El miércoles 18 de octubre estuvo marcado por protestas, órdenes de desalojo, conferencias de prensa y mesas de diálogo, sin embargo se mantienen bloqueos.
Rita María Aguilar / laprensadeoccidente.com.gt
El miércoles 18 de octubre se vivió una de las jornadas más intensas entre las autoridades gubernamentales, manifestantes y líderes de los pueblos originarios, luego de 18 días exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cynthia Monterroso y el juez séptimo penal Fredy Orellana.
En día dió inicio con las caminatas y manifestaciones de los diferentes mercados que salieron de distintos puntos de la ciudad capital en apoyo a las exigencias de renuncia que se vienen pidiendo desde hace más de dos semanas.
Vendedores, representantes de colonias y grupos estudiantiles realizaron caminatas que impactaron en la viabilidad de la capital, creando caos vehícular y de transporte público desde horas de la mañana, ya que hicieron plantones frente al Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad y Palacio de la Cultura, donde manifestaron su descontento ante las diferentes acciones tanto del Ministerio Público -MP-, como de la Corte de Constitucionalidad -CC-, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y el gobierno de Alejandro Giammattei.
“No vamos a parar hasta que no se vayan los corruptos” dijo Liseth Miranda, quien es vendedora del mercado Santa Ana, ubicado en la zona 5, quien también dijo estar cansada de la corrupción y exigió que el pueblo sea escuchado.
Por su parte, Juan Cáceres, del mercado La Reformita, remarcó que debido a los bloqueos que vive actualmente el país está afectando el suministro de frutas y verduras de los mercados y que a pesar de ello se unirán para protestar.
Los manifestantes resaltaron que esto representa la unidad de los mercados y “fuerza”; además, exigieron una solución para que esta crisis termine. Indicaron que también les han afectado los bloqueos, por lo que quieren una solución.
CC ordena liberar instalaciones del MP
Mientras tanto la Corte de Constitucionalidad mediante un comunicado de prensa enviado antes del mediodía, los magistrados informaban sobre la gestión que el MP había realizado señalando el bloqueo prolongado en la sede central ubicada en el barrio Gerona de la zona 1 de la Ciudad Capital..
Ante ello, la máxima Corte le ordenaba al Ministerio de Gobernación -MINGOB- y la Policía Nacional Civil -PNC- y al ejército que en un plazo no mayor a seis horas fuera “restituido el orden público” y se habilitara el acceso total a las sedes del ente investigador.
El documento remarcaba que “el deber de adoptar medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia reconocida en el artículo 2 de la Constitución”, ante esta la Corte resolvió ordenar el resguardo de los derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente, y se “coima” ejecutar las acciones y medidas pertinentes y con ello habilitar el acceso a las sedes, el resguardo de la integridad física de los trabajadores y usuarios en un plazo que no exceda las 6 horas.
Así también, le ordenaba a la PNC conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal, que se procediera a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes. Mientras que al Ministerio de la Defensa Nacional -MINDEF- prestar auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades, dentro del marco de sus funciones.
Mientras que al Procurador de los Derechos Humanos -PDH- se le ordenaba dar el acompañamiento a las acciones ordenadas, velando por los derechos de los involucrados.
Por el incumplimiento del ministro de Gobernación que fungía en la fecha en que se emitieron la sentencia y el auto de debida ejecución, se le certifica lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar.
Se “conmina” al debido cumplimiento de este fallo con el apercibimiento al Mingob o funcionario encargado del despacho y al director general de la Policía Nacional Civil, que en caso de incumplimiento, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, serán separados ipso facto del cargo público, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por su conducta omisa incurrieren.
Autoridades Ancestrales no impiden el acceso al edificio
Pasado el mediodía, las Autoridades Ancestrales dirigidas por el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, remarcó que las acciones llevadas a cabo a las afueras del MP, sede central, no han impedido el ingreso de sus trabajadores.
“Allí se está permitiendo el ingreso de personas, nunca se ha tomado el edificio con otras medidas, por ejemplo, cerrar con candados, ponerle algo distinto. No tenemos el por qué” enfatizó el líder.
Por su parte, Misrahí Xoquic, representante de la Alcaldía Indígena de Sololá, remarcó que el pasado 17 en horas de la noche fue informada que el MP insiste en criminalizar las manifestaciones pacíficas.
Agregó así que la comunicación de la Fiscalía no fue firmada por la Fiscal General, lo cual calificó como grave, porque “se evidencia que no se encuentra en funciones”, puntualizó.
Además, lamentó los hechos violentos que se han registrado en contra de quienes manifiestan de forma pacífica, y responsabilizó de estas acciones a las autoridades del Estado.
Destacó que en los lugares en los cuales se desarrollan las manifestaciones, se ha permitido el paso de los vehículos con productos perecederos y ambulancias.
