Irma Alicia Velásquez Nimatuj, mujer maya k’iche’ de Quetzaltenango, se graduó en Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cursó el doctorado en Antropología Social en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Allí reside temporalmente y combina su labor en Guatemala con actividades en otros países de América, donde es invitada a congresos, seminarios y conferencias.
Daniel Tucux Coyoy | laprensadeoccidente.com.gt
Nuestra entrevistada ha sido profesora visitante en varias instituciones, como el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long de la Universidad de Texas, Austin, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, y del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos de América.
Dentro de las responsabilidades institucionales, Velásquez Nimatuj fungió como asesora en varias agencias de Naciones Unidas como el Fondo para la Infancia y ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ha sido columnista de prensa y escrito artículos y ensayos sobre diversos temas de la realidad guatemalteca.
Para la presente entrevista, la contactamos durante el trajín de su labor profesional y académica cotidiana, que en estas fechas la llevó a Sudamérica. Sin embargo, hizo tiempo para reflexionar sobre varios aspectos de la realidad social, política y cultural de Guatemala.
Sobre educación, cultura y desarrollo
Usted ha sido una voz presente en las Ferias Internacionales del Libro, ha estado en FILGUA, FILXELA, entre otros, ya sea presentando obra, comentando, etc. ¿Cuál considera que es el aporte de la lectura a la sociedad?
Quisiera empezar diciendo que la lectura no es un lujo cultural, sino una herramienta de poder. Un pueblo que lee cuestiona, contrasta, exige cuentas, y en Guatemala el poder ha entendido esto mejor que nosotros mismos, por eso, el sistema educativo no ha priorizado formar lectores críticos, sino población dócil.
Cada feria del libro, sea FILGUA, FILXELA u otra, es, en el fondo, un acto de resistencia frente a un Estado que apenas dedica un 3 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, Según la UNESCO, este es uno de los porcentajes más bajos de América Latina, por debajo del 6 o 7 por ciento que los organismos internacionales recomiendan para transformar la calidad educativa y la formación de las nuevas generaciones.
Y mire, esta cifra se traduce en bibliotecas escolares vacías o inexistentes, en municipios lejanos de departamentos como Petén, Quiché o Alta Verapaz donde un niño o una niña pueden concluir la primaria sin haber tenido jamás un libro de literatura en sus manos, solo el texto único que reparte el Ministerio.
Por eso, las ferias del libro cumplen una función que debería de ser del Estado y no lo es. Las ferias locales o nacionales acercan al público, sobre todo a las y los jóvenes del interior, a una bibliodiversidad que su escuela nunca les podrá ofrecer, por los límites estructurales que existen. He visto en FILGUA, por ejemplo, a adolescentes de institutos públicos descubrir, por primera vez en sus vidas, que existe literatura escrita por mujeres mayas, y ese instante puede cambiar la relación que tienen con su propia identidad.
Por eso, leer, en un país que ha intentado borrar la memoria de sus pueblos, es un acto de reconstrucción histórica.
En Guatemala, el índice de analfabetismo ronda el 18.5%. ¿Cómo considera que se debe abordar esta problemática?
Esas cifras no son un fracaso técnico, son una decisión política sostenida por décadas y siglos. El analfabetismo golpea con más fuerza a las mujeres que representan cerca del 60 por ciento de la población analfabeta actual, según proyecciones del INE y se concentra en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, los departamentos de mayoría indígena, donde además coinciden los índices más altos de pobreza y de mortalidad materna del país. No es coincidencia, en el fondo es el mismo mapa de exclusión repetido en cada indicador social que se presenta una y otra vez.
Y honestamente creo que no se resuelve con más campañas de CONALFA en español, que durante décadas alfabetizaron a personas que hablan k’iche’, mam, q’eqchi’, kaqchikel u otro idioma maya en una lengua que no es la materna, con resultados que se pierden en pocos años. Se resuelve con educación bilingüe intercultural real no con educación bilingüe para pobres, como es ahora —y lo digo porque conozco escuelas y aulas bilingües—.
Se enfrenta con maestros preparados y conscientes que hablen el idioma materno del niño y la niña desde la preprimaria, con materiales pertinentes culturalmente, y con presupuestos que lleguen al aula, no a la burocracia central del Ministerio de Educación. Y cuando el 85 por ciento de las y los niños de sexto de primaria no alcanzan el nivel esperado en lectura, según las propias evaluaciones nacionales, el mensaje es claro, la escuela pública de Guatemala está formando población para el trabajo precario, no para ejercer la ciudadanía crítica.
