Guatemala se encuentra en el proceso de selección del próximo fiscal general para el periodo 2022-2026.
Redacción / VOA NOTICIAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, urgieron al Estado de Guatemala a garantizar “los estándares internacionales de independencia e imparcialidad” en la selección del próximo jefe del Ministerio Público (MP).
Guatemala se encuentra en el proceso de selección del próximo fiscal general para el periodo 2022-2026.
Seis candidatos serán seleccionados por una comisión de selección y éstos serán presentados al presidente Alejandro Giammattei, quien escogerá al próximo titular del MP.
La CIDH y el Relator Especial de la ONU están preocupados por la transparencia del proceso, ya que, según un comunicadoconjunto, poseen “información sobre situaciones que afectan la transparencia e independencia en el funcionamiento de la Comisión de Postulación”.
De acuerdo con los organismos, miembros de la comisión están siendo presionados y acosados, y tienen conocimiento de por lo menos una renuncia por esta causa.
“Las fiscalías y sus personas titulares desempeñan un rol fundamental en el sistema de justicia penal en un sistema democrático; y que su labor independiente y libre de interferencias tiene un impacto directo en el acceso a la justicia […] así como en la lucha contra la corrupción”, afirmaron.
La petición de CIDH y del Relator Especial se da justo un día después de que el Gobierno de Estados Unidos dijera estar preocupado por «los continuos y descarados ataques” contra el sistema de justicia de Guatemala por parte del Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras.
Porras, quien fue incluida en septiembre del año pasado en la lista de actores corruptos del gobierno estadounidense, culmina su gestión el próximo 15 de mayo; sin embargo, ya presentó la documentación para postularse a una reelección del cargo para un periodo de cuatro años más.
Otro candidato a futuro fiscal general y que también ha sido sancionado en el pasado por EE. UU. es el exdiputado Fernando Beltranena.
