Una delegación de Amnistía Internacional llegará a Xela para entrevistarse con Virginia Laparra y presentar el informe “Todo el sistema en contra”, criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala.
Adrián Velásquez/laprensadeoccidente.com.gt
La reunión ocurrirá en un hotel del Centro Histórico con la presencia de Ana Piquer, directora para Américas de Amnistía Internacional; Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, y Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, quienes están en el país desde el miércoles y se han reunido con medios de comunicación, operadores de justicia y defensores de los derechos humanos.
Dicho informe se basa en entrevistas y el análisis de una decena de casos para exponer las características de un patrón de criminalización y hostigamiento contra personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como violaciones de derechos humanos, discriminación y violencia de género.
Entre los casos destacan las historias de la exjueza Erika Aifán, la exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra, las ex auxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán, y la abogada y exmandataria de la CICIG, Claudia González.
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El patrón de hostigamiento continuo es por medio del abuso del sistema penal llevado a cabo por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) para reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad, incorpora varias formas de discriminación y violencia de género que exponen a las mujeres criminalizadas a un doble castigo, dijo Amnistía Internacional en su nuevo informe, “Todo el sistema en contra”, criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala
“Es alarmante ver cómo las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial a cargo de estos casos no solamente han implementado una estrategia perversa de persecución penal infundada y de intimidación, sino que además dan paso libre, con total indiferencia e impunidad, a la discriminación y la violencia basada en género en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas”. dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupción enfrentan acciones coordinadas destinadas a perseguirlas judicialmente y encarcelarlas de forma arbitraria, a través de cargos infundados y presentados en procedimientos penales sin las garantías de un juicio justo. Estas acciones conforman un patrón de criminalización y hostigamiento que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y el OJ.
“En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos”, agregó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a desestimar las denuncias penales infundadas y que tengan como objetivo o resultado menoscabar el trabajo de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, atemorizarlas o castigarlas por su labor, e investigar el hostigamiento judicial, así como todas las formas de acoso, discriminación y violencia de género descritos en el informe.
Además, es fundamental que las autoridades adopten políticas y medidas para identificar, evitar y sancionar la discriminación y la violencia de género en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales.
La organización también recomienda adoptar medidas para facilitar la reintegración del personal del MP forzado a renunciar, despedido arbitrariamente o sancionado injustamente en el contexto descrito antes, así como velar porque que los procesos de selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones se basen en la idoneidad, méritos e independencia de las y los aspirantes al cargo y sean transparentes.
