El presidente Bernardo Arévalo tendrá ahora en sus manos dos decretos para reducir el precio de los combustibles, pero no deberá decidirlos hoy. El Decreto 21-2026 remitido al Ejecutivo este jueves 24 de septiembre, mientras que el Decreto 22-2026 está previsto para ser enviado este viernes 25, después de las 16:30 horas.
Redacción | laprensadeoccidente.com.gt
El presidente Bernardo Arévalo tendrá ahora una decisión sobre su escritorio que impactará directamente el precio de los combustibles en Guatemala.
El Congreso aprobó dos mecanismos distintos para intentar reducir el costo de la gasolina y el diésel. Ahora corresponde al Organismo Ejecutivo completar el trámite y decidir si sanciona, veta o actúa conforme a las opciones que permite la Constitución.
Este jueves, el Congreso improbó las objeciones presentadas por el diputado Allan Rodríguez contra el Decreto 21-2026. Con 58 votos, el pleno rechazó las objeciones y abrió el camino para que la normativa sea remitida al Ejecutivo.
A partir de que reciba cada decreto, el mandatario tendrá hasta 10 días para sancionarlo o vetarlo, según el procedimiento establecido en la Constitución.
Un fondo de Q2 mil 500 millones
El Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, establece precios máximos de Q39 por galón para el diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.
La medida contempla hasta Q2 mil 500 millones para financiar el mecanismo. El Ministerio de Finanzas podrá hacer readecuaciones presupuestarias e incrementar el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para atender el apoyo temporal.
El esquema busca que, cuando el precio de mercado supere los valores establecidos, la diferencia pueda cubrirse mediante recursos públicos. La vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
La otra vía: quitar dos impuestos
El segundo mecanismo está contenido en el Decreto 22-2026, aprobado por el Congreso el pasado martes con 148 votos.
Esta normativa establece una exención temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) para la gasolina regular, gasolina superior y diésel.
La exención estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Después, los combustibles volverán a estar sujetos a las tarifas ordinarias de esos impuestos. El decreto también establece que la reducción tributaria debe reflejarse en el precio que paga el consumidor.
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Dos leyes, una decisión
Con ambos mecanismos en trámite, el Ejecutivo tendrá que definir cómo proceder.
El Decreto 21-2026 utiliza recursos públicos para establecer precios máximos. El Decreto 22-2026, en cambio, busca reducir el precio mediante la suspensión temporal de dos impuestos.
El escenario también plantea interrogantes sobre la aplicación simultánea de ambas medidas. Si las dos entraran en vigor, el Gobierno tendría que establecer cómo funcionaría cada mecanismo y cómo evitaría una duplicidad en los beneficios.
Por ahora, el Congreso informó que el Decreto 21-2026 será enviado al Ejecutivo este jueves. En el caso del Decreto 22-2026, la Junta Directiva prevé remitirlo este viernes, después de concluir el período para presentar objeciones.
La decisión final pondrá nuevamente al Gobierno frente a una de las principales demandas económicas de las últimas semanas: reducir el impacto que el aumento de los combustibles tiene sobre los hogares, el transporte y los costos de producción.
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