“Periodismo bajo asedio, 10 años de violencia y criminalización en Guatemala”, fue la investigación que presentó el periódico digital Plaza Pública, la noche del miércoles 18 de junio, a periodistas y defensores de derechos humanos de la región del occidente.
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
Entre 2015 y 2024, ejercer el periodismo en Guatemala implicó sobrevivir a la precariedad laboral, enfrentar amenazas constantes y, en el caso de las mujeres periodistas, lidiar además con violencia de género.
Informar desde territorios fuera de la capital implicó una doble lucha: narrar lo que ocurre y lograr que estas voces sean escuchadas desde regiones históricamente relegadas, es la principal conclusión a la que llegó la investigación de Plaza Pública.
Jhony Anona, periodista que realizó la investigación, expuso que el objetivo fue compilar casos de agresiones y persecuciones judiciales a periodista y evidenciar de qué forma se ha está agrediendo a la prensa y las nuevas formas de silenciar a periodistas en diferentes partes del país.
Otros hallazgos es que hay mucha precariedad en el gremio periodístico, la criminalización y agresiones vienen principalmente del Estado y en muchas comunidades trabajar en medios no tradicionales y ser mujer es algo que “pesa” dentro de la profesión, reveló Anona.
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“Pese a que hay mucha agresión y persecución a la prensa para callarla, los periodistas no están dispuestos a ceder tan fácilmente y eso se evidencia con el tipo de investigaciones que están haciendo, a pesar del miedo que existe en publicar, seguimos investigando y seguimos publicando, es una señal buena de que estamos resistiendo a todos los embates que están llevando contra la prensa”, concluyó Anona.
Wolfan Ochaeta, coordinador de Plaza Pública, informó que en esta investigación también se documentó la criminalización de periodistas y se sopesó cuál fue la óptica de defensa del ejercicio periodístico desde las instituciones de justicia y el resultado es que ahora se cuenta con una base de datos de 64 casos de criminalización de periodistas y 342 agresiones contra periodistas.
“Entre las cosas interesantes que pudimos encontrar es que hay mecanismos establecidos para la censura de periodistas, y no investigar las agresiones contra los periodistas desde el Ministerio Público”, lamentó Ochaeta.
“El llamado es a periodistas y defensores de derechos humanos, que si bien, tenemos desconfianza en las instituciones de justicia, pongamos la denuncia porque es importante el registro, porque también es importante mostrarle a la sociedad que el periodismo importa, que es un ejercicio de formación de la de la cultura política de la ciudadanía. Sin información del periodismo la ciudadanía no puede tomar las decisiones importantes en el caso que le compete”, finalizó Ochaeta.
