El alcalde Juan Fernando López dio a conocer que se ganó una batalla legal que mantenía el grupo denominado Autoridades Ancestrales del Valle de Palajunoj y organizaciones comunitarias con el Registro de la Propiedad, quienes inmovilizaron las operaciones registrales de la finca 13, 645 donde se asienta la ciudad de Quetzaltenango.
Mirna Alvarado/LaPrensadeOccidente
En agosto pasado el jefe edil Juan Fernando López informó a los alcaldes comunitarios de la ciudad de Quetzaltenango, que la agrupación de Autoridades Ancestrales reclamaba la finca 13,645, la cual abarca toda la ciudad altense.
Los integrantes de esa agrupación, dieron a conocer por medio de una conferencia virtual su postura manifestando que el territorio sobre el que se asienta la ciudad de Xela es propiedad del pueblo Maya K’iche’ y está inscrita a nombre de “el común de Quetzaltenango”, y no de la Municipalidad altense, como, según ellos, lo consideran autoridades del Segundo Registro de la Propiedad.
Mario Cifuentes, síndico primero de la comuna altense, dijo en agosto pasado que en julio de 2019 la Sala otorgó un amparo provisional donde se anota que en la finca 13,645 no se puede realizar cualquier desmembración de derecho real.
Por ello se presentó un ocurso ante la Corte de Constitucionalidad, porque el amparo no era en contra de la Municipalidad, sino en contra del Segundo Registro de la Propiedad, “la Muni solo aparece como tercero”, enfatizó.
El ocurso tuvo resultados positivos para la municipalidad de Quetzaltenango, pues la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional planteado por el grupo autodenominado “Autoridades Ancestrales”.
El mandatario judicial municipal, Francis Peña explico que la sala manifestó que ahora la comuna puede disponer del territorio, sin embargo el proceso aun no ha finalizado, pero se estima que la revocatoria del amparo deja un precedente.
“Cuando se tiene un amparo provisional, se impide que se pueda realizar una operación registral, con la revocatoria la comuna puede otorgar, ceder o donar territorios para el bien común, como CAPS, Universidades y otros”, refirió Peña.
Se mantiene disputa
De acuerdo con el mandatario legal municipal, el pulso judicial continua dado que se han impuesto recursos de ambos lados los cuales deben ser resuelto por juez competente, aunque el logro es positivo aun falta determinar que el territorio es de la municipalidad.
De los argumentos
La agrupación denominada Autoridades Ancestrales del Valle de Palajunoj y organizaciones comunitarias, en los planteamientos se remontó a los años de 1600, cuando el pueblo Maya K’iche’ del municipio de Quetzaltenango, compró y adquirió en propiedad ante la Corona Española, 283 caballerías, adjudicado “al Común de Quetzaltenango”.
En esa época “no existía aún la Ciudad de Quetzaltenango y era conocido entonces como Pueblo de Indios”, señalaron. El título de la primera inscripción de dominio de la tierra comunal de “el Común de Quetzaltenango”, el cual está integrado por el Pueblo Maya K’iche’ de Quetzaltenango, fue otorgado el 28 de mayo de 1744 en Guatemala.
Después el 22 de noviembre de 1899, los representantes del Común de Quetzaltenango inscribieron ante el Registro de la Propiedad, las 283 caballerías como propiedad privada colectiva, “que le corresponde única y exclusivamente al pueblo Maya K’iche’, siendo la única propietaria de dicho territorio”, quedando registrada con el número de finca: 13,645, folio 154, del libro 84 del departamento de Quetzaltenango.
Señalaron acciones anómalas
La agrupación señaló que autoridades del Segundo Registro de la Propiedad en diversas oportunidades ha realizado operaciones registrales en forma anómala, como desmembraciones, entre el 22 de noviembre de 1949 y el 14 de mayo de 2018, las cuales han afectado “el derecho real de propiedad comunal de la finca 13,645”
Agregaron que sin documentación de soporte y sin fundamento legal alguno en las operaciones registrales realizadas en el lapso de tiempo indicado, se ha considerado que dicha finca es propiedad de la Municipalidad altense.
La agrupación esta integrada por Silvestre Quijivix López, de Xepache; Máximo Gómez López, de Chuicavioc; Salvador Cruz Cupil, de Llanos del Pinal; Alberto Pascua Pérez García, de Xecaracoj; y Francisco Cupil Say, de Llano del Pinal, quien presentó el 12 de octubre de 2018 una acción constitucional de amparo, ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y de Familia del Departamento de Quetzaltenango, constituida en tribunal constitucional de amparo, donde se reclamó el territorio.
“Con esta resolución podremos retomar algunos temas que han quedado pendientes como las reformas al Plan de Ordenamiento Territorial POT”, indicó el alcalde Juan Fernando López.
Agregó que con el amparo a favor de esa agrupación se verían afectados el Organismo Judicial, el Hospital Regional de Occidente, la Universidad Estatal, el INACIF y otras entidades que han recibido terrenos municipales en calidad de donación o usufructo.
“Estamos contentos porque se le devuelve a los Quetzaltecos lo que les pertenece”, acotó.