Arévalo y Herrera se pronuncian
Un poco más tarde de la conferencia dada por los líderes de los Pueblos Originarios, el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, se manifestaron ante la situación que se está viviendo en el país y condenaron el actuar de la máxima corte.
Así mismo, el mandatario electo remarcó que mientras existan los diálogos el uso de la fuerza no es viable, además, hizo un llamado al PDH para que este garantice la seguridad física de los manifestantes, añadiendo que la violencia no es el instrumento adecuado y justo para los conflictos políticos.
Aunado a los señalamientos, Arévalo reconoció que los bloqueos han generado diferentes tipos de molestia en la población y por eso, “se necesita de una manera pacífica que se reencause la protesta ciudadana”, finalizó.
https://laprensadeoccidente.com.gt/2023/10/19/organizaciones-sociales-de-xela-tambien-condenan-la-resolucion-de-la-cc/
Acceso al MP es liberado luego de diálogos con Mingob y PDH
Luego que la resolución de la CC de desalojar la manifestación que se encuentra a las afueras del MP y de ordenar las capturas de los manifestantes, Autoridades Ancestrales y representantes del MINGOB y del PDH José Córdova y de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- se reunieron para llegar a un acuerdo y evitar así el uso de la violencia y realizar capturas.
Durante la reunión, Luis Pacheco, presidente de Los 48 Cantones, remarcó que únicamente pelean por “algo que le corresponde al pueblo de Guatemala” y recalcó que “que se tiene que evitar que se pueda llevar a cabo alguna situación que pueda violentar el derecho individual o colectivo de ambas partes”.
“Nosotros no estamos peleando por algo que no le corresponde a Guatemala, es lamentable que a veces no tengamos una respuesta clara de lo que entendemos, que es la democracia y entendemos y creemos que todo transcurra con normalidad hasta el momento”, manifestó.
Pacheco pidió se sostenga una plática amigable y se llegue a un consenso en donde se pueda decir que “salimos contentos y conformes”. A su vez, se dé un consenso o un “punto intermedio” para llegar a la paz, armonía y tolerancia.
Pacheco destacó que en las manifestaciones hay distintos sectores, y se volvió una “necesidad del pueblo”. Asimismo, agradecieron el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), así como a funcionarios que han apoyado aun con el riesgo de perder cargos.
El líder indígena afirmó que hasta este momento fueron escuchados por el Gobierno, pero que no se ha tenido respuesta. Mencionaron que “no tuvieron que hacer nada”, ya que la población aumentó las manifestaciones.
Por su parte, el síndico de la municipalidad indígena de Sololá, Edgar Benjamín Tuy, aseveró que existen 22 idiomas, por lo que necesitan trasladar la información de la resolución. “¿En qué consiste esa resolución de la CC? Porque ellos están usando el idioma oficial de este país, pero también la Constitución reconoce que hay diversidad de idiomas”, agregó, por ello, sostuvo que la CC debe tomar en cuenta que existen más idiomas antes de emitir cualquier resolución.
Mientras que Mercedes García, autoridad ancestral del pueblo mam, de San Marcos, pidió al PDH que se solicite a la CC la ampliación y la aclaración de la resolución para que sea traducida en los idiomas mayas, garífunas y xincas.
“Que no se les olvide que hay un término de 24 horas, porque no es posible que se dé la orden de ejecutoriedad sobre dicha resolución mientras nosotros no lo podamos entender en el idioma que no es el nuestro”, agregó García, basándose en la Ley de Idiomas Nacionales.
“Liberan” acceso al MP
Luego de los diálogos sostenido entre las diferentes dependencias estatales con los líderes ancestrales, el acceso a la sede del Ministerio Público fue “liberado” en cumplimento con la orden emanada por la CC.
Pero antes de dejar “libre” el paso, las autoridades en acompañamiento del PDH, llevaron a cabo una inspección en el lugar, mientras que los manifestantes retiraron las pancartas de la reja y fueron colocados en la calle y otros sectores frente al inmueble.
“Demostremos que tenemos educación, seamos la diferencia, seamos el porvenir de nuestra patria, para cambiar a esa gente debemos cambiar nosotros, la educación es la base fundamental de la diferencia entre ellos y nosotros”, dijo otro de los líderes indígenas.
Pidieron proteger los edificios públicos porque “venimos de una manera pacífica (…) nosotros vamos a hacer la diferencia con nuestros principios y valores”.
A las 20 horas fue liberado el carril derecho que conduce a la sede del MP, donde, se colocaron vallas para garantizar la transitabilidad de los trabajadores y guatemaltecos que lleguen al edificio, además cabe recalcar que estas fueron aseguradas con alambre de amarre para evitar ser movidas por los manifestantes u otras personas.
El edificio sigue al resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil, así como los manifestantes se encuentran a las afueras en espera de la renuncia de la Fiscal General, el Fiscal de la FECI, la Fiscal Regional y el juez Séptimo de instancia Penal.
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