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EE.UU: Continúan los ataques del Ministerio Público de Guatemala contra jueces y fiscales independientes

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Este 8 de marzo nuevamente el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica condena a la Fiscal General de Guatemala por detenciones de fiscales y jueces. Y hace un llamado al Ejecutivo para que respete los derechos humanos. Consuelo Porras, la fiscal, es señalada de corrupción por el departamento de Estado y que le han quitado la visa para entrar a ese país. Este es el comunicado emitido:

Redacción/La Prensa de Occidente

Estados Unidos está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción. Los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos.

Además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales. También nos alarma que las demoras procesales a menudo colocan a los servidores públicos en las mismas instalaciones que aquellos a quienes ayudaron a investigar o condenar, lo que genera graves riesgos para su seguridad.

Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia. Los esfuerzos del Fiscal General para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala.

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