El sábado 2 de mayo, en uno de los salones del Centro Intercultural de Quetzaltenango, los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa presentaron su más reciente libro, Consuelo Porras, la fiscal de la impunidad. Al finalizar el acto, los asistentes conversaron sobre el futuro del sistema de justicia en Guatemala.
José Cancinos/laprensadeoccidente.com.gt
La actividad reunió a los periodistas de investigación Marvin del Cid y Sony Figueroa, junto a la politóloga Ana Braconnier y el investigador social Losh Lainez.
Tras la presentación formal del libro, los asistentes plantearon una pregunta central: ¿qué puede esperar Guatemala del próximo fiscal general?
Las respuestas coincidieron en que el problema supera nombres y períodos de gobierno. Según los panelistas, el verdadero desafío consiste en desmontar estructuras enquistadas en el aparato estatal y recuperar la credibilidad de una institución señalada de proteger la impunidad.
Poderes de facto
Braconnier afirmó que el principal reto del próximo jefe del Ministerio Público (MP) será enfrentar las redes informales de poder que operan “de facto” en Guatemala desde hace décadas. Aseguró que los cambios de gobierno o la sustitución de autoridades no bastan para transformar el sistema.
“Ganar unas elecciones no cambia el sistema”, afirmó.
Según la politóloga, el nuevo fiscal deberá actuar dentro de una compleja correlación de fuerzas políticas y económicas que históricamente condicionan el funcionamiento del Estado.
La académica también reflexionó sobre el poder y el género en Guatemala. Señaló que el caso de Consuelo Porras desmitificó la idea de que la llegada de mujeres a cargos de alto rango representa automáticamente avances democráticos o institucionales.
“En Guatemala operan más los techos de inmunidad que los techos de cristal”, expresó, al señalar que las estructuras de protección política y de intereses pueden imponerse incluso sobre las barreras tradicionales de género.
Como ejemplo, recordó que actualmente la Corte de Constitucionalidad cuenta con mayoría de magistradas titulares, lo que demuestra que la representación femenina no necesariamente transforma las dinámicas de poder.
TEMA DE INTERÉS
Permitieron el avance de la impunidad
Desde otra perspectiva, Lainez describió el momento político actual como “crítico”, especialmente porque el próximo 16 de mayo marcará el inicio de una nueva etapa dentro del MP.
Recordó que el actual gobierno asumió el poder con una promesa de combate a la corrupción e incluso creó una secretaría presidencial específica para ese tema. Sin embargo, aseguró que hasta diciembre de 2025 se habían documentado al menos 300 posibles actos de corrupción durante esta administración.
Para el investigador social, esto demuestra que la corrupción no depende únicamente de individuos, sino de mecanismos profundamente incrustados dentro del aparato estatal.
“El cambio de figuras no cambia automáticamente los engranajes”, sostuvo.
Laínez advirtió que una de las primeras pruebas para el nuevo fiscal general será reorganizar las líneas de mando dentro del MP y depurar estructuras internas que, según dijo, facilitaron el avance de la impunidad.
Regresar a Guatemala
En ese contexto, defendió el retorno de fiscales y operadores de justicia exiliados, muchos de los cuales —afirmó— perdieron sus carreras tras sufrir persecución o verse obligados a abandonar el país.
Además, insistió en reabrir el debate sobre una reforma integral al sistema de justicia y sobre el reconocimiento constitucional de las autoridades indígenas y la justicia maya.
En esa misma línea, recordó que, pese a desempeñar un papel clave en la resolución de conflictos comunitarios, el Estado guatemalteco todavía no reconoce plenamente a las alcaldías indígenas, una deuda histórica que arrastra décadas de discusión política desde las fallidas reformas constitucionales de 1999 y 2006.
Finalmente, advirtió que “el hecho de que haya nuevas autoridades no significa que la ciudadanía pueda sentarse a descansar”. “Tenemos que ser mucho más activos para proponer cómo debe funcionar un sistema de justicia que ha sido cooptado”, concluyó.
Acusaciones explosivas
Marvin del Cid lanzó las acusaciones más delicadas de la jornada.
El periodista sostuvo que el próximo fiscal general deberá ejecutar cambios inmediatos y profundos dentro del MP, comenzando por levantar reservas de información y remover a funcionarios señalados de proteger estructuras de impunidad.
Mencionó directamente al fiscal Rafael Curruchiche como uno de los funcionarios que, según afirmó, deberían salir del cargo de forma urgente.
Durante el conversatorio, Del Cid también aseguró que dentro del MP opera un “grupo paramilitar” vinculado a estructuras internas de seguridad, el cual —según dijo— la próxima administración deberá desmantelar.
Asimismo, pidió revisar el funcionamiento de la Unidad de Métodos Especiales y de la Dirección de Investigaciones Criminales, donde denunció presuntas prácticas ilegales, entre ellas escuchas telefónicas clandestinas.
“Ahí están pasando cosas muy turbias y raras”, afirmó.
El periodista también reveló información sobre fiscales que presuntamente buscaban sindicalizarse para evitar destituciones ante un eventual cambio de autoridades.
Como parte de las medidas urgentes, propuso designar fiscales especiales contra estructuras criminales y redes de corrupción, un mecanismo que, recordó, permite la legislación guatemalteca.
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