Legisladores solicitan a los altos funcionarios de Estados Unidos, sean utilizadas todas las herramientas disponibles, incluidas las sanciones financieras selectivas para el apoyo de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala.
Rita María Aguilar / laprensadeoccidente.com.gt
La Congresista de origen guatemalteco Norma Torres, junto a otro grupo de legisladores, solicitaron por medio de una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y a la secretaria del tesoro Jenet Yellen, sean usadas todas las herramientas, así como sanciones financieras selectivas, con el fin de apoyar el Estado de Derecho en Guatemala y la democracia.
La misiva enviada por la congresista señala que entre las penalizaciones que se tienen a los actores de corrupción en el país, las restricciones de visado no han llevado el cambio deseado en los comportamientos de los sancionados.
“Seguimos siguiendo de cerca los acontecimientos políticos en Guatemala y observamos con preocupación los persistentes intentos del Ministerio Público de socavar una transferencia democrática de poder, así como la falta de acciones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para frenar la injerencia electoral”, dice la carta.
Entre las medidas que piden los legisladores está el ampliar las sanciones selectivas en el país, incluso para las personas que ya están sujetas a las designaciones de la Sección 353. Establecer líneas diplomáticas rojas claras con respecto al proceso electoral, el cese inmediato de acoso e intimidación a funcionarios electorales, la interferencia inconstitucional de los procesos electorales, los ataques contra el partido Movimiento Semilla, así como garantías de la seguridad física del binomio presidencial electo.
Además la carta dice: “Aplaudimos el mensaje claro y público de la administración Biden en apoyo de la integridad electoral en Guatemala. Estamos agradecidos de ver el anuncio del 1 de octubre de la administración Biden en el que afirma que está «tomando activamente medidas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala». En total, la administración Biden ha colocado a 46 personas de Guatemala en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la Sección 353.5 Sin embargo, ¡solo seis guatemaltecos han sido sometidos a sanciones financieras selectivas! sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky”.
También señala que las sanciones se vean como un medio de cambio de comportamiento.
“Le damos las gracias por considerar nuestra carta y solicitamos respetuosamente una sesión informativa sobre la implementación de la Sección 353 y una respuesta por escrito a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los límites prácticos para imponer sanciones financieras más específicas en Centroamérica, incluida la capacidad del personal y las normas probatorias? Proporcione información sobre cuántos miembros del personal están abordando sanciones financieras para individuos y corporaciones en Guatemala dentro de los Departamentos del Tesoro y del Estado. ¿Cómo se compara este nivel de personal con el de otros países y regiones?”
El mensaje remarca sobre la importancia que cualquier viaje específico y sanciones financieras están relacionadas con objetivos políticos claros, proporcione información sobre los mecanismos actuales para garantizar la coordinación entre las diferentes agencias de los Estados Unidos involucradas en las políticas de sanciones, particularmente entre el Tesoro y el Estado, así como el Departamento de Justicia.
Dentro del documento se hace mención que “Si bien apoyamos la imposición de prohibiciones de visas adicionales contra actores que socavan el proceso democrático en Guatemala, observamos que las restricciones de visas son uno de los muchos instrumentos políticos disponibles para responsabilizar a los actores corruptos y antidemocráticos. Desafortunadamente, los esfuerzos actuales de la administración Biden no están conduciendo al cambio deseado en los comportamientos. Alentamos a la administración a ampliar el uso de autoridades de sanciones financieras selectivas, lo que probablemente tendría un efecto más productivo. Cuando se combinan, la amenaza y la imposición real de sanciones, así como los requisitos previos claramente expresados para el alivio de las sanciones, pueden aumentar el costo de abusos de derechos humanos y actos de corrupción y crear presión para un cambio de comportamiento positivo”, finaliza.
https://laprensadeoccidente.com.gt/2023/10/30/el-liderazgo-de-los-alcaldes-el-levantamiento-y-el-dialogo/
