Diputados intentan aprobar amnistía y anular crímenes del conflicto armado interno, organizaciones se oponen.
Rita María Aguilar / La Prensa de Occidente
Con 95 votos a favor, el Congreso de la República aprobó en primera lectura el Acuerdo Legislativo 11-2023, el cual remite a la Corte de Constitucionalidad el dictamen de la iniciativa 6099, que lleva por nombre Ley para el Fortalecimiento de la Paz para el proceso consultivo correspondiente.
“Ustedes se dieron cuenta del debate en el hemiciclo y realmente es una propuesta lógica que había que respaldar definitivamente y esperaremos que la CC nos brinde una respuesta”, expresó Shirley Rivera, presidente del Legislativo, a los medios de comunicación.
¿De qué trata la iniciativa 6099?
La iniciativa 6099 intenta promover la amnistía para miembros del Ejército de Guatemala y de la guerrilla, por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, entre otras cosas.
En el artículo 1 de la moción indica que “se decreta la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena, por amnistía, absoluta e incluyente a favor de todas las personas que hayan incurrido por acción u omisión, en el ejercicio de sus cargos como miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado, y a los integrantes de grupos subversivos, en la supuesta comisión de delitos políticos y comunes conexos”.
Mientras que en el artículo 2 dice que “se prohíbe el juzgamiento por acciones u omisiones incurridas durante el enfrentamiento armado interno por miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado, así como a miembros de grupos insurgentes”. El artículo 3 reconoce el derecho de amnistía a los oficiales y demás cuerpos de seguridad del Estado.
También señala que el Ministerio Público deberá de dejar de ejercer acción penal de los procesos que se encuentren en investigación por hechos cometidos durante el conflicto armado interno; además, manifesta que el sobreseimiento, la desestimación y la libertad inmediata a favor de cualquier beneficiado es “inapelable”; y la ley tendrá efectos retroactivos cuando favorezcan al reo, procesado, acusado o condenado.
Firmas
La propuesta fue presentada el año pasado y entre los firmantes se encuentran Manuel Conde Orellana, Boris España Cáceres, Javier Hernández y José Alberto Sánchez Guzmán, diputado independiente.
https://laprensadeoccidente.com.gt/2023/09/27/instituto-sin-capacidad-para-cubrir-la-demanda-esto-es-lo-que-hacen/
