La proliferación de procesos judiciales emprendidos por las autoridades de Guatemala contra varios jueces, fiscales y abogados independientes que han estado involucrados en la investigación de casos anticorrupción, sigue un patrón profundamente preocupante. Más de 20 jueces, abogados y fiscales guatemaltecos ya abandonaron el país por temor a su seguridad. En el transcurso de esta semana hemos visto la renuncia y exilio de la jueza Erika Aifán y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender de su función al juez Pablo Xitumul.
Los procedimientos judiciales no deben utilizarse como medio de hostigamiento e intimidación. La UE reitera su llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen la seguridad e integridad de los jueces, fiscales y abogados implicados, que también se han enfrentado a amenazas de violencia.
Estos acontecimientos sirven para debilitar aún más el estado de derecho y la independencia de la justicia en Guatemala, erosionando la base sobre la que se fundamenta la democracia.
