Brenda Dery Muñoz, la abogada quetzalteca que lideró parte de la carrera hacia la Fiscalía General del Ministerio Público, figuró entre las aspirantes mejor evaluadas por la Comisión de Postulación. Sin embargo, no logró integrar la nómina final de la cual el presidente eligió al nuevo titular de la institución.
Mirna Alvarado/laprensadeoccidente.com.gt
En la primera ronda, la Comisión de Postulación le otorgó una calificación de 90.86 puntos, de las más altas del proceso. El resultado superó ampliamente el corte de 75 puntos y la colocó como la quinta aspirante mejor evaluada.
¿Quién es Brenda Dery Muñoz Sánchez?
Es abogada y notaria egresada de la Universidad Rafael Landívar (1995). Posee una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), un máster internacional en Europa, un doctorado en Ciencias Penales —actualmente en proceso— y varias especializaciones en investigación criminal y derechos humanos.
Muñoz conoce ampliamente el funcionamiento del Ministerio Público, trabajó durante más de 16 años como auxiliar fiscal II. Posteriormente ocupó cargos como titular de la Fiscalía de Sección Adjunta y de la Fiscalía Regional contra el Crimen Organizado y Narcoactividad en el sur y occidente del país.
A pesar de su trayectoria dentro del MP, los comisionados no incluyeron su expediente en la nómina final. En esta entrevista, Brenda Dery Muñoz Sánchez analiza el proceso de postulación y expone los retos que deberá asumir el nuevo jefe del Ministerio Público.
Usted tenía una calificación competitiva, ¿cómo explica que no haya sido incluida en la nómina final?
En estos casos, tener una nota alta no sirve de nada si no se cuenta con el respaldo político que otros sí tuvieron. Yo participé con mi expediente, mi trabajo y mi experiencia, pero sin apoyo político en la selección.
¿Considera que los criterios de la Comisión de Postulación fueron consistentes y transparentes?
Considero que las organizaciones que observaron el proceso son las más adecuadas para opinar. Desde lo que me tocó vivir, sí hubo mayor transparencia. Las reuniones fueron más visibles y no se desarrollaron a puerta cerrada como en otros años. Incluso, durante mi entrevista hubo público y los comisionados expresaban a viva voz los pros y contras que encontraban en cada aspirante.
¿Hubo algún aspecto de su evaluación que considere injustificado?
Sí. No fueron rigurosos en la ponderación. Por ejemplo, me asignaron una puntuación en la que no valoraron todos mis años de experiencia. Solo reconocieron 21 años de ejercicio profesional, cuando tengo 31 años de trayectoria como abogada. En todos mis puestos he ejercido el Derecho, ya sea como fiscal o asesora.
Tras esta experiencia, ¿seguirá buscando espacios dentro del sistema de justicia?
Si surge la oportunidad de trabajar en alguna dependencia donde no sea necesario contar con una palanca política y se valoren los años de experiencia y la formación académica, definitivamente aceptaría o volvería a postularme. Esta es la segunda vez que participo.
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A su criterio, ¿cuáles son los retos del nuevo fiscal?
El principal reto es mantener la independencia y trabajar para el pueblo, no para conveniencia de unos cuantos.
También debe ordenar la institución y eliminar la discrecionalidad, porque existen fiscalías que deciden unilateralmente cuándo y cuáles casos deben permanecer bajo reserva.
El Ministerio Público necesita recuperar legitimidad y recordarles a todos sus trabajadores que la institución es un ente investigador. Su responsabilidad consiste en recibir denuncias, investigar y, con base en ello, impulsar la acusación judicial.
Otro reto importante es optimizar los recursos. Durante la administración de Consuelo Porras se abrieron más sedes del Ministerio Público, por lo que ahora corresponde verificar si realmente cumplen su función, si cuentan con presupuesto, personal y equipo suficiente, y si responden a las necesidades de la población.
Además, debe mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía. Durante la administración anterior no existió acceso adecuado a la información, incluso para periodistas. El nuevo fiscal debe mantener una política de puertas abiertas.
¿Cómo enfrentó los ataques en redes sociales?
Creo que fueron una reacción ante la posibilidad de que pudiera ocupar la Fiscalía General. Muchas personas se escudan en cuentas falsas y perfiles anónimos que, de alguna forma, tienen vínculos con el crimen organizado y buscan desinformar para impedir que personas como yo lleguen a dirigir instituciones como esta.
El ataque fue muy fuerte y considero que pudo influir en la opinión de la Comisión de Postulación para dejarme fuera de la elección.
Tras esta experiencia, ¿qué mensaje le da a la población?
Lo más importante en este momento es que la población deje de ser únicamente espectadora y se convierta en parte de la vigilancia y la auditoría social. La ciudadanía debe denunciar la corrupción.
Es cierto que existe decepción porque muchas veces el Ministerio Público desestima las denuncias o no les da importancia. Sin embargo, si la población alza la voz y denuncia con mayor frecuencia, más de algún fiscal hará su trabajo.
La ciudadanía debe asumir su papel para evitar que los funcionarios crean que están por encima de la ley o que no pueden ser fiscalizados, porque el pueblo tiene derecho a exigir transparencia y rendición de cuentas.
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