Emocionada, feliz con lágrimas, Virginia Laparra llegó anoche al Parque Centroamérica a saludar a un grupo de sus seguidores luego de que fuera liberada un día antes tras permanecer 680 días en prisión preventiva por dos procesos penales, los cuales calificó de una venganza por investigar a funcionarios y militares.
José Cancinos/laprensadeocciente.com.gt
Laparra es exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango. “Lo he dicho antes: Una noche muy larga, la noche más larga de mi vida, pero estando aquí otra vez en mi bella Quetzaltenango no hay ninguna noche que se pueda resplandecer con mi bella luna de Xelajú”, manifestó emocionada Laparra.
Laparra está consciente que su libertad ha sido solo un paso. “Esto no termina. Todavía tiene una continuidad los procesos instruidos en mi contra”, indicó.
Estar de regreso en Quezaltenango para Laparra es que más anhelaba, aseguró, que quiso llegar a dar una vuelta al parque que dejó de ver por mucho tiempo y regresar sin esposas como se fue, ha sido una de sus alegrías muy grandes. “No tiene precio estar uno en la tierra donde nació”, dijo orgullosa.
Laparra alabó que prevaleció la legalidad por medio de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que estableció los motivos por los cuales debía ser puesta en inmediata libertad, pues una medida de coerción debe de ser razonable y lo irracional de la prisión preventiva por tanto tiempo no se ajustaba jurídicamente.
Cuestionada sobre que tenía qué decirles a las personas que mantuvieron dichas medidas contra ella, respondió que no tenía nada que decirles y que solamente cree en el sistema de justicia. “Sigo siendo inocente. Cada quien es libre de hacer lo que considera en su momento. Son los tribunales de justicia los encargados de velar por la legalidad”, reiteró de forma serena.
Señaló que la medida de coerción impuesta, de prisión preventiva por más de 680 días es un asunto que ha puesto los ojos en Guatemala, por una circunstancia que sobrepasaba lo razonable y en su momento fue declarada como una medida arbitraria. “Creo que el tiempo me dará el espacio y los mecanismos para poder sobreponerme a esto que fue definitivamente una tortura”, calificó Laparra.
Se lamentó que “algunas personas” que trabajan dentro del Ministerio Público se haya prestado para materializar casos espurios y coadyuvar para realizar venganzas personales y de otros tipos. “Es una circunstancia que está íntimamente inmersa en lo que es erradicar la corrupción dentro de las instituciones. Son estructuras clandestinas de corrupción dentro de las instituciones que hacen que éstas se vayan demeritando y perdiendo la credibilidad y el norte de los principios para lo cual fueron creadas”, concluyó.
EL CASO
El MP, a cargo de la Fiscal General, María Consuelo Porras, puso en marcha el caso en contra de exfiscal Laparra, luego de que denunciara a Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por presuntas irregularidades en la gestión de un caso.
En el proceso Castellanos señaló que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones por lo que incurrió en abuso de autoridad en forma continuada, al considerar que Laparra no tenía dicha facultad en su calidad de fiscal.
En diciembre de 2022 la jueza Oly González sentenció a Laparra a cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. El fallo fue señalado por Amnistía Internacional y Organización de Naciones Unidas como un debate “sin fundamento legal”.