¿Considera que la tradición y/o cosmovisión maya ha sido acogida por la educación nacional?
No ha sido acogida, al contrario, apenas ha sido tolerada como costumbre o prácticas exóticas en un mundo que denominan “tecnológico”. A pesar de que los pueblos indígenas representan casi la mitad de la población total, sus cosmovisiones no han sido incorporadas a los currículos como conocimientos que poseen marcos propios de saberes.
El currículo nacional menciona la «diversidad cultural» en un párrafo y sigue enseñando historia, ciencia y matemáticas desde una sola matriz que es la occidental.
La educación bilingüe intercultural existe en el papel desde los Acuerdos de Paz de 1996, específicamente desde el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995 y desde la Reforma Educativa de 1997, pero, en la práctica, quizá menos de la mitad de los docentes que atienden a la niñez maya realmente hablan su idioma, y la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural sigue siendo una dirección secundaria dentro del Ministerio, con una fracción mínima del presupuesto educativo total y ha dependido para operar, en mayor proporción, de la cooperación internacional.
El resultado es que un niño ixil o q’eqchi’ llega a primero primaria y se enfrenta a una maestra o maestro que no habla su idioma, a un currículo que no menciona ni enseña, por ejemplo, el Popol Wuj más que como anécdota, o a una matemática maya vigesimal, con el cero creado siglos antes que en Europa, que es un saber científico que nació del trabajo de estas tierras mayas, pero que no se les explica. Esto, entonces, no es diversidad cultural, es asimilación disfrazada de inclusión.
¿Cómo se puede proteger la identidad cultural indígena sin aislarla del desarrollo tecnológico, económico, entre otros?
Para mí es un falso dilema. La amplia cultura maya no es una pieza de museo que se rompe al tocar la tecnología, hoy los pueblos indígenas usan celulares, paneles solares y redes sociales sin dejar de ser mayas. Hoy existen radios comunitarias y medios digitales que transmiten en k’iche’, mam, q’eqchi’ y en otros de los veintidós idiomas mayas que se hablan en Guatemala, precisamente para que la tecnología sirva a las identidades y no la sustituya. El problema no son los avances tecnológicos, el problema de fondo es: ¿quién controla la tecnología y quién se beneficia de ella?
Tierra y territorio
¿Cómo equilibrar la inversión económica con respeto a los territorios indígenas?
Este es un tema histórico complejo, pero hay que usar lo que existe y se podría equilibrar con un derecho que debe ejercerse y que el Estado guatemalteco evita y es la consulta y el consentimiento de las comunidades. Y no se trata de una consulta simbólica después de otorgada una licencia de reconocimiento, exploración o explotación sino del consentimiento previo, libre e informado, antes de firmar cualquier contrato y esto no se logra de manera inmediata, sino es un proceso. Guatemala, como país, tiene esa obligación jurídica desde 1996, no hay un vacío técnico, hay una omisión deliberada que favorece a empresas nacionales y mayoritariamente transnacionales para que ingresen a los territorios indígenas.
¿Qué opina sobre los proyectos extractivos en territorios ancestrales?
Estos proyectos han creado e instalado puntos de conflictividad social en el país, véase la experiencia de las comunidades en las mineras San Rafael en San Rafael Las Flores, San Juan Sacatepéquez, la mina Fénix, de níquel en El Estor, las hidroeléctricas en Huehuetenango o Ixcán, tienen el mismo patrón: imposición, criminalización de lideresas y líderes comunitarios, militarización, fractura del tejido comunitario y beneficios que no se quedan en el territorio, sino que se van a las empresas.
Estos proyectos imponen extremos y abusos de poder, en El Estor, por ejemplo, el Estado llegó a decretar Estado de Sitio en 2021 para proteger las operaciones de la mina, y reprimió simultáneamente a las comunidades q’eqchi’, una medida que la propia Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó por desproporcionada.
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En el municipio de Cahabón, el defensor q’eqchi’ y maestro Bernardo Caal Xol pasó más de 50 meses preso por ser el rostro público de la oposición comunitaria a una hidroeléctrica, en un proceso que organismos internacionales de derechos humanos calificaron de criminalización.
Estos son apenas dos ejemplos, pero hay informes y libros llenos de otros casos, no solo de Guatemala, sino en todos los territorios indígenas. Hoy los pueblos indígenas del mundo viven acechados, perseguidos y se busca su exterminio mundial por diversas formas y métodos.
