El alcalde de Xela, Juan Fernando López, encabeza la lista de los 15 jefes ediles con las remuneraciones más altas del país. El dato corresponde a junio de 2026, según un estudio de Acción Ciudadana (AC), difundido por Transparencia Internacional.
Redacción | laprensadeoccidente.com.gt
El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, encabeza el listado de los alcaldes con las remuneraciones más altas del país. Según el informe, durante junio de 2026 devengó Q110 mil 196.88.
De acuerdo con el estudio, este monto incluye el salario base, dietas, gastos de representación y otros pagos adicionales.
Además, López ocupa el primer lugar entre los 15 alcaldes analizados. En segundo lugar aparece Héctor Hugo Cardona, alcalde de La Gomera, Escuintla, con Q97 mil 375. Por su parte, Juan Manuel Asturias, jefe edil de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, ocupa el tercer puesto con Q96 mil 250.
¿Qué incluye el pago de los alcaldes?
Según Edie Cux, asesor de Acción Ciudadana, las remuneraciones municipales están compuestas por distintos conceptos. Entre ellos figuran los gastos de representación, un rubro que, según explicó, puede manejarse con cierto grado de discrecionalidad.
Asimismo, el análisis considera únicamente la remuneración total devengada durante junio de 2026. Por lo tanto, no incluye los ingresos registrados por los alcaldes en meses anteriores.
La información, además, fue obtenida de los portales de transparencia de las propias municipalidades. Estas entidades tienen la obligación de publicar esos datos de oficio, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
López recibió más de Q110 mil en junio
En el caso del alcalde de Quetzaltenango, el monto devengado durante junio llegó a Q110 mil 196.88.
Según la comparación utilizada en el análisis, esta cantidad equivale a alrededor de 31 salarios mínimos. Sin embargo, la equivalencia varía según la actividad económica y el salario mínimo que se tome como referencia.
En Quetzaltenango, los salarios mínimos vigentes para 2026 se encuentran en un rango que permite dimensionar la diferencia entre el ingreso mensual del jefe edil y el de un trabajador.
Por otra parte, Acción Ciudadana señala que el salario base representa solamente una parte de los ingresos de los alcaldes mejor remunerados. Una proporción importante corresponde a dietas por participar en sesiones del Concejo Municipal, gastos de representación, bonificaciones y otros pagos adicionales.
Plantean medidas para controlar los pagos
Ante estas diferencias, se plantean medidas para fortalecer el control sobre las remuneraciones de los funcionarios municipales.
Las propuestas involucran al Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público y la ciudadanía.
Reformar el Código Municipal
En primer lugar, se propone que el Congreso de la República reforme el Código Municipal para establecer límites y criterios objetivos para las remuneraciones de los alcaldes.
De esta manera, los pagos deberían guardar relación con la capacidad financiera real de cada municipalidad. Además, se busca reducir la discrecionalidad en la aprobación de salarios, dietas, bonos y otros beneficios.
Más auditorías a dietas y pagos adicionales
Por otro lado, se plantea que la Contraloría General de Cuentas incluya auditorías específicas sobre dietas, bonos y otros pagos adicionales dentro de su Plan Anual de Auditoría.
Estas revisiones deberían comprobar que los pagos cuenten con los acuerdos municipales que los autorizan y que sean acordes con la capacidad financiera de cada comuna.
Mayor control sobre la información pública
Asimismo, la propuesta plantea que la PDH intervenga cuando los portales municipales se encuentren desactualizados o cuando existan negativas para entregar información pública.
También se propone impulsar acciones jurídicas cuando las municipalidades incumplan sus obligaciones de transparencia, como en los casos señalados de Zunil y El Palmar.
Investigaciones ante posibles irregularidades
En cuanto al Ministerio Público, se plantea iniciar investigaciones penales cuando una revisión administrativa detecte posibles actos de obstrucción o alteración documental para ocultar información relacionada con salarios.
Ciudadanía, clave para la fiscalización
Finalmente, la propuesta destaca el papel de la ciudadanía en la fiscalización de los recursos públicos.
Por ello, se plantea mantener una vigilancia permanente y exigir acceso a documentos contables y actas de las sesiones del Concejo Municipal en las que se aprueben salarios, dietas, bonos y otros pagos.
En conclusión, las medidas buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre los recursos que administran las municipalidades.
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