institución así que no importa que la mayoría de los diputados sufra de sanciones internacionales porque se cambian por otros que saben llevar el ritmo de la música igual o hasta mejor que los sustituidos.
Y la peor de todas las cosas es que cualquier cambio estructural que demande el país para funcionar mejor como, por ejemplo, una ley de competencia, reformas al proceso electoral, sustituir la ley de servicio civil para llevar a los mejores y no a los amigos a la administración pública, todo debe pasar por el Congreso y por supuesto que se ahogan allí.
Así que la próxima vez que escuche a un diputado hablar que impulsará que su elección sea a través de listados nominales en los cuales el votante sepa por quién está emitiendo el sufragio, esa propuesta solo puede venir de uno de los gritones o de un cínico al que no le importa cumplir con su ofrecimiento, pero en cualquiera de los dos casos, la propuesta no verá la luz.
