Después de las 22:00 horas del viernes 21 de diciembre, la juez del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango empezó a dar resoluciones y estas son las expresiones. Y casi a una semana de que ligara a proceso a 14 personas y les otorgara medida sustitutiva, los exfuncionarios señalados se encuentran en prisión preventiva.
Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente
El pasado viernes 21, la juez Abelina Cruz Toscano, consideró la existencia de suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten proceso penal; sin embargo, consideró también que no existe peligro de fuga, por lo que otorgó a los exfuncionarios arresto domiciliario, más el pago de una caución económica de un millón de quetzales cada uno.
Hasta ahora solo el exconcejal Maximiliano de León Argueta ha solicitado mediante su abogado el recibo para hacer efectivo el pago de la multa y gozar de la medida sustitutiva.
Francisco Cotom, defensa del exalcalde, indicó que se presentará una apelación porque su cliente no cuenta con los recursos económicos para hacer efectivo el pago de la multa. “Vamos a presentar una petición para que se reduzca el monto”, aseguró.
La misma acción será presentada por la defensa de los cuatro exfuncionarios involucrados, pues señalan que no tienen la posibilidad económica para cancelar la multa.
En el caso de los siete contratistas, desde la semana pasada están en arresto domiciliario, tienen hasta este 28 de diciembre para hacer efectivo el pago de Q75 mil; hasta ahora solo uno ha realizado el pago; el exempleado Mario Pacay también corrió con la misma suerte que los constructores y deberá cancelar una caución de Q 50 mil.
Antecedentes
Según la Feci y la Cicig, desde 2004, cuando Jorge Rolando Barrientos Pellecer ganó las elecciones como alcalde de la Municipalidad de Quetzaltenango y fue reelecto para los períodos 2008-2012 y 2012-2016, llevó a cabo actos de corrupción en el manejo de obra pública. Según la investigación, Barrientos Pellecer, supuestamente, desarrolló una estrategia que implicó la generación de una estructura conformada por distintos concejales y síndicos, así como personas particulares, quienes pertenecían a su círculo más cercano, con las que otorgaron de manera fraudulenta al menos 135 contratos municipales a cambio de dinero.
Falta de mérito y sin cargos
Desde septiembre pasado, los 19 implicados guardaron prisión preventiva; fue hasta el 21 de este mes que la juez Abelina Cruz Toscano otorgó falta de mérito a seis personas, que dicho sea de paso cinco son integrantes de la familia del exalcalde:
-Rossana Schoenfeld Gramajo de Barrientos.
-Vivian Carolina Jacobs Rodríguez.
-Carmen María Barrientos Salguero.
-Ana Gabriela Barrientos Salguero.
-René Arturo Morales Rosal.
Por lo que ordenó su inmediata liberación.
No pueden echar mano de sus propiedades
En octubre, el Juez de Diligencias Urgentes otorgó la inmovilización de vehículos, fincas y casas de ocho de los sindicados en este caso, entre los que se menciona al ex jefe edil, su esposa y sus hijas, además del exconcejal Maximiliano de León, del exsíndico Carlos Illescas y de la exgobernadora y exdiputada María Elisa López Ixtabalán.
Las propiedades todavía se encuentran inmovilizadas porque pueden acceder a estas, pero no podrán disponer de ellas, es decir, que no pueden vender o hipotecar las mismas, según explicó el abogado Jefry Díaz, lo que indica que no podrán hacer uso de estos bienes para pagar la fianza impuesta.
