Un caso marcado por presunto abuso de autoridad y la desaparición de un millón de quetzales ha salido a la luz en Quetzaltenango, donde cinco agentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron ligados a proceso penal.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron el lunes 23 de marzo de 2026, alrededor de las 9:35 horas, cuando los agentes interceptaron un vehículo en la zona 9 que transportaba una fuerte suma de dinero en efectivo.
De acuerdo con las pesquisas, el procedimiento no habría sido un operativo legítimo, sino una acción coordinada para despojar a las víctimas del dinero. Mientras los ocupantes del vehículo eran retenidos por los policías, al lugar llegó un picop sin placas con varios individuos, algunos con vestimenta similar a la policial.
Los desconocidos se llevaron el vehículo junto con las víctimas hacia un terreno en la zona 10, donde fueron inmovilizadas y posteriormente abandonadas. Tras ello, los implicados huyeron con un botín de un millón de quetzales.
Señalamientos contra los agentes
El MP identificó a los cinco agentes presuntamente involucrados y detalló su posible participación en el hecho:
- Eric Jonathan Monzón Monzón: señalado como pieza clave, habría ordenado detener el vehículo utilizando una patrulla con numeración alterada. Además, desarmó a una de las víctimas para facilitar el robo.
- Jacqueline Yanira Velásquez Gómez: presuntamente permitió que terceros registraran el vehículo y a sus ocupantes, contribuyendo directamente al despojo.
- Fernando Vicente Guzmán Pérez: conducía la unidad policial y habría colaborado en la detención inicial.
- Bayron Edilson Pérez Aguilón: acusado de asegurar la escena y facilitar el acceso al dinero.
- Sindulfo Francisco Machal Guzmán: identificado como actor material, habría conducido el vehículo de las víctimas hasta la zona 10, donde las abandonaron tras inmovilizarlas.
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Cómo ocurrió el robo
La investigación detalla que las víctimas transportaban el dinero, propiedad de una empresa financiera, luego de retirarlo de una agencia bancaria en la zona 1.
El Ministerio Público sostiene que la participación de los agentes permitió concretar el robo, por lo que los acusa de robo agravado y abuso de autoridad. Actualmente, los señalados cumplen arresto domiciliario mientras el proceso judicial avanza.
Las autoridades mantienen el caso en investigación, mientras crece la preocupación entre la población, ya que agentes encargados de la seguridad pública ahora enfrentan señalamientos por su presunta implicación en un hecho delictivo.
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