Ayer, lunes 25 de agosto de 2025, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó a ocho exconcejales de la Municipalidad de Quetzaltenango (período 2012–2016) a tres años de prisión conmutable por incumplimiento de deberes.
José Cancinos / laprensadeoccidente.com.gt
En la condena a ocho exconcejales de la Municipalidad de Quetzaltenango, La judicatura también impuso inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cuatro años, de acuerdo con los fallos conocidos en sala.
Los sentenciados: Carlos Daniel Illescas, Jorge Raúl Rodríguez, Jorge Enrique Hoffens, Juan Carlos Morales, Mario Rodolfo Cantoral, Dora Pac Oroxom, Hamilton Pérez Hernández y Aníbal Gramajo Tucux, integraron el Concejo Municipal durante la administración del exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.
¿De qué se les acusó?
Según el tribunal, en 2014 el Concejo autorizó “mejoras” y el traslado de comerciantes a un complejo de 46 locales construido junto al Zoológico Minerva que colinda con el mercado Minerva, zona 3, sin detallar legalmente el alcance de esas obras ni quiénes podían ejecutarlas. Esa falta de precisión y sustento normativo configuró incumplimiento de deberes.
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Penas y alcances de la condena a ocho exconcejales de la Municipalidad de Quetzaltenango
- Prisión: 3 años conmutable (sustituible por multa, según lo que fije el tribunal en ejecución).
- Inhabilitación: 4 años para ocupar cargos públicos.
- Otros cargos: En los casos de Hamilton Pérez Hernández y Aníbal Gramajo Tucux, el Ministerio Público había planteado además abuso de autoridad, pero el tribunal no encontró prueba suficiente para condenarlos por ese delito.
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Contexto del caso
El origen del expediente se remonta a las decisiones del Concejo en 2014 para habilitar y ocupar los 46 locales comerciales en el entorno del Zoológico Minerva. Medios locales ya habían seguido este proceso desde que los exconcejales fueron llevados a juicio por estos hechos.
¿Por qué importa?
La sentencia establece un precedente de control de legalidad sobre las decisiones administrativas de los concejos municipales, especialmente cuando autorizan obras o “mejoras” imprecisas que afectan espacios públicos y la reubicación de comerciantes. Además, la inhabilitación tiene efectos inmediatos para cualquier aspiración a cargos públicos de los implicados durante el periodo fijado por el tribunal.
