Un amparo presentado por la Fundación Contra el Terrorismo, buscaba detener el trámite de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual daría pie para que sea destituida Consuelo Porras, como fiscal general.
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
Según el medio digital Prensa Comunitaria, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el amparo que buscaba detener las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público para proteger a Consuelo Porras en el cargo de Fiscal General
La organización de Ricardo Méndez Ruiz, Fundación Contra el Terrorismo, pidió el amparo por “la amenaza cierta e inminente que el presidente de Guatemala, aplique de manera retroactiva las reformas al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República de Guatemala, una vez aprobadas por dicho Congreso y sancionadas por el presidente de la República, lesionando derechos adquiridos aplicables al período constitucional 2022-2026 del fiscal general”.
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La resolución de la CC
La CC consideró que no se acreditó una amenaza en contra del cargo de fiscal general dado que el Organismo Legislativo no ha empezado a analizar la propuesta de reforma planteado por el Ejecutivo.
“Este Tribunal observa que, a la presente fecha, la discusión de la iniciativa de ley presentada por la autoridad denunciada no ha iniciado, por lo que no logra corroborarse la proximidad, cercanía o inmediatez de las condiciones requeridas para que la amenaza denunciada eventualmente se concrete”. En otras palabras, el amparista basa su planteamiento en “una mera conjetura sobre la posibilidad de que se aprueben reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, indica el texto de la resolución de la CC.
El 6 de mayo el presidente Bernardo Arévalo, llegó al Palacio Legislativo para presentar una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con la que busca “restablecer los parámetros que establece la Constitución Política de la República para la remoción del fiscal general y jefe del MP”.
Según Arévalo, la propuesta de reforma busca preservar la autonomía del Ministerio Público para que funcione eficazmente.
El Ejecutivo optó por reformar dicha normativa debido a que una reforma del 2016 dejó establecido que el fiscal general puede ser removido del cargo toda vez sea encontrado culpable de un delito.
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