En lo personal, no me opongo a los desarrollos, transformaciones o inversiones que decidan los propios pueblos, me opongo a un modelo extractivo que envía las ganancias afuera y donde los costos de la destrucción de la Madre Naturaleza la deben cargar las comunidades. Ríos contaminados o desviados, bosques talados, montañas bajadas y muchas otras pérdidas que están impactando en el cambio climático. La destrucción humana, animal, vegetal y mineral no aparecen en ningún balance de las regalías, pero son el costo real que paga el territorio y que más temprano que tarde pagaremos todos.
¿Qué oportunidades económicas pueden fortalecer a las comunidades indígenas sin afectar su cultura?
No creo que exista una cultura que se mantenga intacta, ni siquiera la de los pueblos indígenas que han decidido vivir en aislamiento voluntario, ellos mismos están transformando sus culturas ante la devastación de sus medios de vida y el constante acecho al que el sistema económico mundial los está sometiendo.
Sin embargo, está la autosostenibilidad propia, la economía comunitaria que buscan mantener una vida un poco equilibrada, el cooperativismo indígena que sacó a algunas comunidades de la pobreza extrema como Argueta, en Sololá o el turismo gestionado por las propias comunidades donde son las autoridades locales quienes deciden el ritmo y las condiciones de las visitas como la comarca Guna Yala, en Panamá, que tiene el control de su territorio y del turismo, este es un caso excepcional.
Está también la agricultura agroecológica con valor agregado o el comercio sin intermediarios de sus producciones donde posean la propiedad intelectual de sus creaciones, algo que en Guatemala aún no se legisla pese a que los diseños mayas se exportan y se copian sin retribución a las comunidades.
En estos casos, se intenta y se lucha por mantener una economía que crece desde adentro, no una que llega a extraer, pero es fácil decirlo y difícil lograrlo en este momento histórico por el que transitamos.
Para ser honesta, frente a la evidencia y los datos, la mayoría de las comunidades indígenas de Guatemala están sobreviviendo de las remesas que llegan del norte, de hecho, el monto total superó ya al presupuesto general de la nación, esto debería de preocuparnos porque es una dependencia peligrosa y sumamente frágil dado que se trata de una burbuja que estallará ante los cambios que el norte está imponiendo dentro y fuera de sus fronteras. De no lograr cambios internos e inversiones adecuadas de las remesas, se nos vendrá un tsunami de inequidades y conflictividad social en las próximas décadas.
Política y democracia
¿Qué aportes cree que el pensamiento maya le puede aportar, o le ha aportado, a la construcción democrática de Guatemala?
Muchos, esta pregunta daría para un curso, el principio complejo de mantener el equilibrio de la vida en general, que se traduciría como el «buen vivir» -término tomado de nuestros hermanos del sur de Abya Yala- que es familiar y comunitario; la autoridad rotativa y la rendición de cuentas ante la asamblea que es anual en las comunidades en donde aún se practica y que no permite, por el corto tiempo de la gestión que emerja la corrupción insondable y se instale como en el sistema político nacional.
También, la reciprocidad humana como base de la convivencia o la defensa de su derecho a mantener sus formas de vida e impedir que extremismos ideológicos, políticos o regímenes totalitarios se los arrebaten y los sometan a vivir bajo sistemas autócratas y el mejor ejemplo es la resistencia de 106 días de 2023, frente al intento de un golpe de estado institucional, en donde las autoridades indígenas no defendieron a Bernardo Arévalo, sino defendieron su derecho a no vivir bajo la concentración absoluta del poder que los destruiría, estos son aportes concretos frente a una democracia liberal que en Guatemala se volvió individualista y capturada por élites económicas, políticas y por fuerzas criminales.
Este hecho histórico demostró que las estructuras de autoridad maya no son reliquias del pasado, sino una de las pocas reservas democráticas sólidas que tiene hoy este país.
¿Qué tipo de liderazgo necesita Guatemala en los próximos años?
Uno que no se alíe con el crimen organizado, aunque deberá tener capacidad de negociar -no de venderse- con el pacto de corruptos porque es el que controla y opera desde el Congreso y el sistema de justicia, y desde allí están definiendo al país. Esto es complejo porque se trata de negociar con el mismo diablo.
Se necesita, entonces, un liderazgo colectivo, no caudillista, que rinda cuentas a las comunidades, no a las empresas extranjeras y que, finalmente, comprenda que gobernar un país mayoritariamente indígena sin indígenas en los espacios de decisión es contribuir a perpetuar el colonialismo interno.
El liderazgo que se requiere es uno que sepa resistir a las presiones sin sucumbir a las mieles del mismísimo poder y que abra espacios reales a las mujeres indígenas que llevan décadas construyendo propuestas políticas desde sus comunidades y organizaciones, pero a quienes solo se les sigue usando para darles un abrazo, tomar la foto y luego darles la espalda.
