La ANAM presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento que los obligaba a entregar el informe el 30 de mayo. Insistió en la autonomía municipal. La resolución es provisional.
Ana Valdez/ojoconmipisto.com
La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), al decretar la suspensión provisional de los artículos 3 y 24 Bis, del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos. La disposición tiene el alcance de eximir a los alcaldes de presentar los estudios diagnósticos para la construcción de plantas de tratamiento y luego de iniciar su construcción. Esto, por ahora.
Uno de los principales argumentos de la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANAM es que la aplicación del reglamento viola la autonomía municipal. “La autonomía se ve afectada porque nos dan obligaciones, pero no fondos”, dijo el presidente de la ANAM, Sebastián Siero.
El 30 de mayo de 2024 venció el plazo que tenian las municipalidades para presentar estudios queexpliquen dónde vierten sus aguas negras, informó la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes. El 2 de mayo de 2025 deberíán empezar a tratarla. La CC, por su parte, resolvió de manera provisional el mismo día.
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MARN versus Anam
“Lo que buscamos es que el acuerdo 236-2006 quede sin validez”, afirmó Siero, también alcalde de Santa Catarina Pinula. El objetivo es crear una nueva versión de ese acuerdo que ahora es “irreal”, agregó. El mismo estipula que para mayo de 2025 las municipalidades deben construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
“El tema de drenajes hay que atenderlo, en eso estamos de acuerdo… Encontramos muchas falencias en el acuerdo que no es factible ni en montos, ni en tiempos”, comentó Siero.
El ministerio de Ambiente estableció como fecha límite para presentar, con carácter de obligatoriedad, los estudios diagnósticos de la construcción de plantas de tratamiento el 30 de mayo. Hace cuatro semanas, la ministra Patricia Orantes aseguró que después de 11 prórrogas para aplicar el acuerdo no habría más extensiones de plazos.
“Ella sabía que presentaríamos la inconstitucionalidad y no dejó de molestarse”, reconoció el presidente de la Anam. “El mayor problema que tiene la implementación del acuerdo es que no se le asignan fondos”, dijo.
Sin fondos para que cobre vida
“Hace años el Congreso autorizó un decreto que obligaba a las municipalidades a tener dos plantas de tratamiento de agua como mínimo… Para muchos alcaldes esto presupone la dificultad de conseguir un terrenos de 20 por 30 metros municipal y que además se sitúe a la orilla de un río”, explicó Felipe Pop Cucul, alcalde de Cobán y vicepresidente de la Anam.
El costo de una planta de tratamiento, calculó Pop, está entre los Q8 y los Q10 millones y hay municipalidades que sus ingresos anuales están por debajo de esas cantidades. “Carchá, por ejemplo, hasta ahora después de cuatro años va a terminar su primera planta. Lo que está haciendo la CC es amparar a los alcaldes y evitar que sean sancionados por no construir plantas de tratamiento por no tener dinero”, agregó.
“Estamos de acuerdo en trabajar el problema de las aguas negras, pero para eso se necesita financiamiento del gobierno central”, refirió Pop.
Jugada astuta
Para el abogado y exalcalde Selvin García, aunque la CC atendió al argumento de la autonomía municipal en el fondo el tema es financiero. “La ANAM en una jugada astuta se anticipó a la obligatoriedad de presentar los estudios diagnósticos de las plantas de tratamiento”, comentó.
La CC corrió audiencia al presidente Bernardo Arévalo, a la ministra de Medio Ambiente y al presidente de la Anam.
Ojoconmipisto buscó la versión de la titular de Ambiente por medio de su asesora Sophia Vega, pero no respondió llamadas ni mensajes.
(*) A las 20 horas, Orantes respondió en redes sociales con este mensaje donde anunció que dará una «batalla legal fuerte para defender el derecho humano a un ambiente sano”. Expresó su extrañeza por la decisión de la Anam de interponer la acción de inconstitucionalidad cuando más de 250 municipalidades cumplieron con entregar sus estudios.
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