Funcionarios del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y del Instituto Nacional de Bosques (INAB) fueron citados el jueves 16 de mayo al Congreso por el diputado Cristián Álvarez para rendir informe sobre cuál ha sido su actuar alrededor de la destrucción del parque Benito Juárez.
José Cancinos/laprensadeoccidente.com.gt
Dicha fiscalización dejó al descubierto y confirmó acciones ilegales en que incurrió la municipalidad de Quetzaltenango al intervenir el parque sin ningún tipo de autorización por parte de la Oficina del Centro Histórico (OCH) de la misma Municipalidad y menos del IDAEH.
Según el informe del IDAHE, el acuerdo ministerial 281 de 2004 declara al parque Benito Juárez como patrimonio cultural y natural de la nación, significa que pertenece al Estado y a todos los guatemaltecos, que merece la protección pertinente departe del estado con esto se sujeta a todas las leyes de conservación del patrimonio.
“Físicamente es el quiosco, los cuatro monumentos y todo lo que haya sido colocado dentro del espacio, que es la planta del parque, lo construido, que es lo que ornamenta y acompaña al parque, las razones por las que se colocaron ahí. Todo ese parque es el patrimonio de la nación. Ahorita lo dañaron al ingresar con maquinaria, lo que nosotros tenemos que ver es que quede la planta como está. Ahora habrá que hacer un trabajo de limpieza al piso, remodelación de muchas partes y velar porque vuelva a tener ornamentación natural”, indicó Claudia Monzón, directora General del Patrimonio Cultural y Natural.
Cuestionada la directora del IDAEH por el diputado Álvarez sobre qué debió de cumplir de requisitos el alcalde López para utilizar una tractor, la respuesta fue haber presentado un proyecto antes de empezar a intervenirlo, lo que significa que debió hacerlo antes de noviembre, pero lo hizo hasta en marzo.
IDAEH denuncio la situación el 21 de diciembre en el Ministerio Público en la fiscalía Delitos contra el Patrimonio por la posible comisión del delito de violación a las medidas de protección.
Empleados DEL INAB firmaron un documento que dicen que los árboles de Quetzaltenango son plantaciones voluntarias y por lo tanto el alcalde puede talarlos
Más concreto que naturaleza
Brenda López, delegada del IDAEH en Xela, indicó que el primer proyecto de remodelación que presentó la Municipalidad pretendía convertir el Benito Juárez en un 80 por ciento de concreto y eliminar lo vegetal. “En una mesa técnica se estableció que se debe recuperar el 80 por ciento del área verde del parque y que no lo modifiquen”, indicó López.
Lo que provocó el reproche del diputado Álvarez es enterarse que el IDAEH en un acto “expres” extendió el permiso al alcalde López de intervenir el parque cuando ya se había iniciado de forma ilegal en un monumento que debe contar con arquitectos especializados. El 13 de marzo ingresó el expediente de solicitud en la ventanilla y le fue autorizado el 8 de abril. En 18 días hábiles le fue autorizado la solicitud.
“En este lugar se metió cualquiera, cualquier operario de máquina, sin conocimiento previo. ¿Y a esa gente desbocada usted le firma un permiso expres para que sigan trabajando en el parque? Y usted lo premia, lo que usted hizo con ese señor (Juan López) fue premiarlo para que ya no lo siguieran presionando (población), usted lo premió y le dio su permiso. ¡No se lo merecía!”, reprochó el diputado.
«Cualquier ciudadano puede hacer lo que la ley le permite, el alcalde puede talar los árboles que desee»
Á merced de los empleados públicos
Los funcionarios del INAB informaron que la Municipalidad de Quetzaltenango desde el 8 de septiembre de 2021 inscribió todos los árboles del municipio que incluye el de los parques como “una plantación voluntaria” que le permite talarlos en cualquier momento sin ningún tipo de autorización.
Dicha inscripción preocupó al diputado Álvarez quien comentó que eso significa que si al alcalde López se le ocurre “volarse todos los árboles del zoológico de Quetzaltenango”, lo hará.
El congresista recomendó al INAB analizar la revisión técnica y jurídica de la modalidad de plantación voluntaria que es un atentado para los árboles de cualquier municipio del país, pues quedan a discreción de los alcaldes derribarlos o mantenerlos en pie.
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