En conferencia de prensa este martes en Quetzaltenango, el Consejo del Pueblo Maya (CPO) denunció el uso reiterativo del sistema de justicia guatemalteco para criminalizar y perseguir penalmente a autoridades indígenas y líderes comunitarios.
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
Margarita Díaz, representante Maya Popti’ e integrante del CPO, expresó con firmeza: “Rechazamos rotundamente toda forma de criminalización, persecución penal e intimidación en nuestra contra y exigimos la libertad inmediata de líderes y lideresas indígenas injustamente procesados o encarcelados”.
Díaz acusó al aparato judicial de actuar en favor de intereses económicos y políticos que atentan contra la vida y el territorio de los pueblos indígenas.
Además denunció el uso reiterativo del sistema de justicia como herramienta para intimidar, criminalizar y perseguir penalmente a autoridades indígenas y líderes comunitarios que defienden los derechos colectivos de sus pueblos y periodistas.
Uno de los casos recientes que evidencia esta situación, según el CPO, es el de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, miembros de la directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, quienes fueron detenidos el pasado 23 de abril y procesados inicialmente por terrorismo y obstaculización a la acción penal. Posteriormente, el 10 de junio, la Sala Cuarta de Apelaciones añadió el delito de asociación ilícita tras una apelación del Ministerio Público.
PUEDE INTERESARLE
Apellidos mayas una muestra de resistencia al sistema colonial
Ambos líderes participaron en el paro nacional indefinido iniciado el 2 de octubre de 2023, en defensa de los resultados electorales y contra los intentos del Ministerio Público de revertirlos.
Vidal Chávez, alcalde indígena de Chajul, Quiché, denunció que la criminalización responde a un acuerdo entre el Estado y empresas extractivas: “Es un patrón estructural que busca silenciar nuestras voces que se oponen a megaproyectos extractivos y la defensa de nuestros bienes comunes”, señaló.
El CPO exigió respeto al derecho de organización y libre determinación de los pueblos indígenas, así como la investigación y sanción de los funcionarios y actores responsables de promover la criminalización.
Organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado este año sobre la criminalización sistemática contra pueblos indígenas en Guatemala, así como la falta de independencia judicial como uno de los principales problemas estructurales del país.
PUEDE INTERESARLE
Pueblos originarios celebran el Waqxaqib’ B’atz, el Año Nuevo maya
