De agosto del año pasado a la fecha se han registrado 14 asesinatos de mujeres en el departamento de Quetzaltenango y ninguno ha tenido avances en su investigación.
Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente
La semana pasada trascendió la muerte de Crisler Mirelli Mazariegos, quien trabajaba como agente en la Policía Municipal de La Esperanza. Al principio se indicó que se trató de un accidente al manipular su arma de fuego.
Pero los análisis forenses revelaron que el disparo que le causó la muerte fue realizado a una distancia mayor a 30 centímetros. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) durante la necropsia aplicó el protocolo de femicidio.
Este es usado con mujeres que mueren de forma violenta, además, se efectuaron exámenes complementarios de sangre, orina y uñas. Según el dictamen médico legal, Mazariegos, de 25 años, murió a causa de una laceración cerebral secundaria por la herida de bala y se recalca que el disparo sucedió a más de 30 centímetros de distancia.
El Ministerio Público no descarta esta línea de investigación, este caso se suma a otros 13 asesinatos de mujeres, de los cuales cinco han sido perpetrados por sicarios, razón por la que las autoridades los vinculan a la venta de drogas y ajustes de cuentas.
El resto han sido con clara evidencia de odio y saña en contra de las víctimas, por lo que se han incluido en la lista de femicidios. Para el Bloque de Mujeres Feministas de Quetzaltenango (BMFQ), los crímenes de mujeres, independientemente de que hayan estado o no involucradas en algún acto ilícito, merecen esclarecimiento y no permanecer en la impunidad.
“Hay casos donde se tienen indicios para investigar y perseguir a los presuntos responsables, aún así no vemos avances en las indagatorias, por ejemplo, en el asesinato de Luciana Hernández, su conviviente, quien fue señalado como principal sospechoso, está prófugo y las autoridades solo dicen que es un caso bajo reserva”, señala Pilar Bagur, de dicha organización.
La muerte de Dulce María Cifuentes
Pero además de la lentitud existe también falta de interés por parte de las entidades investigadoras o en el peor de los casos dentro del Ministerio Público (ente investigador) existen intereses personales para ganar protagonismo, como lo ocurrido en el caso de Dulce María Cifuentes, dice el abogado Carlos Martínez Ríos, asesor legal de la familia Cifuentes.
“La Fiscalía de Quetzaltenango había avanzado en la investigación del caso, señalando a un sospechoso, pero fue la Fiscalía de Femicidio de ciudad Guatemala la que pidió la captura del esposo de la víctima, pero por no conocer todo el contexto del caso, al llegar a tribunales no se pudo sustentar el señalamiento, por lo que el juez dictaminó falta de mérito”, explicó el abogado.
El 15 de marzo, la familia de Cifuentes presentó una solicitud al Ministerio Público para que la Fiscalía de Femicidio de la capital se aparte y deje el caso en manos de los investigadores de Quetzaltenango, “el miércoles 28 de abril solicitamos información al respecto, pero de nueva cuenta no se ha tenido avance en nuestra petición, por lo que se volvió a accionar legalmente en contra del MP”, señaló Martínez.
Ejemplos como estos son los que han provocado que muchos de los crímenes cometidos contra mujeres permanezcan en la impunidad. “Nos preocupa porque la cifra se puede incrementar dadas la pasividad del Ministerio Público como ente investigador, de enero a la fecha se han registrado 10 mil 500 denuncias de violencia contra la mujer, esperamos que no tengan que morir todas ellas para que las autoridades actúen”, recalcó Bagur.
Martínez agrega que la impunidad en estos y otros casos también se debe al criterio de la jefa del Ministerio Público, pues se ha hecho evidente que cuando se trata de algún caso político o de alguien que pertenece a la elite del país, se dan avances en las debidas diligencias, pero cuando se trata de una persona de escasos recursos las denuncias son archivadas o en el mejor los casos tardan años para resolverlos.
