
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA- Luis Almagro, señaló durante la sesión de la Comisión Permanente sobre la vulnerabilidad y el riesgo que hay en Guatemala el proceso democrático y aseguró que el proceso de transición presidencial está “bajo amenaza” de la Fiscalía.
Rita María Aguilar / La Prensa de Occidente
“Hay acciones de una fiscalía no exactamente competente en el tema electoral que tiene el potencial de romper cosas, en este caso el proceso electoral”, refirió Almagro en su intervención, refiriéndose al actuar del Ministerio Público -MP- y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-.
El funcionario resaltó que el proceso de transición “tiene sus amenazas, agresiones políticas de trasfondo, presión política en el proceso electoral” remarcando “la licencia” solicitada por el Registrador de Ciudadanos y regresando, además de suspender ilegalmente al Movimiento Semilla, acción que el Tribunal Supremo Electoral -TSE- “desactivó”.
En el informe presentado también remarcó los hechos que en el MP, el juzgado penal surgen, queriendo suplantar el TSE y vulnerando la voluntad popular, por efecto judiciales ésta afectaría la Constitución de la República, el funcionamiento constitucional y funcional del país.
“Solo el Tribunal Supremo Electoral puede suspender al Movimiento Semilla”, remarcó Almagro además de señalar que un juez penal no puede proceder a la inhabilitación del partido político ya que eso le toca al Registrador de Ciudadanos dentro de su competencia y potestad.
También advirtió que “después del 31 de octubre no puede utilizarse la justicia como una herramienta electoral”, esto debido a que el TSE dejó sin efecto la acción del Registrador de Ciudadanos contra el Movimiento Semilla hasta esa fecha.
Reunión con el MP
Así mismo, Almagro informó sobre la reunión que sostuvo con la Fiscal General Consuelo Porras y su equipo, señalando que su intervención fue mínima y que la presentación que realizó el ente investigador fue “muy ilustrativa” pero marcada por una “negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de transición”.
Además dijo que las “denuncias del Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, siendo claramente persecutorias de un partido político”, considerando también que hubo posiciones alejadas de la verdad, especialmente las de intimidación “la criminalización de un partido político no tiene ningún sustento”.
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