Pese a que José Luis Benito, ministro de Comunicaciones en el gobierno de Jimmy Morales, avaló la actuación fraudulenta de la junta de licitación que adjudicó parte de la obra del Libramiento de Chimaltenango a una empresa que no tenía la capacidad de ejecución, el juez Mynor Moto se negó a emitir una orden de captura en su contra.
Por José Racancoj
Este viernes se realizó una serie de capturas relacionadas con el caso del Libramiento de Chimaltenango, una millonaria obra que fue ejecutada en el gobierno de Jimmy Morales. De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, hay varias anomalías y hechos fraudulentos en la adjudicación y ejecución de la obra.
Una de los funcionarios involucrados en las anomalías que se dieron para ejecutar la obra, según la Fiscalía, es el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, contra quien se pidió una orden de captura, sin embargo, el juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, se negó a emitirla.
También se solicitó que fuera citado al juzgado, pero el juez tampoco accedió.
De acuerdo con la Fiscalía, Benito avaló la actuación fraudulenta de la Junta de Licitación que aprobó la adjudicación de la obra a una empresa que no tenía la capacidad financiera para la ejecución de la obra y que además habría incumplido con los requisitos fundamentales establecidos en la base del concurso, colaborando así para la defraudación de los intereses del Estado.
La Fiscalía hace referencia en este caso a la culminación del proyecto del Libramiento de Chimaltenango, el cual le fue adjudicado a la empresa Renova Ingenieros S.A.
La mayor parte del proyecto estuvo a cabo de la empresa Constructora Nacional S.A (Conasa), pero dejó pendientes dos kilómetros, los cuales le fueron adjudicados a Renova por un monto inicial de Q77 millones 798 mil 535.
La Fiscalía detalló que Renova Ingenieros incumplió con varios requisitos, por ejemplo, no estaba inscrita en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, además que presentó una constancia de inscripción que correspondía a otra empresa.
También se detalla que no tenía la capacidad financiera ni de recursos para ser tomada en cuenta, sin embargo, la Junta de Licitación la aceptó y le adjudicó el proyecto, cuando tenía que rechazarla. Todo esto fue aprobado por el exministro José Luis Benito. “El exministro tuvo que advertir todo este cúmulo de irregularidad, que fueron del conocimiento de la Junta de Licitación, que fueron del conocimiento del ministro de Estado, pues tuvo a la vista el expediente, previo a emitir la autorización ministerial. Era evidente que se le estaba adjudicando el proyecto a una entidad que no poseía la capacidad económica y no estaba registrada en la Registro de Precalificados de Obras”, refirió Stuardo Campo, de la Fiscalía contra la Corrupción.
Pese a esto, el juez Moto se negó a emitir la orden de captura en contra del exministro.
Más y millonarias anomalías
La Fiscalía también detalló las fallas en infraestructura que presenta la obra, razón por la que se han registrado deslizamientos de tierra en varias ocasiones.
Los investigadores indicaron problemas en el recubrimiento de los taludes, así como en los drenajes de los taludes y en la electromalla, que no va acorde a lo que se indicaba en los planos.
Estas deficiencias en la ejecución del proyecto por parte de Renova Ingenieros, le causaron un daño patrimonial al Estado de Guatemala por Q15 millones 170 mil 643.
Dinero paró en las cuentas de Conasa
Tras la intervención de Stuardo Campo, el fiscal Nilsson Castillo indicó que Renova Ingenieros recibió, por medio de dos cuentas, un total de Q90 millones 406 mil 091, provenientes del Tesoro Nacional, derivado del contrato de la ejecución del proyecto.
El 98.45% de este dinero, es decir, Q89 millones 13 mil 500, pasaron a manos de Conasa, luego de que Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo de Administración y representante legal de Conasa, adquiriera este monto por medio de diversas transferencias realizadas desde las cuentas de Renova Ingenieros S.A.
De acuerdo con la Fiscalía, Renova fue creada para participar en las licitaciones ante los impedimentos que Conasa tenía para volver a participar, entre ellas que Tejada Argueta estaba implicado en el Caso Construcción y Corrupción.
La Fiscalía también detalló que se dieron ilegalidades al momento de ubicar y adquirir los terrenos que servirían para el proyecto, pues se delegaron funciones a Conasa, las cuales le correspondía a funcionarios de Caminos.
Esta delegación de la función público causó un perjuicio económico de más de Q13 millones al Estado de Guatemala.
A esto se suma, según las pesquisas, otras irregularidades que se dieron en la adquisición del derecho de vía y que fueron denunciadas en enero de este año.
La Fiscalía señaló que hubo una sustracción de Q15 millones 388 mil 357, la cual fue cometida por un grupo de 12 personas, a quienes se les pagó por concepto de indemnización por expropiación de 12 terrenos, que supuestamente serían utilizados para la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
La fiscalía indicó que los expedientes administrativos para la realización de los pagos para la obtención de los terrenos son falsos, ya que los documentos solo son fotocopias que contienen información simulada e inexistente, a los cuales se le colocaron firmas y sellos sobrepuestos.
El MP explicó que para lograr la sustracción de los recursos del Estado, se falsificaron los 12 expedientes administrativos, utilizando la información y copiando los planos de ubicación, registro y las coordenadas de localización de otros terrenos en los que sí se había adquirido el derecho de vía.
“Pese a las notorias inconsistencias e irregularidades y falsedades dentro de los 12 expedientes administrativos, que falsamente fueron conformados, el Ministerio de Comunicaciones aprobó que se realizaran los pagos improcedentes a las personas que indicaron ostentar los derechos de posesión sobre los supuestos terrenos expropiados”, refirió el fiscal Eduardo Pantaleón.