¿Cómo evalúa el estado actual de la democracia en Guatemala y cuáles considera que son los principales desafíos para fortalecer las instituciones?
Guatemala vive una democracia formal secuestrada por los operadores de la corrupción, con un Ministerio Público que se dedicó a perseguir durante los dos periodos de Consuelo Porras a magistrados, jueces independientes, autoridades indígenas, lideresas y líderes comunitarios, estudiantes universitarios, periodistas y a defensores de derechos humanos.
El caso del periodista José Rubén Zamora sigue siendo un ejemplo categórico. Él estuvo detenido desde julio de 2022, más de 1,295 días, hasta que en febrero de 2026 un juez le concedió arresto domiciliario. Aun así, sigue bajo medidas restrictivas, con procesos penales abiertos en su contra y con audiencias que se reprograman una y otra vez, en un patrón que Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado como persecución judicial prolongada contra un periodista que documentó la corrupción de los gobiernos desde 1996 hasta 2022.
Ahora, con la presentación del informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)” tenemos la documentación que evidencia el costo para diversos funcionarios y actores nacionales en diferentes áreas por investigar, denunciar, procesar y castigar la corrupción en la última década en Guatemala.
Este documento es una vergüenza y una tragedia al mismo tiempo, quizá por eso, el principal desafío en este momento es recuperar la independencia judicial. Y mientras las cortes se elijan por cuotas político-empresariales y no por mérito, y mientras los tribunales sigan funcionando como arma de castigo contra quienes fiscalizan al poder, cualquier reforma que se impulse desde la fiscal, pasando por la educativa, hasta la territorial, será cosmética.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son los tres retos más importantes que enfrenta Guatemala en este momento?
Es un poco difícil pensar en tres retos en un país tan destruido. Quizá primero, la cooptación del sistema de justicia, capturado por el pacto de corruptos. Segundo, la desigualdad estructural interna del país que golpea con más fuerza a la niñez y a las mujeres indígenas rurales que están embarazadas o en etapa de lactancia y a las ancianas.
Y tercero, la corrupción institucionalizada desde el poder municipal hasta el estado central, que hoy se disputa incluso el control de la única universidad pública del país, la USAC, que a su vez decide una parte de los cuerpos electorales que eligen a los magistrados y a otros funcionarios públicos que son claves dentro de la estructura del Estado. Los tres retos están conectados, porque quien controla la universidad, controla en cascada la justicia y las instituciones fundamentales del país.
¿Cómo pueden las nuevas generaciones recuperar la confianza en la política?
Preparándose tienen tanto acceso a información como nunca, además, leyendo la historia oficial y la historia real de su país y participando. La juventud que salió a las calles en 2015 y luego en octubre de 2023, junto a las autoridades ancestrales, demostró que sabe organizarse sin liderazgos caudillistas y sin violencia.
Lo que la juventud necesita ahora es que esa movilización se traduzca en instituciones que no la traicionen, como ha ocurrido tantas veces en la historia reciente de Guatemala, incluyendo al actual gobierno que esa juventud ayudó a defender. Y si el gobierno no logra desmontar acciones e instituciones del pacto de corruptos, la desconfianza se agravará, porque no habrá sido un problema de falta de participación, sino de instituciones que siguen bloqueando esa participación desde adentro.
Sin embargo, la esperanza es la juventud y lo digo por conciencia histórica, porque he aprendido que quienes han hecho las revoluciones del mundo han sido las juventudes, por eso, no deben olvidar el poder que tienen, sino al contrario deben usarlo.
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Si hoy fuera posible impulsar una sola reforma para transformar Guatemala, ¿cuál considera que debe ser y por qué?
La reforma constitucional al sistema de justicia, la elección de cortes por mérito y no por cuotas político-empresariales como es ahora, cambiando de raíz el sistema de comisiones de postulación que hoy filtra a los candidatos antes de que lleguen al Congreso.
Hoy sabemos quiénes llegarán siendo las y los más corruptos, aquí ni las mujeres se salvan, basta con ver a las actuales magistradas de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, con muy pocas excepciones, ellas han traicionado y usado las demandas de las mujeres para llegar a servir a los sectores corruptos y conservadores del país.
Vergonzoso ejemplo suman ellas a la historia de la participación de las mujeres dentro del sistema de justicia. Este sistema está fracasado y esta derrota arrastrará al país durante el resto de las décadas que le quedan a este siglo.
