La postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) provocó un amplio rechazo de organizaciones sociales, sectores académicos y actores de la comunidad internacional.
José Cancinos / laprensadeoccidente.com.gt
Diversos sectores advierten riesgos graves para la democracia, el Estado de derecho y la legitimidad del sistema de justicia en Guatemala. Las críticas se centran tanto en el perfil de la funcionaria como en el órgano que impulsa su candidatura: el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuya integración varios sectores califican como ilegítima.
“Ni corruptos, ni antidemocráticos”
A través de un comunicado titulado “Ni corruptos ni antidemocráticos en la CC y el TSE”, la Asamblea de Organizaciones Sociales —un espacio plural articulado desde 2025 para defender la justicia, la democracia y los derechos humanos— denunció una serie de maniobras que calificó como “ilegales e ilegítimas” dentro del proceso de elecciones de segundo grado.
Según el pronunciamiento, estas acciones buscan favorecer a personajes vinculados a redes de corrupción y estructuras del crimen organizado que, aseguran, cooptaron el sistema de justicia e impidieron la renovación de instituciones clave del país.
Uno de los señalamientos principales apunta directamente contra la candidatura de Consuelo Porras a la CC, impulsada por el CSU de la Usac.
Las organizaciones recuerdan que la actual integración del consejo universitario carece de legitimidad y destacan que existe una resolución vigente de la propia Corte de Constitucionalidad que ordena renovar los cargos vencidos. Mientras no cumplan esa orden, sostienen, el CSU no tiene facultad legítima para elegir magistradas y magistrados constitucionales.
El comunicado también señala que Porras protegió el régimen del rector Walter Mazariegos y promovió la criminalización de estudiantes universitarios que denunciaron el presunto fraude que lo llevó a la rectoría de la Usac.
Para las organizaciones, estos antecedentes incrementan las dudas sobre su idoneidad e independencia para integrar el máximo tribunal constitucional del país.
CSU sin cumplir con la ley
Las críticas también surgieron fuera del ámbito nacional. La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala manifestó públicamente su preocupación por la postulación de Porras.
En su pronunciamiento, la Misión recordó que la Corte de Constitucionalidad garantiza el orden constitucional y el Estado de derecho, por lo que los órganos electores deben integrar sus estructuras conforme a la ley, aplicar procedimientos transparentes y utilizar criterios objetivos que fortalezcan su legitimidad.
La OEA subrayó que el CSU no cumplió con la orden de la CC de renovar su integración, lo que coloca cualquier designación dentro de un escenario cuestionado, susceptible de impugnaciones y generador de nuevas tensiones constitucionales.
“La regularización y renovación oportuna del CSU de la Usac resulta indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC”, reiteró la Misión.
En el centro del debate también figuran los criterios de idoneidad, probidad e independencia que deben regir la designación de magistradas y magistrados constitucionales. La Misión de la OEA enfatizó que estos procesos deben incluir evaluaciones públicas, objetivas y transparentes de las trayectorias y antecedentes de las personas postuladas, especialmente cuando enfrentan cuestionamientos.
Preocupación internacional
En ese contexto, la OEA recordó que en diciembre de 2023 sus Estados miembros expresaron “grave preocupación” por las acciones del Ministerio Público bajo el liderazgo de Consuelo Porras, al considerar que atentaban contra el orden democrático.
A estos pronunciamientos se suman los emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales especializadas.
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Estas instancias documentaron que durante la gestión de Porras se consolidó un patrón de criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas mediante procesos penales cuestionados, hostigamiento sistemático y exilio forzado.
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados incluso habló de una “política de criminalización” que derivó en decenas de procesos penales y en la salida forzada del país de más de medio centenar de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y líderes sociales.
Para la Misión de la OEA, estos antecedentes no pueden ignorarse. En un documento oficial, señaló que distintos actores nacionales e internacionales han acusado a la actual fiscal general de presunta obstrucción de investigaciones de corrupción y de socavar la democracia y el Estado de derecho.
Aunque la OEA aclaró que no prejuzga la candidatura de Porras, exigió someter su postulación a un escrutinio “excepcionalmente riguroso”, debido a que el Consejo Permanente de ese organismo condenó enérgicamente el ejercicio de su autoridad por considerar que incurrió en abuso de poder.
Llamado a la transparencia
Las organizaciones sociales también dirigieron un llamado directo a la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargada de integrar la nómina de 20 aspirantes.
Le exigieron actuar con transparencia y responsabilidad, además de valorar las tachas presentadas por la sociedad civil contra aspirantes que, según afirman, carecen de idoneidad, favorecieron a grupos antidemocráticos o mantienen vínculos con actores corruptos y estructuras del crimen organizado.
Convocatoria al pueblo de Guatemala
Finalmente, el pronunciamiento convoca al pueblo de Guatemala a informarse y solicita a la comunidad internacional acompañar de cerca estos procesos para denunciar y rechazar cualquier arbitrariedad. También exhorta a profesionales “dignos” del país a postularse para los cargos en disputa, como una vía para recuperar la legitimidad institucional y fortalecer la democracia.
En medio de un proceso de elecciones de segundo grado marcado por la desconfianza y la polarización, la postulación de Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad se convirtió en un nuevo punto de tensión que coloca en el centro del debate la independencia judicial, la legalidad de los órganos electores y el futuro del Estado de derecho en Guatemala.
