La paridad, la alternancia y la inclusión de pueblos indígenas son conceptos fundamentales para avanzar hacia una democracia más equitativa e inclusiva en Guatemala.
Claudia Lepe
La paridad busca asegurar una representación igualitaria entre hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas, garantizando que ambos géneros tengan las mismas oportunidades de participar y ser elegidos en cargos públicos. La alternancia garantiza que las posiciones en listas electorales se distribuyan de manera intercalada entre géneros. La inclusión de pueblos indígenas implica garantizar su participación justa en los procesos políticos y de toma de decisiones, reconociendo su derecho a ser representados de manera equitativa.
En Guatemala, a pesar de que las mujeres representan el 51.5 por ciento de la población y el 54 por ciento del padrón electoral, su representación política continúa siendo alarmantemente baja. Tras las elecciones de 2023, solo 32 mujeres fueron electas para el Congreso de un total de 160 escaños, y únicamente 12 mujeres fueron electas alcaldesas de 340 municipios. Esta baja representación coloca a Guatemala en el puesto 115 de 193 en la Clasificación Mundial de Mujeres en los Parlamentos de la Unión Interparlamentaria. La situación es aún más crítica para las mujeres indígenas, quienes enfrentan barreras adicionales debido a la discriminación racial y lingüística.
De los 6.5 millones de guatemaltecos que se identifican como maya, xinca, garífuna o afrodescendiente, el 51.59 por ciento son mujeres. Sin embargo, en los últimos 38 años, solo 12 mujeres indígenas han sido electas como diputadas al Congreso de la República y ninguna mujer de los tres últimos pueblos antes mencionados, ha ocupado uno de estos cargos.
Esta realidad contrasta fuertemente con países que han implementado medidas de equidad. Por ejemplo, en México, tras la implementación de la paridad en 2014, la representación de mujeres en el Congreso alcanzó el 50 por ciento en 2021. En Bolivia, la Ley de Régimen Electoral de 2010 estableció la paridad y alternancia, logrando que en 2020 el 51.9 por ciento de los escaños en la Asamblea Legislativa fueran ocupados por mujeres.
La propuesta de reforma al Artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) busca abordar estas desigualdades. La Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), convocada por el Tribunal Supremo Electoral, ha promovido el diálogo entre diversos actores para proponer estas reformas. El 17 de abril de este año, se entregó al Congreso de la República una iniciativa de ley que incorpora los principios de paridad, alternancia e inclusión de los pueblos indígenas.
En el contexto local de Quetzaltenango, la participación política de las mujeres ha sido objeto de estudio en mi tesis de maestría en Políticas Sociales y Gestión Pública. La cual identifica que en el periodo de 2003 a 2023, se observó que, a pesar de que las mujeres representan una parte significativa del padrón electoral, su participación como candidatas a la alcaldía del municipio de Quetzaltenango ha sido limitada. En las elecciones de 2023, de veintiséis partidos políticos, solo cinco mujeres encabezaron planillas para la alcaldía. Esto refleja una tendencia histórica de subrepresentación (Cuando un grupo demográfico tiene menos representantes electos o en cargos de poder de lo que sería proporcional a su tamaño en la población general), a pesar de que el padrón electoral de Quetzaltenango muestra un mayor número de mujeres registradas para votar en comparación con los hombres. Además, que en veinte años solamente diez quezaltecas han aceptado el reto de participar para la alcaldía municipal de la cabecera departamental.
La implementación de estos principios traería consigo numerosos beneficios. En primer lugar, fortalecería la democracia al hacerla más representativa y participativa, permitiendo que todas las voces, especialmente las de mujeres e indígenas, sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Esto es crucial para el desarrollo de políticas que reflejen las necesidades y aspiraciones de toda la población. Además, contribuiría a la reducción de desigualdades históricas y estructurales que han limitado el acceso de estos grupos al poder político, promoviendo la justicia social y la cohesión social.
Una representación más equitativa puede mejorar la calidad de la gobernanza al asegurar que las decisiones políticas sean más inclusivas y reflejen las necesidades de toda la población, aumentando así la confianza pública en las instituciones y en el sistema democrático. Además, la igualdad de género y la inclusión de los pueblos indígenas son componentes clave para el desarrollo sostenible. Al empoderar a estos grupos, se pueden lograr avances significativos en áreas como la educación, la salud y el desarrollo económico, contribuyendo al bienestar general del país.
En este momento crucial, la propuesta se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Es imperativo que la sociedad guatemalteca apoye estas reformas. La implementación de la paridad, la alternancia y la inclusión de pueblos indígenas no solo es un una necesidad ética y legal, sino que también ofrece múltiples beneficios que pueden transformar positivamente la sociedad guatemalteca.
La paridad no es solo una cuestión de justicia social; es un requisito fundamental para construir una sociedad más equitativa y democrática. Es hora de que Guatemala dé un paso decisivo hacia la igualdad de género en la política, siguiendo el ejemplo de países que han demostrado que la paridad es no solo posible, sino también beneficiosa para toda la sociedad. Con estas reformas, Guatemala puede avanzar hacia una democracia 50/50, donde hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones y contribuyan al desarrollo del país.