Mire, sin justicia independiente, ninguna otra reforma, como mencioné arriba, sobrevive al siguiente pacto de corruptos. Por eso, insisto en que no es una reforma más entre varias posibles, en el fondo, es la que habilita o bloquea todas las demás reformas que son necesarias para nuestro país.
¿Qué opinión le merece el caso USAC, en cuanto a la legitimidad en la elección de su Rector?
La USAC es un espejo del país. Walter Mazariegos asumió su segunda gestión el 1 de julio, pese a que solo 15 de los 34 cuerpos electorales exigidos por el reglamento participaron en la votación del 8 de abril, con al menos dieciséis acciones legales presentadas ante la Corte de Constitucionalidad y otras instancias que en su mayoría quedaron sin resolver, y con la propia Misión Especial de la OEA en Guatemala declarando, los días 1 y 2 de julio, que la toma de posesión no despeja las dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso, señalando exclusiones arbitrarias de votantes, acreditaciones selectivas y denuncias de intimidación.
Si esta secuencia de acciones y hechos hubiera ocurrido antes en la USAC no hubieran quedado en la impunidad, porque quienes estaban al frente de la Universidad y del sistema de justicia eran profesionales y expertos en sus áreas con un mínimo de integridad y conocimiento.
Hoy Mazariegos encarna la degradación de la USAC, del sistema de justicia y del país. Un gestor universitario sin obra académica propia, sin libros ni artículos individuales indexados que lo avalen como intelectual.
Él ha convertido la rectoría en un aparato de poder clientelar, blindando su reelección mediante la exclusión arbitraria de cuerpos electorales, manipulando acreditaciones e intimidando con violencia a sus opositores, con un mandato sostenido por redes políticas corruptas y criminales y no por autoridad académica, científica o moral.
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En una universidad que debería ser ejemplo del rigor investigativo y la ética profesional, Mazariegos representa la primacía de la supervivencia institucional sobre la integridad, un rector habilitado por un sistema de justicia que él mismo ha ayudado a construir, pero en el fondo el país y las instituciones académicas internacionales saben que es políticamente ilegítimo.
Por eso, los centros de investigación de clase mundial jamás lo invitarían, porque saben que su presencia en sus recintos no honraría a la academia, sino que contaminaría el poco prestigio que aún les queda a las instituciones guatemaltecas.
Pero ojo, Mazariegos está nuevamente en la rectoría, no solo porque es un operador del pacto de corruptos, sino además, porque un sector importante de la USAC desde autoridades, sectores administrativos financieros, profesores, estudiantes, sindicatos, seguridad y otros se han corrompido y se han alineado a esta mafia, y esto no ocurrió de un año a otro, esto fue un proceso impulsado desde décadas atrás, en donde otros rectores empezaron a convertir a la USAC en un elefante blanco que prostituye la formación y que, en muchos casos, se ha dedicado a vender clases y títulos más que a formar a los expertos que el país necesita para transformarlo.
Este es un caso dramático en donde los pocos profesionales y estudiantes probos desde adentro mantienen con dignidad una resistencia, contra estos sectores criminales.
Si se pierde la USAC, no perderán únicamente quienes no pueden pagar una universidad privada sino perderá el país entero. La USAC no es una institución marginal ni un simple centro de formación profesional. Por mandato constitucional y por su presencia en más de cincuenta instancias estratégicas del Estado, participa en decisiones relacionadas con la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, la Junta Monetaria, el IGSS, el CONADUR y el sistema nacional de ciencia y tecnología.
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Por eso, la captura de su rectoría no es únicamente un problema interno de la comunidad universitaria, es la captura de una pieza decisiva del Estado guatemalteco, porque quien controla el Consejo Superior Universitario controla, en cascada, una pieza decisiva del reparto de la economía, la justicia y la riqueza guatemalteca.
Cuando una universidad con tremendo poder institucional se administra mediante la exclusión, el clientelismo y la violencia, sus consecuencias alcanzan la justicia, la democracia, la economía y la vida social del país. Se pierde la posibilidad de producir conocimiento crítico, formar liderazgos honestos y sostener los avances científicos que alguna vez caracterizaron a esta casa de estudios.
Defender la USAC, entonces, no es defender un privilegio corporativo, es defender la última gran institución pública llamada a pensar, cuestionar y transformar Guatemala. Si la USAC termina convertida en un instrumento al servicio de redes corruptas, el país no solo perderá su universidad pública sino perderá, literalmente, una de sus últimas reservas de pensamiento crítico, autonomía, justicia social y dignidad institucional.
