Un estudio exhaustivo y contundente ha sacudido el panorama judicial guatemalteco. Bajo el título ¿Eficacia o impunidad?, el informe presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el equipo técnico de la Alianza por las Reformas.
José Cancinos/laprensadeoccidente.com.gt
El estudio revela “el deterioro profundo del Ministerio Público (MP) durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras (2018–2025)”. En sus páginas se despliega un análisis demoledor de la eficacia institucional, el uso arbitrario del poder penal y la descomposición estructural del sistema de justicia.
El informe fue presentado la tarde del miércoles 25 de junio a diferentes sectores de la población en un hotel de la zona 1, de la ciudad de Quetzaltenango.
Un ministerio con poder, pero sin resultados
Pese a haber recibido un incremento presupuestario del 162% en estos siete años —pasando de Q1,842 millones en 2018 a Q4,828 millones en 2025— el desempeño del MP no solo no mejoró, sino que se desplomó dramáticamente.
La tasa de eficacia cayó de un 14.03% a un alarmante 6.44%, lo que significa que más del 93% de los casos penales no recibieron una respuesta de calidad. Es decir, la impunidad se consolidó como norma.
El estudio define como “respuestas de calidad” aquellas que incluyen algún grado de responsabilidad del acusado y/o reparación a la víctima, como condenas, conciliaciones, suspensiones condicionales o criterios de oportunidad. Estos últimos también disminuyeron en casi un 50%.
Uno de los datos más alarmantes es que, en promedio, cada fiscal o auxiliar, al año, resolvió únicamente ocho casos de forma eficaz, lo que representa menos de un caso al mes. Una cifra que retrata un sistema debilitado, desbordado o deliberadamente inoperante.
Desempeño en delitos de alto impacto: una sombra de justicia
Los delitos de mayor gravedad tampoco escapan a esta ineficacia. Con una tasa promedio de resolución del 6.31%, casos de homicidio, violación, femicidio, extorsión, corrupción y crimen organizado quedan prácticamente en el olvido. Más del 93% de estos delitos no reciben justicia, lo que deja una brecha peligrosa entre el Estado y la ciudadanía, y refuerza la desconfianza en las instituciones.
Una “eficiencia” falsificada
El informe denuncia que el MP manipula sus cifras oficiales al presentar como “casos gestionados” o “resueltos” a aquellos que han sido archivados o desestimados sin investigación sustantiva. Este tipo de prácticas, dice el informe, inflan artificialmente los indicadores de rendimiento institucional. En 20 de los 22 departamentos del país, el MP reporta una eficiencia superior al 100%, una matemática imposible sin la manipulación de los datos.
En el período 2024–2025, se desestimaron el 74.44% de casos ingresados y se archivó el 27.69%. Es decir, se optó por cerrar los casos en lugar de investigarlos. En ciclos anteriores, como 2022–2023, estas cifras fueron aún más escandalosas.
A esto se suma la falta de información sobre la duración de los procesos, lo cual imposibilita evaluar la celeridad judicial y atenta contra el principio de que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable.
PUEDE INTERESARLE
Sanciones selectivas de EE.UU. para combatir la corrupción en Guatemala, los detalles aquí
De la lucha contra la corrupción a la protección de los corruptos
Uno de los retrocesos más severos está en el combate a la corrupción. Casos emblemáticos investigados por la FECI y la CICIG fueron cerrados mediante mecanismos jurídicos cuestionables, incluyendo la anulación de convenios de colaboración eficaz, sobreseimientos arbitrarios y aceptación de cargos pactada con impunidad.
La FECI, otrora símbolo de justicia fue desnaturalizada hasta convertirse, según el informe, en un brazo de persecución política. Denuncias contra funcionarios de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han quedado estancadas o desestimadas, pese a que la Comisión Nacional Contra la Corrupción presentó más de 270 casos.
Un hecho emblemático es el expediente B410 presentado por la SAT, que involucra a más de 400 empresas acusadas de evasión fiscal. Hasta la fecha no ha mostrado avances.
Incluso el sistema de extinción de dominio ha sido debilitado: no se ha incautado ningún inmueble desde 2021 y los decomisos de dinero han disminuido notablemente. El informe dice que es “alarmantemente”, el MP ha solicitado la devolución de bienes a personas vinculadas a redes de corrupción.
La ley como arma: criminalización sistemática
El estudio revela un patrón de persecución penal arbitraria bajo la gestión de Porras. Más de 100 personas, entre exfiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han salido al exilio. Otros 60 están siendo procesados en Guatemala y seis están en prisión.
Los jueces asignados a estos casos —entre ellos Fredy Orellana, Mynor Moto y Geisler Pérez— han sido señalados internacionalmente por su rol en facilitar la criminalización de operadores de justicia y actores sociales críticos. Casos asignados con regularidad a estos jueces suponen un patrón preocupante de manipulación en la asignación judicial.
El 80% de los hechos de criminalización contra operadores de justicia se originaron por denuncias de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que incluso actúa como querellante adhesivo. Esta organización ejerce presión directa sobre la fiscal general, influenciando decisiones internas del MP.
Reestructuración o desmantelamiento
Otra dimensión crítica del informe es la reorganización del MP. Según el estudio, 105 fiscales fueron destituidos de manera arbitraria, 85 de ellos sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del MP. Además, más de 600 fiscales han sido sancionados, en muchos, como represalia por su labor independiente.
Se señala que la reestructuración ha tenido un efecto devastador: se han desmantelado fiscalías clave como la FECI, la Fiscalía de Derechos Humanos y la de Extinción de Dominio. Además, se ha nombrado a personal sin experiencia técnica en áreas especializadas, lo que ha derivado en pérdida de pruebas, retrasos, prescripciones y debilitamiento general de la función investigativa.
El costo de estas destituciones no solo es institucional, sino también económico: se estima que el Estado ha tenido que pagar más de Q35 millones en reinstalaciones y salarios caídos.
¿Impunidad institucionalizada?
En conclusión, el informe ¿Eficacia o impunidad? plantea una radiografía contundente del deterioro institucional del MP bajo la conducción de Consuelo Porras. Los hallazgos reflejan una justicia colapsada, manipulada y utilizada para proteger intereses políticos y criminalizar a quienes intentan desenmascararlos.
La Alianza por las Reformas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales hacen un llamado urgente a realizar reformas legales profundas. Estas incluyen mecanismos de control interno y externo sobre el MP y sobre el fiscal general, formas efectivas para su destitución ante abusos de poder, y el fortalecimiento de la persecución penal independiente.
Un llamado a la acción
La ciudadanía, los actores políticos y la comunidad internacional están frente a un punto de quiebre. La pregunta ya no es si el MP es eficaz, sino si es posible recuperar la justicia cuando ha sido convertida en un instrumento de persecución y protección selectiva.
El informe está disponible para el público en https://inecip.org/ como una herramienta de transparencia y exigencia ciudadana. Leerlo no solo es un derecho, sino una necesidad democrática.
PUEDE INTERESARLE
Concejo de Quetzaltenango corre posiciones y deja fuera a miembros de SBX
