La investigación involucra a políticos y trabajadores del Banco de los Trabajadores en un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero.
Por: Redacción
Esta mañana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) capturó a cinco personas vinculadas con un caso de corrupción que incluye transacciones con el Banco de los Trabajadores (BANTRAB), según el informe de la Feci, al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados de la entidad bancaria y parte de ese dinero fue desviado por medio de la empresa Estrategias e Inversiones (ARCA) para la campaña del Partido Patriota (PP) en 2011.
El expediente denominado “Caso Arca” involucra a Congresistas, exfuncionarios y representantes de la entidad bancaria, Juan Francisco Sandoval titular de la Fiscalía, señaló que la investigación determinó que existieron aportes para gastos electorales canalizados a través de las entidades Avanzando al Progreso, S.A, vinculada al excandidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Leal Castillo y la entidad Seguridad ASA S. A vinculada con el exministro de Comunicación, Alejandro Sinibaldi.
Se determinó que, Avanzando Al Progreso, S. A, era una empresa “fantasma” creada para recaudar fondos para financiar la campaña del PP. La compañía recibió aportaciones anónimas de varios financistas que conocían que el dinero era destinado a fines políticos partidarios y se simularon actividades comerciales y emitieron facturas falsas para respaldar los gastos.
“Al verificar la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., se pudo estableció que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”, informó el MP.
La Fiscalía también presentó solicitudes para el retiro del derecho de antejuicio contra los diputados Estuardo Galdámez y Haroldo Quej, porque existen indicios de que recibieron cheques de las empresas vinculadas al caso.
Luego del anuncio de la investigación, la Junta Directiva y la administración del Bantrab publicó un comunicado en el cual señalaron que han colaborado con los órganos jurisdiccionales en los casos en los que se ha constituido como querellante adhesivo.
