Juez ordena a la municipalidad de Quetzaltenango a pagar Q1 mil 700 millones que debe al INDE. El alcalde y su concejo refieren que no existe comprobante de deuda, y que la orden del juez no está en firme.
Mirna Alvarado/ojoconmipisto
El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, no quiere reconocer la deuda que su municipio tiene con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). En la conferencia de prensa que ofreció este lunes 11 de agosto (2025) dijo que no existe documento o factura que demuestre que su municipalidad tenga esa deuda millonaria.
Rechazó cada palabra del comunicado del INDE: «el juzgado de primera instancia del ramo civil de Quetzaltenango emitió una sentencia definitiva sin posibilidad de apelación». El fallo obliga a la comuna quetzalteca a establecer en su presupuesto de ingresos y egresos un rubro para ejecutar el pago de Q1 mil 700 millones. La deuda la arrastra desde 2009.
Se niegan saldar deuda al INDE. En conferencia de prensa, el alcalde, su concejo municipal y Eduardo Castillo, representante legal de la comuna, enfatizaron que la sentencia no está en firme, por ello presentaron recursos judiciales para dejar sin efecto la orden.
La misma le da a la comuna 10 días (se vencen el 19 de agosto) para incluir el pago en su presupuesto. Castillo refirió que no lo harán porque los mecanismos legales aún no han sido agotados. “No se puede presupuestar si no se resuelve el tema judicial”. Insistió en que no hay documentos ni registros contables que demuestren la deuda.
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Se basa en contratos de 1927
Castillo, el representante legal de la comuna, dijo que la defensa se cimienta en los contratos firmados el 6 de agosto de 1927 y del 18 de agosto de 1978. Ambos establecen que el INDE otorgó concesiones de carácter vitalicio a la municipalidad.
“El contrato de 1978 tenía vigencia hasta 2019 y el INDE no lo respetó, arbitrariamente impusieron tarifas que no fueron aceptadas por la Empresa Eléctrica Municipal (EEMQ). Por eso se les denunció por el delito de cobros indebidos ante el Ministerio Público”, refirió.
Una resolución de julio (2024), la Corte de Constitucionalidad estableció que el contrato de 2019, firmado durante la administración de Luis Grijalva, se encuentra suspendido. Esto debido a que el INDE planteó un recurso de apelación en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del área civil de Quetzaltenango.
Sugieren plan de austeridad
Nohemí Racancoj, de la Comisión de Transparencia y Auditoría Social del municipio, señala que es necesario que el concejo municipal y el alcalde comiencen con planes de austeridad para resolver el conflicto eléctrico.
“Me parece que deben reducir los salarios y dietas de los integrantes del concejo. Este año se han gastado miles de miles en cuestiones estéticas, como las cortinas en el palacio municipal, el presupuesto millonario para la feria y más de Q200 mil por un monumento abandonado. No tiene sentido”, resaltó.
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La comisión de transparencia buscó por información pública que los ingresos del alcalde suman Q135 mil al mes, entre salario, dietas y gastos de representación. Los concejales y los síndicos, reciben entre Q50 mil y Q53 mil en dietas, depende de si asistieron a todas las reuniones. “Si hacemos cuentas, al año son millones los que ganan y no vemos mejoras en la ciudad”, refiere Racancoj.
Aunque ya no participan en las reuniones del concejo porque fueron sustituidos mediante mecanismos jurídicos, los concejales electos por el Comité Cívico Sacándole Brillo a Xela SBX, también plantean que en estas circunstancias lo mejor es optar por un plan de austeridad. “Que se reduzca el salario del alcalde y de los asesores a un salario mínimo o acorde a sus actividades, que las dietas para el concejo se reduzcan al salario mínimo mensual”, menciona la agrupación en sus redes sociales.
