El diputado Byron Rodríguez llamó al viceministro de Transporte, Fernando Suriano, y al director de Aeronáutica Civil, el piloto aviador, Tomás Aldecoa, a una citación en el Congreso al Congreso de la República.
Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
La reunión fue para aclarar el avance del proyecto de internacionalización del Aeródromo de Los Altos y la solicitud del alcalde Juan López al presidente Bernardo Arévalo para que la Municipalidad de Quetzaltenango asuma la administración del aeródromo
La reunión contó con la participación de Erick Tijerino, representante de Planificando Xela, organización que aporta los estudios técnicos necesarios para la certificación. Además, el encuentro legislativo de este martes escaló rápidamente hasta convertirse en un espacio de confrontación entre criterios técnicos, legales y políticos, impulsado por la alta expectativa que genera el proyecto en la región.
En ese contexto, Rodríguez aseguró que la solicitud de la comuna no solo carece de fundamento jurídico, sino que también representa un riesgo para la seguridad aérea y para la institucionalidad del país.
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“Si los aeropuertos dependieran de alcaldes, narcoalcaldes podrían administrarlos”
Durante su intervención, el diputado lanzó declaraciones contundentes que marcaron el tono de la sesión. Advirtió que permitir que una municipalidad administre un aeropuerto abriría la puerta a que estructuras criminales, vinculadas al narcotráfico, accedan al control de instalaciones aeronáuticas en distintos puntos de Guatemala.
“Están pidiéndole al Presidente que les entregue la administración del aeropuerto. Eso es una medida populista y fuera de contexto. Si las municipalidades administraran aeropuertos, entonces narcoalcaldes, alcaldes ligados al narcotráfico, lavadores de dinero y constructoras corruptas podrían manejar aeropuertos en el país. Eso jamás lo permitirían autoridades como el FBI o la DEA”, afirmó Rodríguez.
El legislador afirmó que la petición evidencia una falta de asesoría técnica en la Municipalidad de Quetzaltenango y recordó que la ley es clara: ninguna municipalidad puede coordinar un aeropuerto.“Ni aquí ni en ningún país del mundo un alcalde puede manejar un aeropuerto. La autonomía municipal no llega a eso. Quien diga lo contrario engaña a la población”, agregó.
Rodríguez también criticó que los asesores municipales —“a quienes se les paga más de Q65 mil mensuales”— no hayan advertido al alcalde sobre la improcedencia legal del planteamiento.
“El ministerio sí ha avanzado”
El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, respondió a la polémica y explicó que el aeródromo de Quetzaltenango aún no cumple las condiciones técnicas ni legales para considerarlo internacional. Añadió que el Ministerio ya trabaja en una ruta que cumple los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
“En la primera citación explicamos una mala noticia, pero necesaria: el aeropuerto de Quetzaltenango no es internacional. No cumple los requisitos técnicos mínimos. A partir de eso diseñamos la ruta para convertirlo en uno, pero esa ruta se basa en técnica, no en política.”
«Si el territorio no entiende que, esto es técnico y no político, Quetzaltenango será el sacrificado»
Suriano señaló que la municipalidad cita leyes sin relación con la administración aeroportuaria, como el Código Municipal y el artículo 25 de la Ley de Aeronáutica Civil. “Hoy me entero oficialmente de esta solicitud. Citaban leyes que no tienen vínculo con el aeródromo. Claro que Aeronáutica Civil debe responder, pero lo hará dentro del marco jurídico.”
El viceministro insistió en que, si el proceso se politiza, la población será la principal afectada: “Si el territorio no entiende que, esto es técnico y no político, Quetzaltenango será el sacrificado. Ninguna autoridad internacional certificará algo que no se ajuste a la norma.”
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Solo Aeronáutica Civil puede certificar aeropuertos
Suriano recordó que, según la legislación nacional e internacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la única entidad autorizada para certificar, administrar y coordinar aeródromos en Guatemala.
“El único representante internacional en temas de aviación es el Estado de Guatemala a través de la DGAC, no una municipalidad ni terceros. Si me pidieran autorizar algo que la ley no permite, simplemente no podría hacerlo.”
Q40 millones para iniciar obras en 2026
Finalmente, Suriano confirmó que el Ministerio de Comunicaciones solicitó Q40 millones en el proyecto de presupuesto nacional, monto mínimo para iniciar obras prioritarias:
- Ampliación de la terminal
- Estación de bomberos aeronáuticos
- Mejoras en seguridad operativa
- Preparaciones para la torre de control
- Infraestructura vial interna
Sin embargo, advirtió que sin financiamiento aprobado y sin apoyo político interinstitucional, el proyecto no avanzará.
