Colectivos ciudadanos se pronuncian por la persecución del Ministerio Público a mujeres que trabajaron contra la corrupción.
Redacción/ La Prensa de Occidente
Virginia Laparra fue detenida cuando salía de la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en la zona 7 de Xela
Desde el 23 de febrero, se inició un proceso en su contra por una denuncia que fue retomada por la Fundación contra el Terrorismo.
Laparra esperó más de una semana para ser escuchada en primera declaración cuando la ley especifica que deben ser a las siguientes 12 horas después de su captura. En seis ocasiones se suspendió la audiencia y mientras tanto la mantuvieron en prisión.
El 3 de marzo fue ligada a proceso penal por los delitos de Abuso de autoridad y Usurpación de funciones y el encargado del juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal en Guatemala, decidió enviarla a prisión preventiva en Mariscal Zabala, mientras avanzan las investigaciones del caso.
Ante este hecho que se suma a la detención de otras trabajadoras de la Feci y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la población se manifestó en contra de los hechos. A través de las redes sociales demostraron su apoyo a las fiscales, incluyendo a Laparra. Luego se realizaron manifestaciones ciudadanas para respaldar el trabajo que realizaron.
Cooptación
Pilar Bagur, integrantes del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y del Bloque de mujeres Feministas, mencionó que estos hechos solo dejan en evidencia que el Ministerio Público está cooptado porque están criminalizando su trabajo. “Es preocupante esta situación porque las mujeres, desde su trabajo, lo están haciendo bien y son justas, pero las criminalizan. Es un mensaje del Gobierno, que no quiere mujeres que trabajan por la justicia”, explicó.
El Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango en conjunto con personas cercanas a Laparra mostraron su apoyo y solidaridad para la fiscal quetzalteca. Con mantas en las columnas del edificio de la Municipalidad, reclamaron que las detenciones son una forma de mostrar que entidades oscuras tienen más control dentro del Ministerio Público.
Claudia Lepe, integrante del colectivo, aseguró que con estas acciones se deja en evidencia que las juezas y fiscales están siendo perseguidas por querer trabajar por un país diferente. “Es un desgobierno, con un Estado fallido y por lo tanto estamos de luto. No vemos un ente de justicia, nos hablan del proceso de denuncia, pero de estas cuántas realmente están atendiendo”, dijo Lepe.
La abogada Laparra mencionó en una de sus audiencias que la ciudadanía no debe perder la esperanza por la justicia y que a pesar de que ella está siendo criminalizada por denunciar a un juez. Aseguró que este proceso es un acto de venganza.
El abogado Elías Cerna mencionó que con estos dos delitos podría tener libertad a través de una medida sustitutiva, pero es ahí donde se identifica que hay una manipulación en el sector justicia; pues, recalca que existen casos de funcionarios que por lavado de dinero y otros delitos más graves han mantenido su libertad.
