El MP señala a los magistrados del TSE de tres delitos, los que habrían cometido al permitir la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado.
José Racancoj/La Prensa de Occidente
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó este miércoles una solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana y Mynor Custodio Franco Flores, así como del magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
La Fiscalía los señala de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
Esto por declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez como candidato a diputado por el partido Cambio, «teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que define los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades», señala el MP.
«Con fecha 13 de marzo de 2023, el Ministerio Público recibió denuncia en contra de los señores magistrados, quienes con fecha 9 de marzo de 2023, resolvieron dentro del expediente 930-2023 declarar con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Secretario General Nacional y Representante Legal del Partido Político Cambio revocando parcialmente la resolución PE-DGRC-354-2023 RJMJ/crrdi, de fecha 2 de marzo de 2023, proferida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, y en consecuencia se declaró procedente la inscripción del ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez, como candidato a Diputado al Congreso de la República de Guatemala por el listado nacional, en la casilla uno por el partido Cambio».
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Baldizón Méndez se encuentra sindicado por la Fiscalia Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso Odebrecht, en donde está ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilicita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos; y en el caso Transurbano enfrenta juicio por financiamiento electoral ilicito.
Además, fue condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, aceptando los cargos que le fueron imputados.
