El diputado Byron Rodríguez por Quetzaltenango, presentó ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que busca exonerar temporalmente los impuestos a los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto del alza internacional del petróleo en la economía de los hogares.

Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
La propuesta, denominada “Ley Temporal de Exención Tributaria a los Combustibles para Mitigar el Impacto Económico del Alza Internacional de los Hidrocarburos”, plantea eliminar por un período de tres meses el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la gasolina superior, regular y diésel.
Buscan aliviar presión económica
De acuerdo con el legislador, el incremento en los precios internacionales del petróleo ha generado un efecto en cadena que impacta directamente el costo de vida. Esto se refleja en el aumento del transporte, la producción agrícola, la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad.
“Los combustibles afectan toda la economía. Cuando sube la gasolina, aumentan los costos en distintos sectores y se golpea el bolsillo de las familias”, afirmó Rodríguez. En ese sentido, indicó que la iniciativa pretende ofrecer un alivio inmediato mientras se estabilizan los precios en el mercado internacional.

Controles para garantizar reducción de precios
Asimismo, la propuesta contempla mecanismos de control y fiscalización a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y el Ministerio de Economía de Guatemala. El objetivo es asegurar que el beneficio fiscal se traduzca en una reducción real para el consumidor final.
Además, se establece que las estaciones de servicio deberán publicar sus precios antes y durante la vigencia de la medida, con el fin de garantizar transparencia y evitar prácticas abusivas en el mercado.

Medida temporal y de emergencia
El diputado subrayó que se trata de una medida temporal orientada a proteger el poder adquisitivo de la población y a respaldar sectores clave como el transporte, el comercio y la agricultura.
Finalmente, la iniciativa será conocida en el pleno del Congreso de la República de Guatemala, donde deberá ser discutida y eventualmente aprobada para su entrada en vigencia.
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