En la actualidad, las mujeres en Guatemala representan la mayoría de la población general, más del 52%, no obstante este dato, históricamente han sido marginadas, excluidas y discriminadas de manera sistemática, no solo por el hombre considerado en lo individual, sino por el Estado, cuyas políticas han sido reflejo de su estructura racista, patriarcal, clasista y desigual, limitando a la mujer, espacios de participación efectivos y seguros.
Glenda Ixtabalán[1]
La igualdad de género implica que hombres y mujeres puedan disfrutar de los mismos derechos, oportunidades, recursos y protección. Sin embargo, en Guatemala la realidad es totalmente diferente, a pesar que cada 8 de marzo se conmemora el “Día internacional de las mujeres”, declarado oficialmente por la ONU en 1975. El impacto de las desigualdades históricas está presente en las cifras de violencia, en la casi nula participación de mujeres en espacios sociales, económicos y sobre todo políticos. De acuerdo al PNUD, Guatemala se ubica en el percentil 72, siendo el segundo país con mayor desigualdad de género en Latinoamérica, luego de Haití. En el año 2020 fueron asesinadas 502 mujeres, 652 en 2021 y de acuerdo al Ministerio Público, en 2023, se contabilizan 231 denuncias diarias de delitos en contra de mujeres, niñez y adolescencia, muchas de las cuales se quedan impunes y sin seguimiento. De nada ha servido la legislación nacional ni los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que protegen a la mujer, de las cuales Guatemala es signataria.
Guatemala se ubica en el percentil 72, siendo el segundo país con mayor desigualdad de género en Latinoamérica
Las condiciones para una vida digna en Guatemala, en general son deplorables, pero ser mujer es triste en un país tercermundista, poblado por fanáticos religiosos y en donde la doble moral y la religión navegan de la mano de los políticos que perpetúan un sistema cuasi colonial-patriarcal. Niñas son obligadas a ser madres, pero es un tabú casi delictivo plantear el aborto en circunstancias especiales. Irrisorio resulta que grupos “pro vida”, que claman por la pena de muerte, promuevan “40 días de oración” por la vida y por el fin del aborto”. Si bien la vida es el derecho fundamental y más desde las cosmovisiones originarias, también es cierto que el tema del aborto debe analizarse contextualmente y poner en discusión el derecho innato de la mujer a disponer de su cuerpo.
En este panorama obscuro radica luz en las luchas y resistencias de mujeres, que lejos de los convencionalismos de muchas ONG’S, desde sus comunidades y espacios no han dejado de procurar sus derechos, enfrentándose al Estado y sus instituciones. Hay esperanza en esas mujeres que buscan reformar las leyes, contextualizarlas, procurar la armonía y justicia entre géneros, así como la paz social a partir de la igualdad.
[1] Trabajadora Social Rural, lideresa maya-k’iche’, con estudios sobre descolonización, defensa de territorio, género y diversidad. Ha publicado artículos en libros y revistas. Labora para organismos internacionales en programas relativos a derechos humanos.
