La reciente juramentación de la nueva Junta Directiva del Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (CIDEQ), que incluye a la Gobernadora Mayra López como integrante y Mayra Rivera como presidenta, ha encendido un complejo debate en el departamento.
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
Mientras que para algunos representa un paso firme hacia la revitalización de un espacio clave, para otros es la continuación de viejas prácticas bajo una nueva fachada, todo ello en un panorama ensombrecido por una advertencia judicial.
El pasado 2 de julio, la elección de esta nueva directiva fue presentada por la Gobernación y la Municipalidad como un proceso democrático y transparente.
Según fuentes cercanas a la administración, el objetivo principal es restaurar el espíritu original del Parque Intercultural, concebido como un vibrante espacio de memoria, arte, cultura, espiritualidad y participación ciudadana.
«Consolida el mismo sistema de corrupción que ha hundido a Quetzaltenango»
SBX
Esta visión busca revertir lo que se considera una cooptación previa por parte de ciertos sectores empresariales, marcando así una «nueva etapa» en la gestión del CIDEQ.
Sin embargo, la organización civil Sacándole Brillo a Xela, no concuerda con esta narrativa de renovación.
Esta agrupación, que operó como comité cívico en las elecciones municipales, ha denunciado que la nueva juramentación «consolida el mismo sistema de corrupción que ha hundido a Quetzaltenango».
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SBX no ha dudado en acusar al presidente de la República, Bernardo Arévalo, de «traicionar su promesa de cambio», señalando además una presunta «alianza» entre la gobernadora Mayra López y el alcalde Juan López para «mantener secuestrado este patrimonio público».
Las críticas de SBX se han agudizado con la mención del nombramiento de Jorge Argueta (representante de la Municipalidad) como tesorero, aludiendo a supuestas preocupaciones previas sobre el manejo de fondos públicos.
La situación se complica aún más con un factor legal que pende sobre la nueva junta.
Días antes de la elección, Luis Gustavo Morales Bonilla, quien se identifica como Presidente y Representante Legal del CIDEQ, envió una advertencia judicial a la Gobernación.
En su comunicación, Morales Bonilla alegó que la convocatoria a la asamblea violaba los estatutos internos del CIDEQ y solicitó que se suspenda mediante una impugnación del proceso ante la Gobernación Departamental de Quetzaltenango.
A pesar de esta notificación formal, que fue recibida por Gobernación Departamental la misma mañana del 2 de julio, la asamblea procedió y la nueva Junta Directiva fue electa.
Esta advertencia judicial arroja incertidumbre sobre el proceso, según los involucrados.
Si el «recurso de amparo» presentado por Morales Bonilla es concedido por las autoridades, la elección de la nueva directiva podría ser anulada y sus actividades, suspendidas.
Esto sumiría al CIDEQ en una prolongada fase de inestabilidad legal y administrativa, lo que sin duda afectaría los proyectos en curso y el acceso público a este importante centro cultural.
El futuro del Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango se encuentra ahora en una encrucijada, entre las promesas de una gestión democrática y renovada, las persistentes acusaciones de corrupción de la sociedad civil, y la inminente resolución de un proceso judicial que podría redefinir su liderazgo.
Nota: se le consultó a Gobernación Departamental para confirmar si recibieron el oficio. Nos dieron este documento pero sin fecha.
