A la Fiscal a cargo del proceso le bastaron menos de 15 minutos para argumentar irregularidades en el proceso que “benefició” a Movimiento Semilla y que el juez Orellana admitió.
Rita María Aguilar / laprensadeoccidente.com.gt
La mañana de este viernes 10 de noviembre, la periodista exiliada Michelle Mendoza en su cuenta X filtró el audio de la audiencia que se desarrolló el 7 de septiembre en el juzgado Séptimo de Instancia Penal, presidido por el juez Freddy Orellana, donde la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, identificada como Leonor Eugenia Morales Lazo presentaba el caso.
La denuncia fue puesta por el abogado Giovanni Fratti el 26 de julio del 2023, un mes después de celebrada la primera vuelta electoral, el denunciante señaló que tenía conocimiento, “por lo que había visto en medios de comunicación”, que existía una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica tanto del Comité Pro Formación como del partido Movimiento Semilla, como parte de la carpeta MP 001-2022-33864 en contra de la agrupación política.
La hipótesis presentada por Morales Lazo al juez Orellana se basa en el artículo 31 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- y enfatiza en que “existe el peligro razonable y fundado”, que el Movimiento Semilla pueda recibir fondos del Estado de Guatemala, debido a “posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita, señalando supuestas irregularidades e inconsistencias en las elecciones generales 2023”.
13 minutos para acabar con el proceso electoral
La fiscal argumentó en menos 13 minutos, que según lo establecido en el artículo antes mencionado, el Tribunal Supremo Electoral debe pagar US$2 dólares por cada voto emitido válido a los partidos políticos, en este caso, señalando al Movimiento Semilla, de los cuales “existen indicios racionales y suficientes para presumir que los votos realmente obtenidos por la agrupación, no sean realmente los declarados por el TSE”.
Por ello, la representante de la FECI, remarcó que hay la posibilidad de que las actas 5 tengan “dolosas inconsistencias”, lo que revelarían discrepancias que no reflejan los verdaderos votos emitidos al partido político.
La investigación que hasta el momento se ha llevado de forma técnica y científica por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad “evidencia la posibilidad de indicios racionales suficientes de criminalidad” para presumir que las actas digitalizadas por el TSE, le fueron anotados más votos a favor de Semilla, por ende los datos “no son consistentes con el documento 4, depositados en la bolsa que contiene las papeletas de sufragio”.
Durante los minutos que duró la intervención de la funcionaria del MP, también indicó en reiteradas ocasiones que la agrupación está suspendida por orden judicial (acción que el mismo juez Orellana emitió), debido a posible comisión de actos ilícitos que les benefician y por ello justificó la necesidad y la urgencia de llevar a cabo la diligencia desarrollada el 12 de septiembre y que “eran de carácter útil y pertinente”.
En menos de un cuarto de hora, la fiscal también solicitó lo siguiente:
- Reconocimiento de Inspección de bolsas que contenían los sufragios y efectuar el conteo de las papeletas.
- Confrontar documentos digitalizados con el 5 y 4.
- Confrontar con el padrón electoral hojas 2 y 2 A, así como 4 actas finales de cierre.
- Confrontar las bolsas que se encuentren en las cajas electorales que se encuentren en las cajas electorales que contienen los votos válidos, inválidos, nulos y en blanco para Presidente y Vicepresidente.
- Confrontar documentos que se encuentren fuera de la caja electoral en una bolsa que dice Junta Electoral, el original del documento 4 acta final, escrutinio y documento 5.
Acción que pidió se llevará a cabo en los 22 distritos de Guatemala, además de requerir proceder con el secuestro del análisis informático forense de las computadoras usadas por digitadores temporales de la primera vuelta, luego de las declaraciones vertidas por algunos de estos, así como cualquier documento que pueda ser útil dentro de la investigación que se lleva a cabo.
Además, la fiscal, según el audio vertido, presentó dentro de las pruebas la impresión de noticias de distintos medios digitales, así como las declaraciones de digitadores y la denuncia de Fratti ante el juez con la que fundamentó la petición que realizó.
Por lo tanto, el juez Freddy Orellana, consideró que lo solicitado dentro de la audiencia era “congruente” autorizando así las diligencias que se llevarían a cabo cinco días después en las instalaciones del Registro de Ciudadanos RC y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral -COPE-, así como el secuestro de material solicitado por el ente investigador como pruebas.
Curruchiche negó información
Durante las entrevistas realizadas al fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, por los diferentes medios de comunicación que cubrían los allanamientos enfatizó que la acción se debía a una denuncia de UN ciudadano X y que no estaba ligada a la investigación que se llevaba a cabo contra el Movimiento Semilla.
Curruchiche dijo que los operativos al TSE se debían que hay más de mil denuncias de «guatemaltecos valientes que han denunciado», aquí lo dijo:
Cabe resaltar que las denuncias interpuestas contra el pleno de magistrados del TSE también fue realizada por el ciudadano Giovanni Fratti debido a la adquisición del Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares -TREP-, además de la inscripción de Manuel Baldizón, acción que el RC rechazó dejando fuera de la contienda electoral en búsqueda de una curul en el Congreso de la República nuevamente.
