El presidente Bernardo Arévalo hizo pública su declaración de estado patrimonial de forma voluntaria, el domingo 14 de julio, en el marco de los primeros seis meses de gobierno ante la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
La declaración incluye los activos del presidente Bernardo Arévalo, que representan un total de 724 mil 614 quetzales con 27 centavos, contenidas en cuentas bancarias, alhajas, libros, equipo de oficina y acciones, es de hacer notar que no tiene vivienda a su nombre.
El pasivo, es decir, deudas bancarias, suman 69 mil 238 quetzales con 79 centavos con bancos nacionales y extranjeros.
Cumple ofrecimiento
El 16 de enero de 2024, con pocas horas en el cargo, el presidente Arévalo respondió a los cuestionamientos sobre su declaración patrimonial y se comprometió a hacerla pública.
Esta es la declaración de estado patrimonial de activos y pasivos del presidente Arévalo:
Qué se hizo público
El presidente Arévalo hizo la publicación de su declaración de estado patrimonial.
Esto, luego de haber cumplido con presentar su Declaración Jurada Patrimonial en febrero de 2024 ante la CGC, un documento que responde a requerimientos y en un formato especificado legalmente.
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Según la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos el Presidente de la República está obligado a presentar Declaración Jurada Patrimonial ante la CGC, en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de tomar posesión, pero no está obligado a hacerla pública.
La obligación de presentar una declaración ante la CGC también pesa para los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos cuyo salario sea mayor de Q8 mil mensuales o maneje fondos públicos.
Para presentar esta declaración, tienen 30 días hábiles desde el momento de tomar posesión. El pasado 26 de febrero la CGC confirmó que el Presidente había cumplido con su obligación de presentar la declaración.
Este documento debe incluir el detalle de sus activos y pasivos, es decir, bienes, derechos y obligaciones del declarante, su cónyuge e hijos dependientes. Así, la declaración debe incluir la suma de sus propiedades, cuentas bancarias y deudas.
Los funcionarios están obligados también a presentar una declaración jurada patrimonial en un plazo de 30 días después de dejar el cargo.
De esta manera, legalmente se puede confirmar que el funcionario no se enriqueció ilícitamente durante el período que trabajó para el Estado.
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