La permanencia del rector de la Usac depende ahora del sistema de justicia, que sigue sin conocer los recursos legales y penales pendientes de resolver. Abogados concuerdan en que las decisiones se tomaron de manera política, no jurídica.
Pilar Rodríguez/ ojoconmipisto
A pesar de que Walter Mazariegos asumió la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el proceso judicial que cuestiona su elección continúa abierto. Su primer día de gestión estuvo lleno de violencia contra estudiantes y represión ante los manifestantes.
Según el abogado Aníbal García, constitucionalista y participante de denuncias en contra de la usurpación de la rectoría, existen 21 amparos pendientes de resolución y 17 denuncias penales relacionadas con el proceso electoral universitario.
Se pudo evitar
García afirmó que la toma de posesión pudo haberse evitado si las cortes hubieran resuelto con mayor celeridad los recursos que permanecían bajo su conocimiento.
«Tenían todo para resolver antes de la toma de posesión». Señaló también que tanto las Salas de Apelaciones como la Corte de Constitucionalidad (CC) contaban con los expedientes necesarios para pronunciarse antes de que Mazariegos asumiera el cargo.
El abogado explicó que varios de los amparos continúan su trámite en distintas Salas de lo Contencioso Administrativo. Si alguno es otorgado, la elección del rector podría quedar sin efecto.
En ese caso, corresponderá al Consejo Superior Universitario convocar a un nuevo proceso electoral para elegir rector, dijo. Además de los amparos, recordó que la CC mantiene recursos pendientes relacionados con la elección. García considera que la vía constitucional aún no está agotada.
Mariana Reyes, analista jurídica, voluntaria de BeJust y parte del departamento de Litigio de Palomo Abogados, considera que la toma de posesión de Mazariegos trasciende el desempeño de los tribunales. Evidencia una crisis del Estado de Derecho.
A su parecer, el caso refleja vulneraciones a principios básicos como la “legalidad, la juridicidad y la seguridad jurídica”: las reglas del juego, la ley y la certeza de que la justicia se aplicará. Obligan a los funcionarios públicos a actuar únicamente conforme a la ley y garantizan que las normas se apliquen de manera predecible e igualitaria.
«Vemos una fractura más evidente en el Estado de Guatemala y sus pilares, principios y leyes», afirmó.
Sin finiquito y con denuncias
García recordó que Mazariegos no cuenta con finiquito debido a reparos formulados por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Explicó que los reparos administrativos se deben solventar antes de emitir dicho documento. Cuando no sucede, pueden incluso dar lugar a denuncias penales.
Un sistema capturado
García cuestionó el actuar de las Salas de Apelaciones y de la CC. Consideró que las resoluciones emitidas durante el proceso evidencian una falta de independencia judicial.
De acuerdo con el abogado, las decisiones de los tribunales han impedido que las controversias sobre la elección del rector se resuelvan exclusivamente con criterios jurídicos. Prevé que los sectores que se oponen a la elección de Mazariegos mantendrán las acciones legales y la organización dentro de la universidad.
Reyes también cuestionó el desempeño del sistema de justicia. Señaló que algunos juzgados de primera instancia sí otorgaron amparos al considerar que existían violaciones a derechos constitucionales, mientras que las Salas de Apelaciones rechazaron recursos pese a que, en su opinión, existían criterios constitucionales suficientes para concederlos.
Respecto a la CC, sostuvo que el tribunal «se lavó las manos» al declarar la falta de materia una vez consumada la toma de posesión. «Administrativa y constitucionalmente hay un fracaso del Estado en preservar y proteger los derechos de los guatemaltecos», dijo.
Reyes también cree que en instancias nacionales, queda ver cómo actúa el MP. “La CC también debería hacer el análisis respectivo, pero siendo realistas ahora sólo queda el MP”, analizó.
Sin embargo, ve un problema en el proceso de las denuncias: aunque el MP investigue y acuse, el Organismo Judicial será el encargado de resolver. “No solo tenemos una mora judicial impresionante, sino que además los expedientes pueden tener muchas variables que no nos aseguran un resultado pronto, ni positivo”, acusó.
Finalizó con una alternativa: pensar en las acciones que se están presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo futuro es incierto.
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