El arzobispo de la arquidiócesis metropolitana de Los Altos, Quetzaltenango y Totonicapán, Mario Molina, hace un llamado a la conciencia de la fiscal Consuelo Porras y Rafael Curruchice a que presenten su renuncia ante la ingobernabilidad que están causando.
José Cancinos/laprensadeoccidente.com.gt
¿Como máximo jerarca de la Iglesia Católica en la región, cómo analiza los primeros ocho días de crisis política que vive el país?
-Soy miembro de la Conferencia Episcopal de Guatemala y publicamos un comunicado donde se manifiesta que la situación del país es grave. La percepción de parte de la población es que, las acciones -del MP- son un abuso de la ley, son prevaricato. Ciertamente la gota que colmó el vaso fue el secuestro de actas y los votos y de todo el material electoral. Eso fue como lo máximo, puesto que el Tribunal Supremo Electoral es el ente rector del proceso electoral.
-Entonces allí hubo una percepción de que, aunque la acción estuvo amparada por la decisión de un juez, esa decisión del juez excedió las capacidades legales. Eso creo que fue lo que desbordó el vaso y llevó a cabo las manifestaciones que hoy estamos en el noveno día. Hay una demanda de parte de los manifestantes de que la jefa del Ministerio Público, el jefe de la FECI y de que el juez Orellana renuncien. Nosotros en el comunicado hemos respaldado esa petición de la población en concreto, pidiéndole al Presidente de la República que le solicite la renuncia a los personajes mencionados. Y por otra, apelando directamente a la conciencia de la señora Consuelo Porras y al señor Curruchiche, para que presenten su renuncia.
-En nuestro comunicado no nos ponemos a juzgar la culpabilidad, pero la percepción es que se han excedido en sus facultades y la necesidad de que renuncien está dictada, su presencia en los órganos del Estado causan la parálisis social que estamos teniendo y el único modo que se vuelva a la normalidad es con la renuncia de estos dos funcionarios, por lo menos.
¿Usted le pediría directamente la renuncia a la fiscal Consuelo Porras?
-Todo ciudadano tiene derecho a petición. Creo que el fundamento es ese. En todas las sociedades democráticas cuando un funcionario, no solo cuando ha hecho algo malo, sino cuando comienza a percibirse que sus acciones impiden el bien común, que sus acciones ya no son bien recibidas por la población, los funcionarios deben presentar la renuncia.
-Un antecedente así muy notorio fue la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente. Allí todavía no había demostración judicial de culpabilidad, la población pidió, la Conferencia Episcopal también pidió su renuncia. Yo recuerdo que el argumento era: “Aquí no estamos juzgando si usted es culpable o no es culpable de los cargos que se le atribuyen. Aquí estamos juzgando que su continuidad en el cargo hace del país ingobernable”. Yo creo que fue un argumento de ese tipo el que llegó a la renuncia de Otto Pérez Molina, después se entró en el juicio y se demostraron culpabilidades. Pero en el momento de la renuncia no había ningún juicio, ni ninguna demostración de ninguna culpabilidad. Lo que estaba en juego era la gobernabilidad del país. Es un caso semejante. La funcionaria en cuestión ahora es de menos rango que el Presidente, pero es la figura de suma importancia en la conducción de la justicia de este país.
¿Cuál tiene que ser el actuar del pueblo católico en este momento?
-Toda acción humana tiene una repercusión política y la religión también. La Iglesia Católica está presente a través de sus laicos en todas las realidades temporales y allí es donde tiene que desarrollar su vocación. Los obispos intervenimos como hemos hecho ahora, cuando la situación social política del país exige algún tipo de iluminación y nuestro enfoque normalmente tiende a basarse en la búsqueda de los principios éticos que rigen la situación. En el comunicado también nos dirigimos a los manifestantes y les pedimos que continúen, porque eso es legal, pero que permitan el tránsito de personas, vehículos, porque no es posible que la búsqueda del bien común se deba hacer perjudicando a otros.
-No hay abastecimientos de combustibles, de comida. Los agricultores no pueden sacar sus productos, por lo tanto estamos pidiéndole también a los manifestantes que manifiesten, pero que también arbitren los medios para que se restituya la circulación de personas y de vehículos y mercancías en el país. Eso es una cosa ética, no sólo es una opción legal, pues también los manifestantes pueden estar causando daño colateral con la obstrucción total de la circulación de vehículos en el país, por lo tanto ahí hay también una dimensión ética del asunto.
https://laprensadeoccidente.com.gt/2023/10/07/a-pesar-que-el-mp-le-dijo-a-almagro-que-no-se-involucrara-giammattei-pide-a-oea-que-intervenga-esto-se-sabe/
¿Monseñor en algún momento como máximos líderes han tenido temor que en el país les pueda suceder algo similar como recientemente se vivió en Nicaragua contra la Iglesia Católica?
-Predecir el futuro es muy difícil. El ser humano es capaz de todo. Uno puede tener un deterioro de la democracia y en la medida en que las instituciones democráticas se debiliten, por la instrumentalización de parte de los funcionarios que habitan esas instituciones, si los funcionarios en los diversos organismos del Estado utilizan su autoridad, su poder en esos organismos de manera ilegal, incorrecta o inmoral, se debilitan esas instituciones y se socava la la democracia, la institucionalidad democrática del país y esa es una preocupación.
-Una vez que haya una dictadura, un régimen no democrático, cualquier cosa puede pasar. Porque allí ya no es el imperio de la ley, sino la ley del más fuerte, la ley del más pícaro, la ley del que tiene el poder por el mango y ahí sí pueden ocurrir cualquier tipo de persecución contra la Iglesia, contra empresarios, contra periodistas y contra cualquier tipo de personas que tengan una actitud crítica hacia la situación.
-Por lo tanto, más que en el futuro haya una persecución a la Iglesia, el temor mayor es una debilitación, un socavamiento en un colapso de la institucionalidad democrática del país.
¿Qué opinión le merece el actuar del Ministerio Público que ha violentado la libertad de expresión y la libertad de prensa?
-Estas son expresiones de qué grado de debilidad de la institucionalidad democrática estamos llegando, cuando se amenaza a los periodistas. La libertad de prensa y la libertad de religión son dos tipos de libertades que normalmente se ponen juntas porque las dos tienen que ver con la verdad y con la conciencia. Un periodismo honesto es un periodismo que no está al servicio de intereses, sino al servicio de la información y de la verdad. Un periodismo ya en función de intereses tiene que estar compensado entonces por una pluralidad de empresas de información que desde los diversos intereses entonces informen y le permitan al ciudadano enterarse de lo que está ocurriendo.
-Pero normalmente en los documentos la libertad de expresión y la libertad religiosa suelen ir juntas, por lo tanto, en la medida en que haya un socavamiento de la institucionalidad democrática, no sólo puede haber mayores posibilidades para una supresión de la libertad o una limitación de la libertad religiosa, sino igualmente para una limitación de la libertad de pensamiento y libertad de expresión que es donde se ampara el periodismo.
https://laprensadeoccidente.com.gt/2023/10/09/conferencia-episcopal-pide-al-presidente-giammattei-se-pronuncie-en-defensa-del-bien-comun/
