Tras el asesinato de David García, concejal de Quetzaltenango, el Ministerio Público mantiene el caso bajo reserva sin reportar capturas a la fecha.
Redacción | laprensadeoccidente.com.gt
A pesar del tiempo transcurrido desde el suceso, el asesinato de David García Camacho continúa proyectando una sombra de incertidumbre sobre la administración municipal de Quetzaltenango. El 6 de noviembre de 2024, la estructura política del municipio sufrió un golpe directo tras el ataque armado contra el concejal titular cuarto, de 57 años. García Camacho era considerado la pieza clave y mano derecha del alcalde Juan Fernando López Fuentes, desempeñando un rol neurálgico en las decisiones territoriales y presupuestarias del Concejo Municipal para el período 2024-2028.
La trayectoria pública del funcionario se cimentó durante más de 15 años en la organización comunitaria. Su base de apoyo electoral emergió de la comunidad de Pacajá, en la zona 10. Antes de llegar al Concejo, fue coordinador del Cocode en 2010, alcalde comunitario en 2014 y presidente de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios (Coalco) en 2016. Su salto a la política institucional ocurrió en 2019 con el Partido Humanista (PH), logrando su reelección en 2023. Al momento de su muerte, presidía comisiones sensibles como Fortalecimiento Municipal, Drenajes, Abastos y Mercados, percibiendo en septiembre de 2024 la suma de Q21,847.16 en concepto de dietas.
Detalles forenses y reconstrucción del atentado armado
El asesinato de David García se perpetró aproximadamente a las 19:00 horas del miércoles 6 de noviembre de 2024. Tras participar en un acto oficial en el Palacio Municipal, el concejal se conducía en su pickup hacia su vivienda en la zona 10. La emboscada ocurrió en la diagonal 12, entre 5.ª y 6.ª calles de la zona 1, en pleno Centro Histórico y a solo 100 metros de la sede departamental del Ministerio Público (MP). A pesar de la importancia del sector, la falta de alumbrado público funcional convirtió el lugar en un punto de vulnerabilidad táctica.
El análisis forense del Inacif determinó que el funcionario falleció de forma instantánea debido a una perforación cardíaca provocada por un único proyectil de arma de fuego con trayectoria hacia la cavidad torácica. La escena reveló que el ataque fue ejecutado por profesionales: el vehículo quedó alineado en su carril con el pie de la víctima aún sobre el freno, sugiriendo que el agresor pudo ser alguien conocido o que forzó la detención del pickup de forma deliberada.
Hipótesis sobre móviles políticos y financieros
Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público sugieren que el asesinato de David García fue una ejecución planificada. La fiscalía maneja dos hipótesis principales. La primera vincula el crimen a conflictos derivados de su gestión en la comisión de Abastos y Mercados durante 2023, donde sus decisiones sobre el ordenamiento de puestos y licencias comerciales generaron fricciones severas con grupos de comerciantes informales.
La segunda línea de investigación se orienta hacia presuntos desmanejos financieros y deudas del ámbito privado. Informes policiales mencionan posibles quiebres con socios o acreedores que habrían proferido amenazas previas. Durante las diligencias nocturnas, los fiscales secuestraron carpetas de documentos y dinero en efectivo que se encontraban dentro del habitáculo del vehículo, elementos que refuerzan la teoría de una disputa por compromisos monetarios no resueltos.
Manejo presupuestario y fiscalización de Xelafer
Un factor crítico en el expediente es la alta concentración de recursos públicos que García Camacho administraba como presidente de las comisiones festivas. En la edición de Xelafer 2023, gestionó directamente Q1,050,000 de un presupuesto total de Q3,835,000. A esto se sumaron Q1,412,500 destinados a la conmemoración de los 500 años de la ciudad, incluyendo ingresos por monedas conmemorativas.
Para el año 2024, el techo presupuestario de la feria ascendió a Q5,375,000, de los cuales el concejal administró Q2,115,000. Entre junio y noviembre de ese año, el funcionario acumuló la gestión de Q3,375,000 destinados a actividades comerciales y festivas. Esta discrecionalidad en el manejo de fondos públicos y la regulación de espacios comerciales son señaladas como potenciales detonantes de la violencia letal que segó su vida.
Reserva judicial y estado de impunidad en el caso
A pesar de la magnitud del crimen, el proceso penal enfrenta un escenario de paralización. En febrero de 2025, la fiscal regional Miriam Barrios confirmó que las líneas de investigación siguen abiertas, pero el órgano jurisdiccional decretó reserva judicial sobre el expediente. Esta medida ha cerrado el acceso a informes periciales y detenido la divulgación de avances a la opinión pública, mientras que las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque se encontraban inoperativas al momento del suceso.
A la fecha, el Ministerio Público no reporta capturas ni la identificación de los autores intelectuales del asesinato de David García. El hermetismo institucional de la fiscalía departamental en Quetzaltenango y la falta de resultados concretos mantienen el caso en una dinámica de impunidad, evidenciando las limitaciones del sistema de justicia para resolver crímenes de alto impacto político en el occidente del país.
