Entre enfrentar a la delincuencia, los actos de extorsión y frenar el avance del narcotráfico, el nuevo gobierno de Guatemala tiene dos retos importantes. El presidente Bernardo Arévalo afronta un verdadero desafío.
Eso lo entiende bien Francisco Jiménez, el nuevo ministro de Gobernación, un experto en temas de seguridad que ya lidió con ese cargo y que se ha convertido en el hombre fuerte detrás del nuevo mandatario.
Su prioridad, indicó, es acabar de entrada con las extorsiones.
“Como lo ofreció el presidente Arévalo, el tema de la extorsiones es al que más prioridad le vamos a dar particularmente este año”, dijo el ministro en entrevista con The Associated Press esta semana.
Jiménez explicó que el tema de la extorsión en el país es distinto a otros, como en el vecino El Salvador, donde proviene mayormente de pandillas. Refirió que en el caso de Guatemala habrían dos fenómenos distintos que son las extorsiones de pandilleros, que corresponden al 20 % de los casos, y de “imitadores” de pandilleros que representan el 80 % restante.
El funcionario anticipó que se impulsará una campaña pública contra las extorsiones, se fortalecerá el trabajo que ya hacen la policía y la fiscalía del ramo, así como la labor de inteligencia policial dirigida en buena medida al sistema penitenciario.
“Creemos que la mayoría de las extorsiones surgen del sistema penitenciario, también otros delitos de impacto como los secuestros y el sicariato que se organiza dentro de las cárceles”, aseguró.
K.M. es una joven mujer guatemalteca que dice que ha sido extorsionada y no quiere identificarse para este reporte por temor a represalias.
Dijo a la AP que cuando abre las puertas de su pequeño local de comestibles en una de las zonas rojas de la periferia de la ciudad, lo hace con el temor de que supuestos pandilleros quieran dejarle un teléfono celular para extorsionarla. Esta es la modalidad que usan en Guatemala para esos fines, apuntó.
La mujer aseguró que ya ha sido extorsionada antes, y que bajo amenazas de muerte pandilleros reunieron a todos los comerciantes de su cuadra para extorsionarlos. “Nos pidieron dinero a cambio de no descuartizarnos”.
La mujer, que es madre soltera, señaló que la extorsión es impagable al afirmar que le piden dinero mucho más del que a diario le deja su negocio. Dijo que intentó cerrar el negocio, pero volvió a abrir a falta de recursos económicos y aún con el temor de ser asesinada.
El miércoles, Arévalo dijo a los periodistas que su gobierno hará una reforma del sistema penitenciario del país. “Pensamos que en las deficiencias del sistema penitenciario y en los estragos que causa la corrupción, está el foco de gran parte de la seguridad ciudadana del país”, sostuvo.
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La práctica de los delitos desde las cárceles no es exclusivo a la nación centroamericana. Otros países de América Latina también luchan para combatir los delitos que emanan de sus prisiones. Ecuador, por ejemplo, sostiene que buena parte de la espiral de violencia que sufre el país andino surge de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico que controlan las celdas.
El flagelo de la narcoactividad también es un duro reto que promete encarar el nuevo líder guatemalteco, quien llegó a la presidencia abanderando la lucha contra la corrupción que, según los expertos, está arraigada desde hace tiempo en las instituciones y sectores de la sociedad.
En las fuerzas de seguridad también habrán cambios para combatir la corrupción, según las nuevas autoridades.
Arévalo debió enfrentar en su camino a la presidencia numerosas acciones judiciales contra el proceso electoral y que, según los críticos, buscaron impedir que asumiera el cargo. Las maniobras, según el propio mandatario, emergieron de la Fiscalía General comandada por Consuelo Porras.
La interrogante que surge es si el nuevo líder centroamericano podrá avanzar en su prometida lucha contra la corrupción con una Fiscalía bajo el control de Porras. Arévalo anunció que la próxima semana se reunirá con la fiscal donde pediría su renuncia.
En sus declaraciones a la AP, el ministro Jiménez señaló asimismo que el abordaje al flagelo será de forma integral, porque —consideró—no sólo se trata del combate al trasiego de drogas, sino también del control en las fronteras. En esta línea anticipó que se reestructurará un viceministerio a cargo del combate a la narcoactividad, para que ahora también enfrente el contrabando, la defraudación aduanera y la trata de personas.
“Tenemos que ir más allá, no sólo de la captura e identificación de jefes de grupos (del narcotráfico) sino además también se trabajará las estructuras del crimen organizado que muchas veces no se dedica sólo a un delito, sino que se vinculan a varios”, acotó.
El ministro también habló sobre la situación de la frontera, especialmente con México, donde dijo que hay una pelea por territorios entre bandas criminales.
“Uno de los objetivos será la recuperación de los territorios, especialmente de las fronteras”, y agregó que en esa materia se trabajará en cooperación con el Ejército guatemalteco, función que le asigna la Constitución.
Refirió que de las cuatro fronteras con Guatemala la más compleja es la que se comparte con México, donde hay casi 100 puntos ciegos de trasiego y es la más grande.
“En las ciudades fronterizas se han desarrollado una serie de comportamientos criminales, hay aumento de delincuencia común como estafas y robos, pero uno de los temas que más preocupa es la pornografía infantil y el tráfico de menores para la prostitución del lado de México”, puntualizó.