La Fiscal General Consuelo Porras asegura que ciudadanos, a través de redes sociales, han pretendido transgredir la autonomía del Ministerio Público (MP).
José Racancoj/La Prensa de Occidente
La jefa del MP y Fiscal General presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, Napoleón Barriebtos, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano, para exigir que se garantice la independencia del MP.
En el amparo, la fiscal cuestiona las críticas que ha recibido en redes sociales y criminaliza a quienes desaprueba su gestión. Ademas, pide, de ser necesario, el uso de la fuerza para garantizar el orden durante alguna reunión o manifestación.
Porras señala que mediante redes sociales, específicamente X, antes conocida como Twitter, hay personas que pretenden limitar el ejercicio de la persecución penal y la autonomía del MP.
En el documento se incluyen nombres de personas que han cuestionado la gestión de Porras, así como capturas de pantalla de publicaciones.
Además, la Fiscal General aseguró que sus derechos serían vulnerados ante la manifestación prevista para este viernes frente a la sede del MP en la capital, en donde según el documento se trata de un acto ilegal de «encerrona», al rodear el inmueble y así privar de la locomoción, derecho a alimentación, entre otros, a los fiscales.
La jefa del MP afirma que la manifestación de este día, tiene por objetivo hacerlos «deponer por la fuerza».
Protección para Curruchiche y Monterroso
Porras también pidió protección para Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y la fiscal Cinthia Monterroso.
Además, pidió que se conmine al Procurador de los Derechos Humanos para que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dicten medidas cautelares a favor de su persona, así como de Curruchiche y Monterroso.
Actualmente los tres son parte de la Lista Engel, de actores corruptos, que difunde el gobierno de Estados Unidos.
Rechazan acción
Usuarios de redes sociales han señalado que existen cuentas de netcenter dedicadas a amenazar e infundir terror contra jueces, fiscales, periodistas y personas que luchan contra la corrupción, sin embargo, la Fiscal General no ha actuado en estos casos.
Otros han citado el artículo 35 de la Constitución de la República, que señala que es «libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna…»
«No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos».