“El ejemplo de querer protagonismo fue evidente el 8 de marzo, cuando se dio la captura del esposo de Dulce”, aseveró Martínez.
El exministro Carlos Menocal asegura que la impunidad también se debe a que existe una Policía Nacional Civil sin planes estratégicos en términos de política de seguridad ciudadana preventiva, que pudiera en determinado momento evitar este tipo de crímenes contra la mujer.
“El presupuesto de la unidad de prevención contra la violencia se redujo. Es evidente que hay una debilidad de políticas de prevención”, acotó Menocal.
De los casos
- El 22 de abril, Crisler Mazariegos falleció por una herida de bala en la cabeza, aunque se ha indicado que fue accidental, el Inacif utilizó el protocolo de femicidios. El MP investiga el incidente como tal.
- El 13 de abril, en la zona 5, dieron muerte a Mayra García junto a su hijo, la PNC ha indicado que se trató de un ajuste de cuentas por venta de drogas.
- Luciana Hernández, de 31 años, fue localizada el 6 de abril en el interior de una habitación asfixiada. Según testigos, su cónyuge fue quien la asesinó, por lo que tiene orden de captura y está prófugo.
- El 31 de marzo se reportó un ataque en la zona 3, donde sicarios dispararon en contra de una mujer en pleno centro del mercado de La Democracia. Hasta la fecha no ha sido identificada. También se indicó su posible participación en actos ilícitos.
- En el interior de su vivienda le dieron muerte a Marta Estrada, de 71 años, quien apareció el 6 de febrero estrangulada en su vivienda, Salcajá. Versiones de vecinos indican que pudo tratarse de un robo, pues había vendido un terreno, pero a la fecha los investigadores señalan que el caso está bajo reserva.
- El 21 de enero fue asesinada Marisela Juárez, de 28 años, en el municipio de San Mateo, la causa de muerte fue asfixiada, otro crimen sin resolver.
- 17 de enero fueron asesinadas dos hermanas en la zona 2 de la ciudad de Quetzaltenango, Graciela Nohemy y Jeraldin Gerónimo Hernández, de 33 y 28 años. La PNC indicó que fue por venta de drogas al menudeo.
- El 8 de diciembre 2020, asesinaron a tiros a Liliana Yaneth Morales, de 40 años, junto a Walfre Ignacio Pérez, de 42, en un taller automotriz en la 6a. avenida de la zona 2 de Xela. Morales fue vinculada con tráfico de drogas y fue detenida por la venta de motos robadas y fue detenida por la venta de motos robadas.
- El 24 de noviembre 2020, fue asesinada con arma de fuego María Griselda Benítez, de 50 años. Fue encontrada en el interior de un predio de la zona 6 de Xela; también indicaron que pudo tratarse de un ajuste de cuentas.
- Martha Granados fue localizada sin vida en San Juan Ostuncalco, el 3 de noviembre 2020. (Aún sin resolver)
- Dulce María Cifuentes fue encontrada en un basurero el 24 octubre de 2020, en La Esperanza, por este hecho el conviviente fue capturado momentáneamente, el juez dictó falta de mérito y fue puesto en libertad, debido a que el MP no tuvo sustento en el señalamiento.
- Silvia García fue acribillada el 8 de octubre 2020, en la zona 2 de Xela, la PNC aseguró que se debía a su trabajo pues ofrecía servicios sexuales, sin embargo, hasta la fecha no hay indicios de que el caso esté avanzando.
- Eugenia Gregorio fue asesinada en un predio de la zona 1 del municipio de Cantel, fue abusada sexualmente y brutalmente golpeada. El agresor fue detenido en el momento, este hecho ocurrió el 19 de septiembre 2020.
- Ruby Siquiná fue hallada sin vida el 30 de agosto de 2020 en una vivienda que alquilaba en la zona 1 de Salcajá, según el Ministerio Público tenía múltiples heridas de arma blanca, este crimen también fue declarado bajo reserva.
