El Fiscal del Ministerio Público imputó solamente a dos de los señalados en el Caso de la Toma de la Universidad de San Carlos, de los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada, sedición y asociación ilícita; la audiencia continuará este miércoles.
Rita María Aguilar / La Prensa de Occidente
Este martes 21 de noviembre se realizó la audiencia de primera declaración en el Caso de la Toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- donde el Ministerio Público -MP- imputó a los doctores Eduardo Velasquez y Alfredo Beber de cuatro delitos, mientras que este miércoles continuará la imputación para los otros cuatro detenidos. Hay 20 órdenes de capturas pendientes.
Durante la audiencia llevada a cabo por el juez Víctor Hugo Cruz, titular del juzgado Décimo , estuvieron presentes junto a sus familiares y amigos, el estudiante Javier Alfonso De León, quien se graduaría este martes de la Univerisdad; Marcela Blanco, ex candidata a diputada por el Movimiento Semilla; los profesores Eduardo Velásquez y Alfredo Beber; el decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia Rodolfo Chang, y el sindicalista Marín Jorge Macario.
Para la audiencia programada para este martes, el togado no permitió el ingreso a todos los medios de comunicación, sino solamente a cuatro de ellos.
El fiscal del MP, Ángel Saúl Sánchez, imputó de primero al profesor universitario de la facultad de Ingeniería Beber Aceituno, señalando que por medio de los testigos Luis Pedro Ortiz y Roni López, además de los videos en redes sociales, se “pudo establecer su presencia en el campus de la USAC, por lo que es evidente que es aparte de las personas que estaban detrás de la toma ilícita”
El representante del ente investigador, leyó los nombres de otras 21 personas que se encuentran con orden de captura, a las cuales se les señala de haber participado en las elecciones generales 2023, entre ellas Gabriela Dávila, Marcela Blanco, el ex procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, Plutarco De León y Helmer Velásquez.
Así mismo, Sánchez señaló a los partidos Voluntad, Oportunidad y Solidaridad -VOS-, Winaq, Movimiento Semilla, y Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP- de encontrarse detrás de la toma de la USAC desde mayo 2022 hasta la entrega de las instalaciones en junio del 2023. y quienes desde las redes sociales “participaban abiertamente, intigaban, sugerían y exhortaban e impulsaban a los señores que tenían tomadas las instalaciones, especialmente el señor Alfredo Beber y a los demás sindicados a cometer los delitos contra la USAC”.
El delito de usurpación agravada se cometió, según el MP, porque la ocupación duró más de tres días, mientras que en el delito de depredación de bienes culturales en forma continuada, manifestó que el Ministerio de Cultura y Deportes -MCD- estableció los daños que sufrió el campus de la USAC. “Los daños en la Universidad de San Carlos son graves y ascienden a más de Q90 millones”, señaló el juez Cruz.
Mientras tanto, el segundo en ser señalado por el ente investigador fue el doctor Eduardo Velásquez, a quien el MP lo acusó del delito de asociación ilícita, indicando que participaron más de tres personas para no reconocer al rector de facto y cerraron el acceso a la casa de estudios.
El fiscal se refirió a una “red criminal” que fue “producto de la interacción de diferentes personas, quienes supuestamente utilizaron sus redes sociales en Twitter, Facebook y Tik Tok para ese fin.
En el delito de usurpación agravada en forma continuada, manifestaron que sí hay indicios de que cometió el mismo porque junto a otras personas tomó el campus central sabiendo que no es la autoridad, “a sabiendas de que el mismo pertenece al Estado de Guatemala”.
Por el delito de sedición en forma continuada, al imputar a Beberse remarcó que junto a más de 30 personas en abril y mayo de 2022 se actuó de forma violenta y con la fuerza con el fin de deponer a Walter Mazariegos Biolis, quien según el ente investigador fuese electo “legítimamente rector de esa casa de estudios”.
De acuerdo con Sánchez, el objetivo de los señalados era deponer al actual rector de la USAC e incluso dijo que se establecieron actos de odio y de venganza en contra de Mazariegos, “ya que el camino correcto era la vía legal, no medidas de hecho contra la universidad”.
Sin embargo, algo que no fue mencionado por el personero del Ministerio Público es que los opositores al fraude electoral interpusieron varios amparos y denuncias en los tribunales y en el MP, sin obtener respuesta de ninguna de las entidades.
La audiencia continuará este miércoles 22 donde se espera sean imputados los otros señalados y el juez ligue a proceso, ordenando envío a prisión o dándoles medida sustitutiva.
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