La exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra en el exilio, presentó por medio de sus abogados una casación que busca anular la condena de cuatro años por abuso de autoridad en su contra.
Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció el 22 de mayo, una casación presentada por los abogados defensores de Virginia Laparra, ex jefa de la Feci en Quetzaltenango donde solicita revisar la condena y “criminalización” que la mantiene en el exilio desde el año 2024.
La abogada quetzalteca guarda la esperanza de una resolución favorable y con esto acciones que Guatemala inicie una “reconstrucción”.
Los abogados defensores de la exfiscal buscan anular una condena de cuatros años por abuso de autoridad, señalando que “denunciar irregularidades constituye no sólo un derecho, sino un deber ético y profesional de todo operador de justicia íntegro y comprometido con la legalidad”.
Además, Laparra señaló que denunciar irregularidades “forma parte de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas a los que necesariamente deben estar sujetos todos los funcionarios públicos, incluidos jueces y magistrados”.
La exfiscal cuenta los días en el exilio mientras espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Está convencida de que el país atraviesa un proceso de “reconstrucción”, aunque considera que este no debe quedarse únicamente en el discurso.
A su criterio, esa reconstrucción debe reflejarse en decisiones concretas, en el respeto efectivo de los derechos fundamentales y en la capacidad de los tribunales para actuar con independencia frente a cualquier presión o interés ajeno a la ley, puntualizó.
Laparra guarda la esperanza de una resolución favorable y analiza que “esta casación constituye una oportunidad histórica para que los tribunales envíen un mensaje inequívoco de que Guatemala está dispuesta a recuperar los principios fundamentales de legalidad, independencia judicial y debido proceso”, dijo Laparra a la Prensa de Occidente.
Agregó: “No se trata de favorecer a una persona. Se trata de demostrar que los jueces están dispuestos a actuar conforme al derecho, incluso cuando ello implique reconocer errores cometidos por las propias instituciones”.
PUEDE INTERESARLE
Directores de Amnistía Internacional en Quetzaltenango para entrevistarse con Virginia Laparra
La condena
En diciembre de 2022, la jueza Oly González del Tribunal Octavo de Sentencia Penal declaró culpable a Laparra por el delito de abuso de autoridad en forma continuada y a cumplir una condena de cuatro años, por denunciar administrativamente al juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos.
En 2018 Laparra presentó cuatro denuncias ante la Junta de Disciplinaria del Organismo Judicial contra Castellanos quien ventiló información de un caso bajo reserva, el togado en ese entonces fue sancionado.
Marcará un precedente
Laparra está consciente que la resolución de este proceso marcará por completo su situación personal pero también está consciente que esto marcará un precedente en el país.
PUEDE INTERESARLE
Laparra reitera su inocencia y califica de tortura su encarcelamiento y proceso judicial
“Lo que está en juego no es únicamente la validez de una sentencia, sino la capacidad del sistema de justicia guatemalteco para corregir sus propios errores y demostrar que aún es posible recuperar la independencia judicial, la legalidad y el respeto al Estado de derecho”, resaltó.
La ex fiscal relató que durante años ha sido sometida a un proceso marcado por retrasos injustificados, restricciones indebidas a sus derechos fundamentales y decisiones que contribuyeron a profundizar su vulneración.
“La demora en resolver un recurso extraordinario de casación durante aproximadamente tres años no puede considerarse una simple carga administrativa”, dice Virginia.
Asimismo, la exjefa de la Feci en Quetzaltenango explica que “En una democracia, los sistemas de control institucional existen precisamente para garantizar que nadie esté por encima del escrutinio y de la ley”.
También lamenta que el ejercicio de esos mecanismos de control y rendición de cuentas haya derivado en una persecución judicial que se ha prolongado durante años y que ha tenido consecuencias devastadoras en su vida personal y profesional.
Laparra detalla que “el mensaje que transmite un caso como este es peligroso para cualquier Estado democrático: denunciar posibles irregularidades puede convertirse en motivo de represalias en lugar de ser una contribución a la transparencia institucional”.
PUEDE INTERESARLE
Cual fénix resurgiendo de las cenizas, así fue la liberación de Virginia Laparra
Afirma que esta resolución, “será una prueba para determinar si el país está dispuesto a corregir los abusos del pasado o si continuará tolerando prácticas que han erosionado gravemente la credibilidad de las instituciones”, concluyó Laparra.
Además, reflexiona que “Más allá de mi caso, espero que prevalezca la verdad jurídica, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la Constitución. Porque cuando los tribunales niegan justicia a una persona, se debilitan los derechos de todos; pero cuando corrige una injusticia, fortalecen la democracia entera”, finalizó.
